(25 de febrero, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO) El Acueducto Independencia, el gobierno del estado de Sonora y el gobernador de la entidad, Guillermo Padrés, están derrotados legalmente, aseguró este martes Tomás Rojo, vocero de la tribu yaqui durante la presentación del informe “Una sentencia fallida. El incumplimiento del gobierno mexicano de la resolución emitida por la SCJN en el marco de la consulta a la Tribu Yaqui” elaborado por la Misión Civil de Observación de la Consulta.
Hay instancias que se han negado a cumplir la ley “y siempre han hecho argucias legaloides” para poder ejercer sus deseos, argumentó Rojo, quien aseguró que durante la lucha yaqui contra el acueducto, se han violado derechos humanos y estándares internacionales para la resolución del conflicto.
Durante la presentación del informe, Rojo señaló que una comisión de representantes de los pueblos yaquis se reunió con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José Guerra, para ver el proceso actual de defensa del territorio yaqui especialmente en el caso del acueducto Independencia.
Una cita que calificó como “urgente”, pues tocaron el tema respecto al proceso de consulta a los pueblos implicados en la construcción de la obra, una reunión que se dio tras el cuestionamiento y críticas que ha recibido el gobierno mexicano por parte de gobiernos extranjeros respecto a los derechos humanos en México, mismos que definió como una “garantía, estabilidad y parte de la convivencia pacífica de los pueblos”, indicó Rojo.
Desde el año 2010, el gobierno de Sonora comenzó la licitación y concesión para la construcción y operación del Acueducto Independencia para trasvasar, desde la presa El Novillo, alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora.
“Ese mismo año el proyecto fue sometido a una Manifestación de Impacto Ambiental ante la Semarnat y en el 2011 fue autorizado. Todos estos actos de autoridad se realizaron sin consultar a la Tribu, en franco incumplimiento de la ley nacional e internacional”, aclara el documento emitido por las 25 organizaciones que conforman la Misión de Observación antes mencionado.
Rojo argumentó tener la suspicacia de que las autoridades correspondientes no le quieren dar el valor de petición de consentimiento que debería tener, razón por la cual insisten en la cancelación del funcionamiento del Acueducto Independencia antes de que termine la consulta.
Por su parte, Pablo Reyna, de la Universidad Iberoamericana advirtió que “los pueblos indígenas tienen que organizarse, luchar y resistir para exigirle al gobierno que los derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales deban ejercerse”.
Hoy en la presentación del informe de la Misión Civil de Observación de la Consulta de la tribu yaqui @SerapazMexico pic.twitter.com/nYzLAw4LxT
— Alina R.Duarte (@aLinnoize) February 25, 2015
“El caso de la consulta que mandató la SCJN a la Semarnat para el proceso del acueducto Independencia es paradigmático, una instancia del gobierno del poder judicial, ordenándole al gobierno que construya las condiciones necesarias para que la tribu yaqui ejerza sus derechos y como también es costumbre en este país, eso no es suficiente para que se haga conforme al marco institucional que se ha construido”, aseguró Reyna.
El académico insistió en el carácter previo, informado, libre y de buena fe en el que debe desarrollarse la consulta que de proceder, podrá sentar precedentes para otros procesos similares en todo el país.
El informe emitido por la Misión Civil de Observación busca demostrar de manera fehaciente la violación reiterada por parte de las autoridades mexicanas a los derechos humanos de la Tribu Yaqui, “primero por la construcción, autorización y operación de una obra sin consulta previa y, luego, por permitirse que el Acueducto Independencia siga operando durante la etapa de consulta, a pesar de que ya se ha evidenciado ante distintas instancias que se está ocasionando un daño irreparable a los derechos colectivos de la Tribu Yaqui. Ninguna de las dependencias responsables ha tomado la decisión de suspender su operación”.
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