(14 de agosto, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Eran aproximadamente las siete de la noche, cuando Francisco Herrera Rivera, de profesión ingeniero, salió de su domicilio para dirigirse a su lugar de trabajo, transitaba en una camioneta tipo jeep Cherokee. En la parada de un semáforo fue interceptado por dos vehículos compactos, de donde descendieron cuatros sujetos que lo forzaron a bajar de su vehículo, ejerciendo violencia, para después subirlo a otro carro. Desde aquel 24 de febrero de 2015, se desconoce su paradero.
“Al saber que Francisco no había llegado a su trabajo sus familiares intentaron comunicarse con él tras varios intentos y sin obtener respuesta, lo buscaron por medio del sistema de Geoposicionamiento Satelital (GPS) de la aplicación móvil Skype; mostrando dicha aplicación la ubicación del teléfono móvil de Francisco en el interior del 15° Quinceavo Batallón de Infantería, de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en Tampico Tamaulipas.
“Enterados de lo anterior, los familiares acudieron al Quinceavo Batallón de Infantería para solicitar información sobre Francisco, donde fueron atendidos por un General a cargo del Batallón a quien se le mostró la ubicación GPS de Francisco, y éste únicamente dio la orden para que dos de sus elementos revisaran los patios de dicho batallón, sin permitirle a la familia revisar otras áreas, comprometiéndose que ante cualquier información les mantendría al tanto, por lo que la familia de Francisco acudió a presentar su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas”, documentó la organización IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
De acuerdo a la información revisada por Revolución TRESPUNTOCERO, el 1 de marzo, la familia de Francisco fue citada al 15 Batallón de Infantería, en donde, bajo el argumento de apoyar la investigación, fueron entrevistados por elementos de la Policía Ministerial Militar.
Después de esto, las autoridades militares se comprometieron a informarles sobre cualquier avance sin que ello ocurriera. A la fecha la Sedena niega haber iniciado una investigación ministerial por la desaparición de Francisco.
También se informó que, la familia se percató de que los hechos del 24 de febrero de 2015 fueron grabados por cámaras del Centro Comando y Control ALMATAM (C4) donde se logró captar a los vehículos de los que descendieron los sujetos que privaron de la libertad a Francisco, así como también se observa que uno de los sujetos aborda la camioneta propiedad de Francisco, tomando camino hacia una gasolinera.
“Cuando los familiares de Francisco acuden a las oficinas de Centro de Comando y Control ALMATAM (C4), el personal les indica que los mismos videos ya habían sido solicitados por elementos de SEDENA y que ya tenían los avances”.
Al advertir que los vehículos realizaron movimientos en la gasolinera, la familia acudió a dicho establecimiento a solicitar los videos, sin embargo, la dueña les refirió que los videos ya se los habían llevado los soldados, por lo que solicitaron al Ministerio Público que requiriera los videos, y al hacerlo recibió por respuesta “la imposibilidad de entregar dicho material, toda vez que personal de SEDENA había recopilado los videos, sin guardar copia de los mismos”.
En noviembre de 2015 los hermanos de Francisco acudieron a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR a continuar con el seguimiento del expediente que se abrió respecto a la desaparición de Francisco Herrera, sin embargo en dicha instancia se les señaló que su función se limitaría a llevar a cabo acciones de búsqueda.
De la información recabada advirtieron que a cuatro días de la desaparición de Francisco, su teléfono capto señales en la base militar número 1 en Naucalpan, Estado de México.
Al seguir investigando, un soldado dijo a los familiares que los vehículos involucrados en la desaparición de Francisco se encontraba en el “corralón”, porque había sido asegurado por elementos de Sedena y finalmente puesto a disposición de la Procuraduría General de la República. Al hacerlo del conocimiento del ministerio público, este se limita a inspeccionar los vehículos y concluir que no tienen información que ayude al caso.
En septiembre de 2015, la familia recibió una llamada del personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas donde lograron encontrar la camioneta propiedad de Francisco.
La camioneta fue puesta a disposición de la PGR en Tamaulipas, por estar relacionada con un enfrentamiento contra la Delincuencia Organizada, donde al culminar el enfrentamiento habían encontrado el vehículo abandonado.
Al corroborar la información, el ministerio público encontró contradicciones en dicha información, incluso advirtió que la Camioneta de Francisco estuvo todo el tiempo bajo resguardo de elementos de SEDENA.
Ante el total cúmulo de elementos, Idheas solicitó a la Agente del Ministerio Público de la Federación a cargo de la investigación, atrajera la investigación del fuero común pues al advertir la posible participación de elementos de SEDENA es competencia de la federación, petición que fue negada, informó IDHEAS.
Ante dicha negación, en marzo de 2017 Idheas interpuso una demanda de amparo contra la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas por:
• La omisión de llevar a cabo una investigación i) diligente; ii) exhaustiva; iii) imparcial ; iv) seria y efectiva, tendiente a lograr la localización de Francisco Herrera Rivera;
• La negativa de las Autoridades Responsables de atraer la indagatoria radicada en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Durante el litigio referido, la Fiscalía acordó atraer la investigación del fuero común, no obstante, el amparo continuó por lo que hace a la falta de debida investigación. El 29 de septiembre de 2017, el juez de distrito emitió una resolución favorable ordenando a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR fijara como principal línea de investigación la de desaparición forzada cometida por Fuerzas Armadas.
