(07 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- A cinco años del asesinato de Alberta Bety Cariño y Jyri Jaakkola, la impunidad y la falta de voluntad política son las únicas constantes que acompañan a la familia de ambos defensores de derechos humanos, acribillados el 27 de abril de 2010, cuando un grupo armado emboscó la caravana humanitaria con la que pretendían entregar alimentos, medicinas y ropa a los habitantes del Municipio Autónomo San Juan Copala, ubicado en la zona triqui, en la Mixteca oaxaqueña.
En mayo de 2014, días después del cuarto aniversario luctuoso del asesinato de los activistas -ella de origen mixteco, él de nacionalidad finlandeza- el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se comprometió por escrito con Omar Esparza Zárate, viudo de Bety Cariño, a que los responsables de los asesinatos serían detenidos; que Rufino Juárez Hernández, líder de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, organización que es acusada de haber participado en la emboscada, y quien hasta entonces era el único detenido relacionado con los hechos, sería juzgado y sentenciado, y que los testigos del ataque a la caravana gozarían de protección.
Hasta hoy, casi un año después, nada se ha cumplido.
El acuerdo fue prácticamente arrancado a presión a la Secretaría de Gobernación (Segob), pues Esparza Zárate junto con seis compañeros que se le unieron, inició una huelga de hambre que duró 16 días a las puertas de la Procuraduría General de la República (PGR), que días después fue respaldada por colectivos y organizaciones de la sociedad civil.
Para quitarse el problema de encima y sobre todo la presión europea, funcionarios de la Segob, en presencia de representantes de la embajada de Finlandia, firmaron el acuerdo con Omar Esparza y lograron así, que de buena fe, los inconformes volvieran a probar bocado y se retiraran de las puertas de la PGR.
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En el acuerdo, el gobierno federal encabezado por Peña Nieto hizo lo mismo que el de su antecesor Felipe Calderón, al comprometerse a llevar ante la justicia a los responsables de los asesinatos, de las lesiones causadas a más de una decena de activistas que participaron en la caravana, y del intento de asesinato por el que presentó una denuncia formal la reportera de Contralínea, Érika Ramírez, quien junto con su compañero David Cilia, pasaron tres días perdidos en la zona triqui; él, herido de un balazo en la pierna, ella, alimentándose sólo con vitaminas que cargaba en su bolsa.
En noviembre de 2014, los padres de Jyri Jaakkola, Eve y Raimo Jaakkola viajaron por quinta vez a México para dar seguimiento a los avances de la investigación. Se llevaron una desagradable sorpresa al darse cuenta que no había tales, ni las habría hasta la primera quincena de 2015, cuando la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) informó la detención del agente municipal de San Juan Copala, Elías Cruz Merino, presunto participante en la emboscada y asesinato de los activistas.
En esa ocasión, Omar Esparza volvió a señalar las irregularidades que vislumbraba en el caso, al declarar que “para nosotros es claro que siguen teniendo protección desde algunos grupos de poder del gobierno de Oaxaca, sin embargo, seguiremos insistiendo para que la justicia pueda ser no de membrete sino expedita”.
El pasado mes de febrero, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos denunció, a través de la difusión de un comunicado, que dos mujeres que fueron testigos del ataque a la caravana humanitaria habían sido víctimas de acoso por familiares de uno de los detenidos, en un aparente intento por impedirles testificar.
A consecuencia de este acto intimidatorio ambas mujeres abandonaron su comunidad; sin embargo, no fue suficiente para alejarlas de cualquier peligro, pues sus familiares también fueron amenazados por los mismos hombres que lo hicieron con ellas, diciéndoles que “algo malo puede pasar” si no se retractan de su testimonio.
Aunque así fue requerido, autoridades estatales no proporcionaron medidas de seguridad a las testigos.
Bety era directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y madre de dos hijos; Jyri un activista comprometido con el libre comercio, soñador, hijo y hermano amado.
¿Cuántos compromisos más tendrán que firmar para que el Estado mexicano haga lo que tiene que hacer?, no piden otra cosa a las autoridades más que hacer su trabajo.
