(09 de noviembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 7 de noviembre de 2010 en Saucillo, Chihuahua miembros de la delincuencia organizada secuestraron a uno de los integrantes de la familia Ponce Ríos quienes contactaron a su padre vía telefónica amenazándolo con matar a su hijo si no entregaba el dinero solicitado.
Días después, los secuestradores le entregaron a su hijo con vida, a cambio de aproximadamente 200 mil pesos. A pesar de haber realizado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Saucillo, no se ha avanzado en las investigaciones ni sancionado los responsables.
Un año después, el 17 de octubre de 2011, asesinaron por razones desconocidas a otro de los integrantes de la Familia Ponce Ríos, cuyo autor material del homicidio fue sentenciado sólo por homicidio simple y condenado a 8 años de prisión, de acuerdo a la ficha del caso en poder de Revolución TRESPUNTOCERO.
El 8 de febrero de 2013, el mismo integrante de la Familia Ponce Ríos que había sufrido el secuestro en el año 2010 conjuntamente con su primo trasladaban ganado, durante el recorrido en la carretera, fueron perseguidos por un grupo armado, al segundo, un menor de 13 años le dispararon con tres armas de alto calibre sicarios comandados por el mismo grupo delincuencial que habían participado anteriormente en el plagio.
Con más de sesenta miembros, la familia con una gran tradición en la compra-venta, engorda y exportación de ganado, así como al comercio y agricultura. Durante los años del sexenio de Felipe Calderón comenzaron a padecer en la entidad una ola de violencia desbordada que incluyó secuestros, extorsiones, homicidios y desapariciones, siendo el caso de los Ponce, un hecho que reunió todos esos delitos y más, en su contra.
Al observar como vecinos, amigos, clientes, proveedores y la población en general padecía la inseguridad que se intensificaba constantemente, la familia comenzó a decepcionar información y quejas y así conformaron los elementos necesarios para construir una denuncia que presentaron ante la Fiscalía, detalla a Revolución TRESPUNTOCERO, el primer miembro de la familia Ponce que se vio en la necesidad de salir de aquella región.
“Al momento de hacer las declaraciones, saliendo de la Fiscalía, resulta que todo el mundo sabía las denuncias que habíamos hecho. Fue así como comenzaron las amenazas y los daños a nuestra familia”, comenta la fuente.
La denuncia señaló que dicho grupo delincuencial perpetuaba actividades de crimen organizado, narcotráfico, extorsiones, secuestro, robo, abigeato, entre otros. A pesar de que la denuncia se realizó bajo el mecanismo legal de protección de testigos, luego de realizarla, los denunciantes recibieron amenazas de muerte y se dio paso a los hostigados.
Ante las amenazas sufridas, el indicio de contubernio entre las autoridades con el grupo delincuencial denunciado y ante la evidente falta de protección y seguridad por parte de las autoridades locales encargadas de investigar y perseguir el delito, el 16 de febrero de 2013 un integrante de la Familia Ponce Ríos y su núcleo familiar, se desplazaron forzadamente desde Chihuahua hacia otra entidad federativa, en aras de garantizar su vida e integridad.
Exactamente un mes después de la denuncia anónima realizada, y de los incidentes y amenazas sufridas, el 11 de marzo de 2013, otro de los hermanos de la familia Ponce Ríos, fue asesinado en su negocio en Delicias por un grupo armado en presencia de empleados.
Dicho grupo armado derribó las puertas del rancho y después de preguntar por la ubicación “de los Ponce Ríos”, asesinaron a cuatro personas que se encontraban en dichas instalaciones. En este hecho letal quedaron con vida dos testigos, uno de las cuales fue posteriormente secuestrado, torturado y ejecutado.
El día 13 de marzo de 2013, un integrante de la familia Ponce Ríos tuvo que realizar una denuncia telefónica indicando que integrantes de su familia estaban siendo amenazados durante el funeral de su hermano que había sido asesinado, así como en el rancho de otro integrante de la Familia.
A menos de un mes de ocurrido lo previo, el 10 de abril de 2013 personas desconocidas saquearon e incendiaron el negocio ¨Súper Hermanos Ponce¨ de la ciudad Saucillo, Chihuahua. La fuente señala que “el 50% del lugar quedó complemente calcinado y el otro 50% se deterioro por las afectaciones que de esto surgieron. Al final fue una perdida total”.
