(20 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La lucha de la Tribu Yaqui en contra del Acueducto Independencia continúa, a pesar del intento de las autoridades por mantener en operaciones esta obra.
En palabras de Tomas Rojo, vocero de la Tribu Yaqui, la lucha de esta comunidad es contra la imposición de un proyecto de muerte, pues de continuar representaría la extinción de este pueblo originario de Sonora.
Rojo manifestó que para los integrantes de la tribu, el acueducto esta derrotado legalmente ya que “el proyecto esta impugnado en su licitación y no cuenta con un manifiesto de impacto ambiental, el cual está sujeto a la consulta libre e informada hacia la Tribu Yaqui”.
“El acueducto independencia es un proyecto de despojo en contra de los pueblos originarios, que actualmente se pretende imponer con iniciativa del gobierno de Sonora y toda la estructura del Estado. Es un proyecto que está robando 70 millones de metros cúbicos de agua”, dijo.
Tomas Rojo recordó que la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) ratificó el amparo a través del cual se restituye el derecho de audiencia de la tribu Yaqui, y se ordena a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizar la consulta, misma que tuvo que haberse realizado antes de poner en marcha la obra.
“Esa consulta debió haber sido previa, libre e informada, pero no cumple con esos estándares internacionales (…) La consulta no fue previa porque el acueducto está operando. La sentencia de la corte restituyendo nuestro derecho de audiencia se hizo el 8 de mayo de 2013. El acueducto empezó a operar en abril de 2013. El acueducto tiene 2 años operando, y de acuerdo a la Conagua, sólo está operando a la mitad de su capacidad, con lo cual están trasvasando 30 millones de metros cúbicos al año. Ósea, de 2013 a la fecha son un promedio de 60 o 70 millones de metros cúbicos que esta trasvasando sin importar que esté impugnada su licitación, su construcción, su derecho al agua en cuestión. No cuenta con manifiesto de impacto ambiental, entonces es totalmente ilegal, y el agua que se está llevando es un robo”, apuntó.
Enfatizó que el proyecto esta legalmente derrotado y dijo que la consulta no ha sido totalmente libre, ya que dos integrantes de la tribu fueron encarcelados a través de un proceso poco claro.
Aunado a lo anterior, Tomas Rojo demandó que se ha emprendido una campaña de odio en contra de los integrantes de esta comunidad, en donde se ha tratado de poner a la tribu Yaqui como “los criminales egoístas que no quieren compartir el agua”.
A lo anterior, agregó que el Estado mexicano ha permitido a los promotores del acueducto violar sistemáticamente la ley y dijo “se han presentado flagrantes violaciones a los derechos humanos en contra de los Yaquis”.
Por otro lado, el vocero de la tribu manifestó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha desarrollado estudios en donde demuestra que la construcción y operación del acueducto afecta gravemente a la comunidad en el terreno ambiental y cultural, lo que pone en peligro su existencia.
“El INAH hizo un peritaje antropológico donde expuso que el acueducto está causando daños irreparables e irreversibles a nuestro pueblo. Si nos remetimos a la sentencia que salió el 8 de mayo, la Corte dijo que si en el transcurso de la consulta se advierte algún daño irreparable e irreversible al pueblo Yaqui, el acueducto debe dejar de operar. Los estudios nos lo advirtieron, demostraron que hay daño irreparable a la vida interna por lo que la operación debería ser cancelada, pero no han respetado la ley. Bajo esa condición, hemos derrotado al acueducto, porque si se aplica al pie de la letra la ley y la Corte interpreta la ley, el acueducto debió haber sido cancelado desde el inicio de su operación de la consulta”, manifestó.
Tomas Rojo advirtió la posibilidad de que las autoridades hayan mandado a realizar la consulta como un mero trámite, con el fin de que se otorgue el certificado de impacto ambiental que termine de avalar la operación del acueducto.
En lo referente manifestó que como medida para evitar este posible escenario, se ha iniciado la caravana en defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida. Asimismo explicó que se pretenden agotar todas las instancias legales en México y señaló que ya se acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares.
“Estamos en ese camino de agotar todas las instancias. Hemos acudido a instancias internacionales para solicitar medidas cautelares ante la CIDH; actualmente están en proceso de resolver. La primera va encaminada a pedir respeto a los derechos humanos de los defensores que están en lucha, y la otra contra la operación del acueducto, que creo la Corte está a punto de otorgarnos esa medida cautelar”, señaló.
Al respecto manifestó que la sociedad mexicana no debería tener la necesidad de acudir a instancias internacionales, sin embargo, dijo, se debe recurrir a ellas porque el Estado mexicano no ha demostrado la capacidad y voluntad para dar solución a esta clase de problemáticas.
“Ahora estamos luchando contra una forma sofisticada de exterminio contra nuestro pueblo. Al cerrarnos y limitarnos el uso del agua, es una forma sofisticada para erradicarnos. Lo que no otra clase de represiones, esto lo pude lograr, por eso estamos luchando. Lo que hagan con la tribu Yaqui lo van a querer hacer con los demás pueblos indígenas y lo que hagan con los pueblos indígenas lo van a querer hacer con todos los mexicanos”, expuso.
Debemos articular las luchas
Tomas Rojo habló sobre la caravana que pretende llegar el día 22 al zócalo de la Ciudad de México.
En tal sentido manifestó que la caravana surgió como una medida para visibilizar las múltiples luchas en defensa de los recursos que se están dando en el país. Asimismo dijo que la intención primordial es articular todas las luchas, en aras de que no quede ninguna más aislada.
“Esta caravana surgió para visibilizar a las múltiples luchas del agua, contra el despojo y ante una política de destrucción y muerte. Entonces ante ese trance estamos construyendo una organización a nivel nacional con el objetivo de visibilizar las luchas, articular a las organizaciones y crear un proyecto de lucha a corto, mediano y largo plazo”, sentenció.
En tal sentido, expuso que la lucha contra la iniciativa de la Ley General del agua se contemplará dentro de las batallas a corto plazo.
“Para el día 20 de mayo habrá una reunión en Ayala con el fin de lanzar la convocatoria para el nuevo Plan de Ayala. El día 22 de harán mesas de balance de lo recabado en la caravana, se hará un documento político para dar un informe de cómo está la situación de los recursos naturales, los pueblos indígenas, la situación con los mega proyectos, con los despojos de los territorios a nivel nacional” puntualizó.
