Ilustración: Pe Aguilar /@elesepe1
(5 de abril, 2015).- “¡No estamos cansados! ¡Estamos encabronados!”, gritaron intensamente en marzo pasado, los jornaleros agrícolas de San Quintín al subsecretario de Gobierno, Pablo Alejo López, quien pretendía que hubiera calma, cuando el contingente exigían que el gobernador Francisco Vega los atendiera.
Lo anterior con la finalidad de que existiera un diálogo con los patrones y con los secretarios para mejorar las condiciones de trabajo. En ese momento el pliego petitorio, enviado también a Enrique Peña Nieto incluyó, entre otras cosas, el respeto al derecho laboral para los trabajadores agrícolas, revocación del contrato colectivo firmado por la CTE y CROC, afiliación al Seguro Social, pago de todas las prestaciones de Ley como aguinaldo, vacaciones, horas extra, desaparición del salario compactado, sueldo de 300 pesos al día.
Recientemente, los jornaleros han sumado a esas demandas las denuncias de acoso sexual de mayordomos a las mujeres trabajadoras, afirmó Everardo Garduño, miembro del Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y autor del libro Mixtecos en Baja California: el caso de San Quintín.
El periodista Juan Carlos Domínguez afirma “en medio de un gobernador que esconde la cabeza y manda a la línea de fuego a funcionaros menores que frivolizan el tema, la desesperación y el repudio estallaron en el Valle de San Quintín, tras muchos años de ser ignorados en sus denuncias de explotación y miseria en los campos agrícolas”.
Al mismo tiempo Garduño afirma “las comunidades indígenas migrantes que han logrado establecerse en la región tienen los mismos derechos de demandar mejores condiciones de vida que cualquier otro ciudadano de la entidad, pero la actitud del gobierno ha sido de soberbia, porque no encara el problema, no le interesa la solución y tampoco le da el peso que debería tener”.
Y agrega que es prácticamente imposible el ordenamiento de campesinos, porque existe la figura del mayordomo (una especie de policía interno), quien está al tanto de todo lo que ocurre. De ahí que en las colonias de asentados sea donde puede retomarse la organización de los jornaleros; allí se empieza a conformar el movimiento de lucha unificada del pueblo triqui, donde retomó fuerza la Central Independiente de Obras Agrícolas y el poder de la colonia Maclovio Rojas.
Son estos mayordomos quienes mantienen a las mujeres acechadas. La mixteca Gloria Gracida Martínez declara que “es lamentable que no han cambiado las vejaciones que viven mis compañeros jornaleros; lo peor es que no cesan los acosos y violaciones sexuales de parte de los mayordomos a las mujeres. Llegamos con muchas ilusiones, motivadas por la pobreza que vivíamos en nuestros pueblos; ha sido mucho el esfuerzo por salir adelante”.
Miles de jornaleras que están en paro de labores en el Valle de San Quintín, en el Estado de Baja California (BC), tienen como meta que las autoridades federales se comprometan a instaurar mecanismos para frenar el acoso sexual que ejercen contra ellas los supervisores en los campos agrícolas.
Según un reporte de Human Rights Watch (HRW), las jornaleras son víctimas de acoso sexual y maltrato. “Nuestra investigación confirma lo que los defensores de los jornaleros en todo el país creen: la violencia y el acoso sexual experimentado por los jornaleros es tan común que algunas mujeres en el campo ven estos abusos como una condición inevitable del trabajo agrícola”.
Según un estudio sobre violencia laboral contra jornaleras agrícolas en tres comunidades del noroeste de México, la mayoría de los mayordomos son quienes seleccionan a las trabajadoras, en algunos casos con base en la apariencia física o en las probabilidades de recibir algún favor sexual a cambio de trabajo, expresión de las violencias contra las mujeres en el empleo.
Los datos refieren que las mujeres viven diversas manifestaciones de violencia basadas en el género, y que son atenuadas por ellas mismas ante la necesidad de tener un trabajo, a pesar de las múltiples violaciones a los derechos laborales. Una de esas expresiones, consecuencia del acoso sexual, se presenta al momento del embarazo, cuando es necesario trabajar aún en los últimos meses de gestación.
En San Quintin, las mujeres reconocen y le llaman acoso sexual a dicha violencia; sin embargo, debido a sus necesidades económicas y la carencia de op- ciones laborales las posiciona frente a un escenario de relaciones de poder subordinadas, según el documento.
La violencia se expresa en la interacción con los compañeros de trabajo y los jefes, quienes las cosifican como objetos sexuales, las acosan con la mirada, con frases denigrantes de contenido sexual, insinuaciones y hasta peticiones y exigencias directas de favores sexuales.
Una de las jornaleras explica, “aquí el acoso se da de varias maneras, desde que te subes al camión. A cómo te ves, te trata hasta el chofer, él va fijándose si le conviene o no le conviene subirte; allá llegas, el mayordomo si le caíste bien, qué bueno no te va a molestar, y si una persona él te habló y a la primera le renegaste, te va a traer cortita todo el día, llamándote la atención, no rindes, haces tu trabajo pero siempre con los nervios, o mañana ya no te va a querer dar trabajo. Aquí la mujer sí sufre mucha violencia”.
La jerarquía laboral, recrudecida por la desigualdad de género, prevalece en las relaciones descritas como violentas por las mujeres. Entre los actores sociales que ejercen diversos grados y prácticas de violencia están los compañeros del surco, transportistas, supervisores, capataces y mayordomos.