Los sobrevivientes optaron por salir de aquella zona, incluso dejando todo lo que habían construido con base en su trabajo. Ya que ni siquiera tuvieron tiempo de intentar vender las propiedades y otros bienes. Así fue como lo perdieron todo.
Sobre la problemática, la abogada Nancy López, Directora del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), detalló a Revolución TRESPUNTOCERO, que la familia Ponce durante 2010, 2011 y 2012 fueron víctimas de múltiples delitos. Lo cual se da en un contexto de violencia de los municipios de Chihuahua en particular en Saucillo; ellos denuncian estos delitos ante la Fiscalía del Estado la fiscalía y se encuentran con que “la información que ellos estaban dando a las autoridades se cuela dentro de la misma delincuencia organizada que se encontraba la zona”.
Por lo que, señala, ellos dejan de confiar y deciden salir de ahí, porque no habían condiciones de seguridad ni confianza en la misma dependencia, se veía que no iba a resolver la situación y menos su caso en específico. Y todos estos años les han dado la razón, porque hay algunos procesos que han avanzado con dudas y otros delitos permanecen en impunidad.
La familia de aproximadamente 60 miembros, con varias generaciones que lo conforman (bebés, jóvenes e incluso adultos mayores), se separan y se desplazan forzadamente a distintos puntos de la República, comenzando a vivir las consecuencias que conlleva llegar a un lugar, en muchos casos sin documentos, con los ahorros para el retiro casi en ceros por el reinicio de una nueva vida y sin poder atenerse a una política de atención para personas desplazadas.
“Cuando la CMDPDH toma el caso, la familia no es consciente que son víctimas de desplazamiento forzado interno, ellos asumen que son víctimas del delito porque han denunciado todo lo que les ha ocurrido y no ha pasado nada, son víctimas de la inacción de la justicia, pero después de analizar el caso vemos que ejemplifica perfectamente lo que está ocurriendo en México.
Muchas familias se encuentran en el contexto de operación de delincuencia organizada, de colusión por parte de autoridades, de falta de capacidad por parte de las instituciones que investigan los delitos y que eso los obliga desplazarse. En el 2013 ellos acuden Províctima solicitando ayuda, pero tras varias reuniones no sucede nada”.
La familia se dedicaba a realizar actividades muy específicas, tales como la producción de ganado. Lo cual era difícil de poder reproducir en otros estados, además no tenían la infraestructura, la cual era muy costosa y compleja. Por lo cual complica más el empezar de cero y en un lugar desconocido.
Cuando Províctima se convierte en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el problema se torna aún más complicado. Lo que debería ser un traslado sin problema alguno del caso, se convierte en reiniciar el caso. A la par vivían la tragedia de la inestabilidad de una vivienda, servicios de salud y en cuanto al tema educativo, hubo residencias donde la entidad pedía llevar cierto tiempo viviendo en el sitio para poder tener derecho a un espacio en la Universidad Autónoma.
“Se encuentran con requisitos que uno nunca hubiera imaginado que existían. Además no existen las condiciones por parte del mismo Estado para facilitar y reconocer en la calidad de personas desplazadas. Cabe señalar que en la CEAV a pesar que brindan asistencia de primer contacto, para que haya un reconocimiento se debe acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que después de conseguir una recomendación que señala la calidad de ‘víctima por violación a Derechos Humanos’, puedan tener acceso a los servicios de la CEAV.
También pueden acudir a la PGR para que les brinden un documento que las asuma como víctimas del delito y volver a la CEAV para tener acceso a la asistencia que te da para propósitos de reparación del daño”.
Para la CEAV no basta con que los afectados o afectado presente sus copias de averiguaciones y otros documentos para que efectivamente compruebe que sufrieron secuestro, extorsión, homicidios, no es suficiente para la dependencia defensora de víctimas, “sino que tienes que esperar a que el Ministerio Público o la CNDH te reconozca la calidad de víctima”, señala la abogada.
Tras varias diligencias a nivel federal, la familia obtiene la calidad de víctimas indirectas pero no como directas de delitos de violaciones a derechos humanos. En 2014, el entonces pleno de la Comisión Ejecutiva emitió una resolución en donde reconoce que el desplazamiento interno es un hecho victimizante autónomo, lo que significa que por sí mismo ya es una violación a derechos humanos; “porque no fue voluntario el mudarte de un sitio a otro, ese paso parecía dar la razón a las víctimas de desplazamiento y con esto a la familia Ponce”.
