Hace 16 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia condenatoria en el caso de Rosenado Radilla Pachecho, víctima de desaparición forzada por elementos del Ejército Mexicano en 1974. Este miércoles, en conmemoración, especialistas, víctimas y organizaciones llamaron a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a darle cumplimiento.
Además de ser un ejercicio de memoria, el encuentro recordó que, pese al tiempo transcurrido, la verdad, la justicia y la apertura de archivos militares son deudas vigentes del Estado mexicano.
Durante el encuentro se recordó que la desaparición forzada de Radilla Pacheco no fue única, sino que formó parte de un plan de contrainsurgencia y represión social durante los años 60, 70 y 80 en nuestro país.
El coordinador de derechos humanos del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Humberto Guerrero, resaltó que el fallo de 2009 transformó el sistema jurídico nacional, pues la sentencia obligó a México a reconocer el control de convencionalidad, modificar la Constitución y replantear el papel del Poder Judicial.
Sin embargo, indicó que se habla muy poco del impacto real en las víctimas y advirtió que la deuda con las familias persiste, pues las investigaciones siguen sin incorporar el análisis de contexto y los patrones de violencia estatal, tal como ordenó la Corte Interamericana.
Familiares de víctimas esperan que la Suprema Corte “actúe a la altura”
La historiadora y abogada Alicia de los Ríos Merino, hija buscadora de Alicia de los Ríos, integrante desaparecida de la Liga Comunista 23 de septiembre Chihuahuense, señaló que el motor detrás de la búsqueda de la verdad es el amor por las víctimas y la hermandad que surge entre personas buscadoras.
“La memoria no puede construirse sin justicia. No aceptemos lugares de memoria si no hay verdad ni responsables”, subrayó.
Asimismo, recordó la importancia que posee el cuartel de Atoyac, Guerrero, en las investigaciones de la contrainsurgencia de la región, al ser el epicentro de las desapariciones durante tres décadas.
Ríos Merino recordó que la sentencia del caso Radilla permitió que los expedientes de la Guerra Sucia fueran finalmente nombrados como desaparición forzada y señaló que todos los involucrados en la búsqueda de la verdad y la reparación se encuentran expectantes de la actuación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Ojalá que la Suprema Corte actúe a la altura con las comunidades victimales de diferentes tiempos, porque esta sentencia al revisarse y al darse luz verde de que sea aplicable, podría darnos celeridad a los diferentes litigios que tenemos hasta el día de hoy”
Nueva Corte tiene en sus manos demostrar que la transformación es profunda
En un ejercicio de colaboración entre organizaciones y familiares de víctimas de América Latina, el investigador guatemalteco Paulo Estrada, hijo y sobrino de dos desaparecidos, compartió la experiencia de su país en la judicialización de crímenes de lesa humanidad y reiteró que la verdad depende de las víctimas.
“Los perpetradores no hablarán. Pero los archivos, los patrones y los sobrevivientes permiten reconstruir lo ocurrido”, aseguró.
Además, recalcó que México puede aprender del caso guatemalteco, donde varios exmilitares han sido procesados por genocidio y desaparición forzada.
Finalmente, el Centro Fundar señaló que en el contexto de un caso que lleva esperando más de 50 años por la verdad y la justica, la impugnación de las autoridades es en sí misma una medida que perpetúa la impunidad y prolonga la zozobra y sufrimiento de las y los familiares del señor Rosendo.
Al resolver este caso, señalan, la nueva Suprema Corte tiene la oportunidad de demostrar que la transformación de la justicia es profunda, y que es posible romper el pacto de impunidad que ha blindado al poder militar por más de 5 décadas.
“La lucha es por los de ayer, los de hoy y los de mañana, porque desafortunadamente estos hechos no han parado. Las omisiones y negligencias en las investigaciones de desapariciones forzadas han perpetuado la impunidad”, denunció Tita Radilla esta.
Finalmente, se recordó que la impunidad militar no es un fenómeno exclusivo de México, ha sido un elemento común a los regímenes autoritarios y militares de la región latinoamericana.
En este sentido, diversas experiencias de la región demuestran la importancia de que los abusos militares sean llevados ante los tribunales como medida reparatoria para las víctimas y como medida de no repetición de este tipo de hechos.
