Por: Zazil Carreras
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Febrero de 2012: una canción causaba agitación en Rusia, no sólo por su letra sino por el lugar en donde fue interpretada y sobre todo, la finalidad con la que se hizo: protestar en contra de Vladímir Putin y en favor del grupo LGBTTTI dentro de la Catedral de Moscú.
A consecuencia de este hecho, tres miembros de la feminista banda punk Pussy Riot fueron sentenciadas a dos años de prisión por interpretar una “vulgar canción”, pero el arresto va mucho más allá de una simple detención por una protesta. La detención fue realizada haciendo una clara excepción: fue hecha en defensa de la iglesia y no por la protesta social en sí.
Pussy Riot realizó diversas protestas previas, incluyendo una orgía en un museo, sin embargo, la banda ni siquiera fue arrestada en esas ocasiones.
La jueza Marina Syrova favoreció a la religión en contra del acto de libertad de expresión celebrado en esa fecha en la catedral de la capital rusa, además de haber favorecido con su sentencia la represión a los grupos LGBTTTI y a los opositores a Putin. Poco tiempo después de que se dictara sentencia a las integrantes de Pussy Riot, las leyes anti-gay fueron reforzadas tanto en la capital, como en otras ciudades rusas como San Petersburgo.
Sin embargo, las violaciones a la libertad de expresión en el caso Pussy Riot continúan. El miércoles pasado, el grupo musical perdió la apelación contra la prohibición de que sus videos sean censurados en Internet, entre los que se encuentra la grabación por la que fueron detenidas a principios del 2012 y condenadas en agosto pasado.
Un tribunal de apelaciones de Moscú ha coincidido con la decisión de otra corte que dictaminó, en noviembre, que sus vídeos eran “extremistas” y que se debía prohibir su difusión en Internet, por lo que cuatro vídeos de Pussy Riot han desaparecido de la red.
Algunos de los vídeos siguen alojados en servidores fuera de Rusia y la apelación de Yekaterina Samutsevich, que denunció que la prohibición violaba la libertad de expresión, fue negada.
Samutsevich, quien fuera liberada en el mes de octubre del año pasado tras serle concedido un permiso judicial mientras se estudia su apelación, señala que “el video es legal” y que volverá a recurrir la decisión judicial aunque, por el momento, los videos deben borrarse de la red, mientras la lucha judicial continúa en el caso de sus dos compañeras Nadezhda Tolokonnikova y Maria Alyojina, quienes siguen en la cárcel.
“Se debe levantar la prohibición impuesta a los vídeos de las Pussy Riot y se debe poner fin a todos los ataques de este tipo al derecho, internacionalmente reconocido, a la libertad de expresión, además de dejar de aplicar de una manera tan restrictiva la legislación contra el extremismo” ha señalado David Diaz-Jogeix, director adjunto del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Y mientras continúa el aumento del uso de leyes contra el extremismo, formuladas en términos generales para reprimir a los opositores del régimen ruso, Pussy Riot continúa siendo un símbolo del feminismo y la libertad de expresión de Rusia para el mundo.