Por lo que la CMDPDH solicitó a CEAV, con base en ese criterio, analizara toda la información de la familia Ponce y determinara si había elementos para considerar si ellos son víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Porque ellos también podían hacerlo, la Ley General de Víctimas lo establece como un procedimiento para que la misma Comisión ejecutiva determine con base a información obtenida”.
A partir de ahí, la CEAV se muestra receptiva y da comienzo a obtener la información por parte de la CMDPDH, las víctimas e incluso da acompañamiento a la organización al punto donde la familia vivía y tuvo que dejar, hace múltiples diligencias en donde pueden constatar que efectivamente las personas tuvieron que movilizarse y las condiciones en las que se encontraron en consecuencia desplazamiento.
También sostuvo reuniones de trabajo, pero la última fue en 2016, cuando la CMDPDH solicitó que se determinara que los Ponce eran víctimas de desplazamiento forzado interno, incluso la propuesta fue respaldada por la misma asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva, incluso sacó una determinación donde pidió al pleno que se pronunciara sobre ese caso.
Pero a partir de ahí no se volvió a tener contacto alguno. Y ante el silencio de la Comisión Ejecutiva la CMDPDH va a un juicio de amparo en el que pide que dé respuesta a esa petición, además hay un segundo argumento, donde se señala que aunque aún no se les haya reconocido como víctimas debieron haber recibido algún tipo de atención de primer contacto, que es facultad de cualquier persona que se acerque a la Comisión Ejecutiva.
En el desarrollo del amparo la CEAV respondió a la comisión el pasado 16 de octubre, y fue tajante al decir que no reconocía a la familia como víctimas. “Claramente es una estrategia jurídica para evitar que el juez de distrito determine si realmente la Comisión cumplió o no y también para evitar que analice si ellos tenían que dar un programa de atención a un grupo de víctimas de desplazamiento”, explica la abogada.
“La respuesta de la Comisión Ejecutiva es verdaderamente incoherente, por una parte reconoce que tiene la facultad para determinar si una persona es víctima de violación a derechos humanos pero por otra parte prefiero no hacerlo, es algo totalmente absurdo y burdo de su parte. Lo que nos lleva a concluir que es una respuesta para detener el proceso en el poder judicial.
Consideramos que es una actuación de mala fe por parte de la Comisión Ejecutiva. Cómo es posible que tú le des la carga de la prueba a una víctima, siendo que es una institución de protección, e incluso argumentas que ‘las víctimas no te dieron toda la información necesaria’.
Porque además en un primer lugar no la requeriste, tú tenías expedientes e información de las diligencias que hiciste para acompañar las diferentes necesidades de las víctimas, la CEAV fue al lugar donde fueron desplazadas las personas y conoció los testimonios. Entramos en una respuesta sinsentido, porque incluso la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva estuvo de acuerdo con darles la condición de víctimas. Por eso es tan decepcionante el trabajo de la CEAV, precisamente cuando consideró que el desplazamiento ya era un hecho victimizante autónomo”.
Desde noviembre del año 2015 hasta el presente año 2016 varias de las viviendas que se encuentran abandonas en Chihuahua así como almacenes que contenían maquinaria utilizada por los integrantes de la familia para el engorda del ganado y agricultura fueron extraídas y robadas de su interior.
La reacción de la CEAV para la CMDPDH es un terrible precedente, por lo que planean redireccionar la estrategia, ya que el Estado, señalan, no puede continuar prolongando la indefensión que las víctimas de desplazamiento.
Nancy López señala que el gobierno debe de crear políticas públicas que faciliten, entre otras cosas, la oportunidad a los desplazados de manera forzada, a tener acceso a salud, vivienda, fondos o préstamos para la inversión, ya que comienzan desde cero y de manera obligada.
“En México este tipo de políticas no existen posiblemente por la carga política de reconocer que son desplazados, lo cual implica que el Estado reconozca que ha fallado en condiciones de seguridad y de su estrategia. Y que incluso lo pone en el papel incómodo de aceptar que aplicará criterios que están siendo aplicados en países donde el desplazamiento es producto de conflictos. Es claramente un tema político complejo, pero eso a las víctimas no debería de afectarles, pero sucede”, puntualiza la abogada.
