Por Ivonne Acuña Murillo
El 26 de enero tuvo lugar la Octava Jornada Global por Ayotzinapa, en la que nuevamente miles de personas salieron a las calles de diversas localidades de México y el mundo a pedir con vida a los normalistas desaparecidos. Como respuesta, al día siguiente, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, apoyado por el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón informó en red nacional, en una larga conferencia, que “legalmente”, los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, fueron asesinados e incinerados.
El mismo Tomás Zerón afirmó que la detención de Felipe Rodríguez Salgado, alías el “Cepillo”, detenido el 15 de enero, “fue clave y que gracias a sus declaraciones, que coinciden con las del resto de los detenidos, se concluyó que el grupo Guerreros Unidos detuvo a los estudiantes, los llevó al basurero de Cocula, los ejecutó e incineró, porque creyeron que pertenecían al grupo antagónico de Los Rojos”.
A partir de un enorme esfuerzo de comunicación, en el que se expusieron videos, fotografías, así como las declaraciones de Rodríguez Salgado, se reiteró la reconstrucción de los hechos, misma que ya había sido dada a conocer por el mismo procurador el 7 de noviembre de 2014, el día que decidió no responder más preguntas con la frase “ya me cansé”.
Visto así, la única novedad es oír en voz de Rodríguez Salgado la misma relatoría de hechos; sin embargo, este último intento va más allá, tiene en el fondo el profundo deseo del gobierno federal de cerrar de una buena vez un caso que le ha costado mucho y que, de manera particular,ha dañado la imagen del presidente de la República, al punto que se ha pedido su renuncia.
A más de cuatro meses de ocurridos tan terribles eventos las dudas en torno al papel desempeñado por miembros de la policía federal y del ejército han llevado incluso a pedir a las madres y padres de los normalistas la revisión ocular de todos los cuarteles del país, en particular de aquellos que cuentan con crematorios, pues una hipótesis apunta a que los cuerpos de los estudiantes no pudieron ser calcinados en el basurero de Cocula, ante la falta de condiciones para hacerlo, como la temperatura necesaria,como anotaron científicos del Instituto de Física de la UNAM, mismas que si pueden darse en un horno diseñado para tal efecto.
Cuatro meses de desgaste no han bastado para que el movimiento social por Ayotzinapa se disipe, si en algún momento las autoridades federales apostaron todo a esa estrategia se equivocaron, el hartazgo social ha alcanzado un punto sin precedentes en la historia reciente de México. No es sólo Ayotzinapa, son las más de 23 mil personas desaparecidas, las más de 80 mil asesinadas, las más de 170 mil desplazadas, es la violencia y la inseguridad cotidianas, la corrupción, el engaño, el saqueo de los recursos del país por parte de una clase política sin proyecto de nación. Es una suma de agravios que al parecer no aparece en el escenario que los diversos gobiernos, comenzando por el federal, han construido para sí mismos.
En ese contexto, a la tardía respuesta del gobierno federal, una vez que los estudiantes fueron “levantados”, a otros casos en los que gobiernos priístas han dado una respuesta desmedida en contra de la población movilizada como los casos del Movimiento Estudiantil del ’68 y el de los pobladores de San Salvador Atenco, por mencionar sólo los más conocidos, a la insensibilidad de Enrique Peña Nieto al pedir superar el dolor de Iguala, sin haber dado una respuesta satisfactoria, si es que algo como eso existe, a los familiares de los desaparecidos, se suma la desconfianza que diversas generaciones de políticos mexicanos han logrado sembrar en la población de un país donde la justicia sólo funciona para quienes pueden pagarla.
Pero si el esfuerzo y el tiempo no han dado los resultados deseados ¿qué es lo que se espera de este nuevo intento? Si los padres y madres de los normalistas desaparecidos y la parte de las sociedades, nacional y mundial, que se han movilizado en su apoyo no aceptan esta versión de los hechos ¿a quién va dirigido este último mensaje del procurador, transmitido además tan extensamente?
Una respuesta posible es que ese mensaje no es para las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa, ni para los grupos sociales que ya no confían en el gobierno de Peña Nieto, sino para todas las empresas que quieran invertir en México, para aquellos empresarios, de dentro y fuera del país, que quieren usufructuar las riquezas de la nación, para los gobiernos extranjeros que apoyan la democracia “allamessicana”, y en última instancia para aquellas personasdesinformadas que no tienen elementos para construir una versión mejor o más creíble.
De manera complementaria, se puede pensar que el gran golpe mediático que ha pretendido dar Murillo Karamva encaminado a resarcir, en lo posible, la estropeada imagen de su jefe, Enrique Peña Nieto, que a decir de la revista The Economist, “no entiende que no entiende” .
Finalmente, cabe decir que la única “certeza” que se puede alcanzar hoy es que la “certeza legal” de la Procuraduría General de la República no es equiparable a la “certeza histórica” que buscan quienes asumen: o que los estudiantes están vivos o que fueron asesinados no por el grupo delincuencial de los Guerreros Unidos solamente, sino en contubernio con autoridades municipales y federales. Sea cual sea la verdad última, lo cierto es que “vivos los llevaron y vivos los queremos”
