(23 de diciembre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado 16 de diciembre se cumplieron cinco años del homicidio de la defensora de derechos humanos, Marisela Escobedo. Como se recordará, la activista fue asesinada a las afueras del Palacio de Gobierno de Chihuahua, justo cuando había instalado un plantón para exigir justicia en el asesinato de su hija, Rubí Marisol Frayre.
A un lustro del crimen, diversas organizaciones -entre ellas el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm)- reprocharon que el asesinato de Marisela Escobedo se mantiene en la impunidad. Enfatizaron que el sujeto presentado por las autoridades chihuahuenses como el asesino, no fue el verdadero victimario de la activista, por lo que a cinco años el homicida se encuentra en libertad.
“Ante la presión nacional e internacional, las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, como el autor material del homicidio. No obstante, la familia y principalmente el hermano de Marisela -quien le vio el rostro al asesino-, desmintió la participación de éste en el crimen. Cabe recordar que cuatro años después, de manera por demás sospechosa, El Wicked fue asesinado en la cárcel, cerrándose así el caso y la posibilidad de conocer la verdad”, expusieron.
Las organizaciones recordaron que aquel 16 de diciembre de 2010, la defensora intentó refugiarse en el Palacio de Gobierno al ver el ataque en su contra. Sin embargo, los guardias del lugar no abrieron la puerta, y Maricela Escobedo recibió un disparo con arma de fuego en la cabeza.
“Las autoridades sabían de la situación de riesgo en que se encontraba y, lejos de protegerla ni siquiera la acogieron dentro del Palacio de Gobierno de Chihuahua”, añadieron.
Marisela Escobedo, una enfermera en retiro, inició su lucha tras la ineficacia de las autoridades para detener a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, esposo y asesino de su hija, Rubí Frayre. En su labor, Escobedo logró aportar información valiosa para la detención del homicida. El ejemplo de la activista hoy se replica en todo el país, en donde madres, padres, hermanos hacen suya la tarea de investigar los crímenes cometidos contra sus seres queridos ante la inoperancia del gobierno.
“Al igual que miles de madres que exigen justicia, Marisela se convirtió en investigadora y, a diferencia de la negligencia de las autoridades, detectó en varias ocasiones el paradero del asesino de Rubí para que lo detuvieran.
Marisela marchó a la Ciudad de México exigiendo justicia y pidió una reunión con el entonces presidente Felipe Calderón, la cual nunca fue concedida. También marchó a otras ciudades, como Zacatecas, en donde de nueva cuenta pudo encontrar al asesino de su hija, cosa que no había podido lograr la Fiscalía General de Chihuahua”, relataron.
Cabe destacar que el 8 diciembre -ocho días antes de su asesinato- Maricela Escobedo declaró en dos ocasiones. La primera ante la Fiscalía General y la segunda ante la Policía Federal. En su comparecencia, Escobedo brindó información importante en donde hacía referencia que policías protegían al asesino de su hija; ésta información no fue considerada en el expediente.
“A cinco años de su asesinato es imposible borrar los gritos de auxilio cuando corría por su vida. También es imposible borrar los llantos desesperados cuando en abril de 2010 el tribunal de juicio oral exoneraba a Sergio Barraza. Igualmente, es inolvidable recordar que su muerte vino seguida del secuestro y posterior asesinato de su cuñado, la quema del negocio de éste, y de la solicitud de asilo político de sus hijos y nieta, quienes desde Estados Unidos siguen exigiendo justicia para su hermana y su madre, y anhelan volver a su tierra.”
Chihuahua no logra frenar la violencia
A cincos años del asesinato de Marisela Escobedo, el Cedehm lamentó que en Chihuahua la violencia contra las mujeres se mantiene. Manifestó que a pesar de sentencias como la del “Campo Algodonero” o las recomendaciones de diversas instancias internacionales para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres, esta persiste.
Expuso que Chihuahua se coloca a nivel nacional como el segundo estado con el mayor número de violaciones sexuales denunciadas. Además que se presenta como la cuarta entidad con el mayor índice de violencia doméstica.
“Es el estado cuyas cinco principales ciudades se encuentran entre las 15 peores para ser mujer en México (…) De los 2 mil 361 feminicidios cometidos desde 1993 a la fecha, el 59% se ha cometido en los últimos seis años”, puntualizó la organización.
Aunado a lo anterior, expusieron que Chihuahua se ha posicionado como uno de los estados que se caracteriza por ser autoritario, corrupto y que tiene una de las mayores deudas en México.
“El estado se encuentra en el antepenúltimo lugar del índice democrático y carece de división real de poderes y el Poder Judicial. Chihuahua es uno de los estados más riesgosos para las personas defensoras de derechos humanos en México”, precisó.