Además, el juzgador ordenó a la Agente de Ministerio público llevar a cabo una investigación científica, metódica y sistemática que propicie el esclarecimiento de los hechos investigados para conocer la verdad, establecer responsabilidades y propiciar la reparación del daño, señalando además una serie de diligencias para la labor de investigación:
“El desconocimiento del paradero de Francisco Herrera Rivera y el esclarecimiento de los hechos que llevaron a su desaparición implican una investigación científica, entendiéndose como un procedimiento de reflexión, control y crítica para obtener nuevos hechos, datos y relaciones.
“Ello conlleva a que deban existir hipótesis de investigación a partir de las cuales se puedan ir compilando elementos probatorios de manera metódica y sistemática que propicien el esclarecimiento de los hechos investigados para conocer la verdad, establecer responsabilidades y propiciar la reparación del daño”.
De lo contrario, “si la autoridad ministerial únicamente recaba la información de manera aleatoria y sin tener hipótesis en virtud de la cual se giren sus investigaciones y los aportes probatorios, ello no permite obtener elementos de convicción que acerquen a la verdad, finquen responsabilidad de y conduzcan a la ubicación de Francisco Herrera Rivera, lo que significa una falta de organización en la averiguación previa violatoria el artículo 20 constitucional, en la parte relativa al derecho de las víctimas.
“En virtud de lo anterior, se considera necesario que la agente del Ministerio Público de la Federación se encuentre en aptitud de trazar una secuencia histórica de los hechos, partiendo de las ubicaciones registradas de los números telefónicos de Francisco Herrera desde el día de los hechos y en los días posteriores, lo que permitirá organizar una secuencia histórica que conduzca al esclarecimiento de la verdad y la ubicación del desaparecido”.
IDHEAS señaló que “para poder tener una investigación vertebrada que supere el déficit de constitucionalidad relacionado con los artículos 20 y 21 del máximo ordenamiento, el Ministerio Público debe ordenar una pericial en materia de criminalística que le permita establecer la forma en que sucedieron los eventos y recrear un itinerario aproximado de los lugares en los que se ubicaron los teléfonos de Francisco Herrera y con base en ello, precisar líneas de investigación que le hagan solicitar información relacionada con los lugares en que se ubicó al desaparecido a efecto de dilucidar un elenco de posibles sospechosos”.
De acuerdo al informe de actividades de IDHEAS, revisado por Revolución TRESPUNTOCERO, se dio a conocer que, “el 11 de enero de 2018, como resultado de un amparo se logró que un tribunal colegiado determinara que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD), no había realizado una indagatoria adecuada en el caso, al no llevar a cabo las diligencias básicas para dar con el paradero de la víctima; pero tampoco para señalar y castigar a los responsables”.
Como seguimiento de esta sentencia, el equipo de IDHEAS participó en marzo de 2018 en la inspección del 15o Batallón de Infantería, ubicado en Tampico, Tamaulipas.
“Este acontecimiento marcó un precedente importante, ya que por primera vez una organización civil pudo ingresar a un cuartel general del ejército en el contexto de una investigación criminal por violaciones graves de Derechos Humanos. Si bien durante la diligencia realizada a este lugar no se encontró evidencia, la revisión advirtió que no se contaba con un control riguroso sobre quién entraba y quién salía del Batallón de Infantería.
“Esta resolución resulta importante porque, no solamente el Poder Judicial cuestionó a fondo la manera en la que la PGR investiga los casos de desaparición de personas sino, también, porque este fallo podría ser invocado por otras víctimas para exigir un estándar mínimo de búsqueda y de investigación sobre los responsables de estos crímenes”.
En su informe, IDHEAS reitera que México atraviesa una grave crisis de Derechos Humanos, donde se cometen de manera generalizada y sistemática abusos como las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Cotidianamente, historias protagonizadas por estas prácticas afectan la vida de personas, familias y comunidades.
En atención a esta problemática, IDHEAS realiza acciones tendientes a erradicar la impunidad y los patrones que fomentan las violaciones graves de derechos en México, principalmente a través del acompañamiento jurídico de casos a nivel nacional, regional e internacional.
En el marco del acompañamiento de casos, la organización promovió un total de diez acciones innovadoras de litigio, incluyendo demandas de amparo ante autoridades judiciales y quejas ante comisiones de Derechos Humanos, mismas que buscaron incentivar el reconocimiento de abusos y violaciones graves a los derechos cometidos por las autoridades, así como la obligación del Estado mexicano de avanzar efectivamente en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
Además, obtuvieron tres sentencias de amparo en favor de víctimas de desaparición forzada y desaparición por particulares.
“Logramos la emisión por parte de Comisiones de Derechos Humanos de dos recomendaciones en favor de una víctima de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada.
Avanzamos hacia la erradicación de la impunidad y los patrones que fomentan las violaciones graves de a los Derechos Humanos en México”, puntualizó la organización.
