(02 de enero, 2020. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 29 de noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas notificó el dictamen de la comunicación 2766/2016, relacionada con el señor Víctor Manuel Guajardo Rivas, en el que declaró su desaparición forzada y la consecuente violación por parte del Estado mexicano de varios de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En este caso, el Comité consideró que habían transcurrido más de seis años desde la desaparición de Víctor Manuel sin que las investigaciones ni los procesos en contra de los perpetradores de la desaparición hubieran avanzado significativamente y sin que el Estado mexicano hubiera justificado la omisión, negligencia e impunidad.
Asimismo, el Comité estableció que la desaparición de Víctor Manuel ocurrió en un contexto general de violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas cometidas por militares y policías en el estado de Coahuila.
El 10 de Julio de 2013, Víctor Manuel Guajardo Rivas fue desaparecido en Piedras Negras, Coahuila, por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), hoy Fuerza Coahuila, presuntamente por pertenecer al grupo delictivo de los zetas.
María Hortensia Rivas Rodríguez, madre de Víctor afirmó que sin ninguna orden de aprehensión o presentación el grupo de policías ingresó por la fuerza a su casa, lo torturó en presencia de su esposa Midiam Iricelda Valdez Cantú e hijos, y se lo llevó en la madrugada a bordo de una camioneta con el logotipo del grupo policiaco pero sin placas.
Desde el 2013 a la fecha el caso de desaparición de Víctor Manuel Guajardo no ha tenido ninguna investigación ni avance, a pesar de que a la PGR se le señaló de forma directa al grupo de agresores pertenecientes al GATE. La denuncia fue levantada como acta circunstanciada 54/2013.
María Hortensia decidió emprender una búsqueda completamente sola ante la falta de autoridad para realizar la búsqueda:
“En el 2013, en mi desesperación por encontrar a mi hijo Víctor yo sola me salía por las noches y las madrugadas enteras a buscarlo, sin rumbo definido. Manejaba por las carreteras solas y obscuras y me metía hasta por las brechas porque se sabía que allí han dejado muchos cuerpos o que allí mismo torturan a muchos hombres hasta matarlos. Sé que en esa oscuridad se mueve la delincuencia organizada y que son sus territorios de noche, que ni una patrulla atraviesa por allí. Sabía desde entonces lo peligroso que es pero no me importa porque tengo que encontrarlo. Ahora tengo más precauciones pero si tengo que volver hacerlo, lo haré”, dijo a IDHEAS, centro de defensa de Derechos Humanos que da seguimiento a su caso.
“Creado desde el 2009 por el ex gobernador Humberto Moreira, la agrupación policiaca (GATE) comenzó a realizar operativos, sin estar contemplada en la ley orgánica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Coahuila. Durante cinco años realizaron aprehensiones y consignaciones sin sustento legal y tampoco documentaron los nombres de los presuntos delincuentes en libretas de registro”, ha denunciado la misma organización.
El órgano internacional consideró que los hechos son claramente una conducta de Desaparición Forzada de Personas que no pudo ser desvirtuada por el Estado, al respecto, el Comité mencionó:
“Uno de los elementos característicos de la desaparición forzada de personas es precisamente la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte y el paradero de la persona” y, que los Estados “deben establecer procedimientos eficaces para investigar a fondo los casos de desapariciones forzadas, tomando en cuenta los elementos característicos de este tipo de delito, como la negativa de las autoridades de reconocer la detención.”
Asimismo, el Comité consideró, por tanto, que los hechos del caso constituyen una desaparición forzada y señaló al respecto que el Estado Mexicano, representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, no proporcionó “una explicación suficiente y concreta para rebatir las afirmaciones de los autores” por lo cual estableció que los hechos constituyen una desaparición forzada.
Al declarar la desaparición forzada de Víctor Manuel Guajardo Rivas, el Comité de Derechos Humanos declaró, a su vez, la violación de varios de los derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, y el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, y, por ende, la violación por el Estado mexicano de los artículos 6, 7, 9 y 16 del Pacto.
En este sentido el Comité consideró que los hechos ocurridos desde la desaparición y la falta de verdad y justicia para las víctimas configuran una vulneración al derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular por la angustia sufrida a raíz de la desaparición forzada.
Para María Hortencia, señalar que el gobierno mexicano es el responsable de la desaparición de su hijo, es sólo el inicio. “Busque por 7 años la colaboración eficaz del gobierno en la búsqueda de mi hijo Víctor, exigí un dialogo que permitiera saber en dónde está. Sigo exigiendo justicia. La inseguridad que se vive en el país es producto de gobiernos que nos dieron la espalda. Es un claro ejemplo de incumplimiento de sus funciones constitucionales”.
Al respecto de la decisión, Juan Carlos Gutiérrez, Director de IDHEAS, manifestó: “Nos satisface el dictamen, el cual da alivio a una madre que se encuentra buscando a su hijo desde hace más de 7 años.
“Sin embargo, quiero señalar que el litigio del Estado en su defensa ante los órganos internacionales de este y otros casos que hemos representado, se ha basado en descalificar la versión de las familias, utilizando argucias jurídicas que pretenden justifican el actuar de funcionarios negligentes, omisos e incluso participes en las desapariciones.
“Ante esta situación exhortamos a las más altas autoridades del Gobierno Federal a revisar esta actitud, dar cumplimiento efectivo a los dictámenes de la ONU y con ello enviar, por lo menos, un mensaje de alivio y solidaridad a los familiares de las víctimas de las desapariciones”.
