(16 de diciembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Pablo López Alavez, comunero de San Isidro Aloapam, región zapoteca de la Sierra Juárez, durante muchos años se ha dedicado a la defensa del bosque que rodea la zona, cuidando y preservándolo en contra de los talamontes de San Miguel Aloapam, trabajadores que asegura la población, mantienen complicidad con la y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), para dividirse las ganancias millonarias de la venta de madera.
“Sin que a las dependencias de gobierno les importe la muerte de los bosques y la poca área verde que ya queda, además de la lucha por sobrevivir de la comunidad de San Isidro Aloapam, con tal de seguir obteniendo ingresos por varios millones que deja el negocio ilícito de la madera, a Pablo López, en el 2000, siendo una autoridad del pueblo fue acusado y preso junto con otros 10 comuneros.
Los delitos fueron prefabricados, los más conocidos y comunes para los activistas rurales siempre han sido ‘ataques a las vías de comunicación’, además de robo de madera, cuyo monto es de tres millones de pesos, a él que era el mayor representante de la defensa en contra de la tala del monte”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO Claudia Álvarez, abogada derechohumanista.
En el expediente se encontraron graves irregularidades, que fueron las mismas que integraron la averiguación previa 276(II)2007, construida por el agente del ministerio Publico investigador del segundo Turno de la Villa de Etla, quien dio paso a la causa penal 102/2007 que incrimina a Pablo López Alavez.
“Ilegalidades e injusticias conformaron la prefabricación perfecta, que en colaboración con dependencias y jueces corruptos, ayudados de grupos paramilitares priistas de San Miguel Aloapam, que por años han asolado a la población, e incluso llegado a la violencia extrema, quitaron el obstáculo que representaba Pablo”, sentencia la abogada.
José Ángel H., poblador de San Miguel Aloapam, explica a Revolución TRESPUNTOCERO, “a Pablo López no lo detuvieron, a él le pasó algo peor, a él lo secuestraron a medio día, en el camino que lleva al río La Virgen, como todos los días acarreaba arena para construir su casa, iba con su esposa y sus hijos, todos ayudaban a la construcción.
Una camioneta de tres toneladas se le atravesó, se bajaron alrededor de 20 hombres vestidos de negro y encapuchados con armas de grueso calibre, así fue como los encañonaron, le rompieron los vidrios de su camioneta, golpearon a su esposa y sus hijas, al pequeño de cinco años lo aventaron varios metros, lastimándolo severamente, mientras que a Pablo lo amenazaron con las armas y se lo llevaron con rumbo desconocido en su misma camioneta, esos hombres eran priistas, paramilitares que están a las órdenes de las autoridades que hacen millones con el negocio ilícito de la tala”.
Hasta el martes 15 de diciembre, Pablo y otros 10 defensores rurales, cumplieron cinco días de huelga de hambre en el penal de Etla, donde se encuentra desde hace 15 años. A la par, como signo de solidaridad, miembros del Consejo Indígena Popular, se unieron a su lucha en un ayuno frente a Palacio de gobierno, así es como en total, son 10 indígenas en dicho acto de protesta en la búsqueda de justicia.
“El ayuno y la huelga de hambre parece ser que no es suficiente para un gobierno inhumano a quien no le importa. De hecho, que ellos murieran sería un favor para el gobierno, la integridad física de los presos y de los compañeros afuera no es determinante para hacer justicia, porque los mismos que lo incriminaron son quienes lo juzgan, como todas las injusticas priistas del país, son juez y parte, entonces ellos tienen el poder”, explica José Ángel.
En noviembre pasado se dio una recomendación para ejecutar la libertad de Pablo López Alaves, sin embargo ésta no fue tomada en cuenta, “van hacer todo lo posible porque él se quede ahí mayor tiempo, por eso a nivel nacional se están tocando puertas que la sociedad se entere de este tipo de casos, porque es la única manera que el activista obtenga su libertad. Además, dar a conocer la tala indiscriminada puede visibilizar la problemática y habría mayor interferencia de las ONG’s, que es lo que realmente deseamos, que detengan la corrupción e impunidad del gobierno, quien permite que autoridades locales y estatales se enriquezcan a costa de la aniquilación de los bosques”, explica Álvarez.
Los pobladores de San Miguel, exponen que el encarcelamiento de los activistas no es más que la evidente prueba que están trastocando los intereses de un grupo de poder a quienes no les conviene se detentan la explotación de los bosques.
A su vez aseveran contundentemente que ese grupo está integrado tanto por criminales, paramilitares, como por autoridades priistas que son los líderes de los embates a la población defensora.
“Después de 15 años, todavía el gobierno nos pide descaradamente que le demos información de Pablo, que seamos nosotros quienes le indiquemos el penal donde se encuentra y su nombre completo.
Para nosotros significa un insulto pues no es la primera vez que demandamos una mesa para este caso. A esto se le suman las burlas que recibe en forma constante nuestro compañero defensor Pablo, dentro del penal, además de los ataques constantes, cuando le ofrecen comida o le ponen la comida enfrente, esto por órdenes del director del penal, además se le ha negado sueros orales para mantenerlo en buena hidratación”, han denunciado los miembros del Consejo Popular Indígena.
El grupo de activistas, tanto fuera como dentro del penal, aseguran que mantendrán la huelga de hambre hasta que las autoridades revisen el caso “a conciencia”, y acepten que existen inconsistencias y rectifiquen, porque saben que sólo así se logrará libertad a Pablo López.
