(18 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- A pesar que su principal función es establecer normas y lineamientos para que la sociedad pueda convivir de la mejor forma posible, el Congreso de la Unión está a punto de violar un mandato constitucional que, en teoría, lo obliga a aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción antes del 28 de mayo, toda vez que por lo menos siete leyes susceptibles de modificaciones siguen pendientes en el Senado de la República por falta de acuerdos.
Aunque parece una ironía, en las últimas legislaturas este ha sido un tema recurrente. Hace apenas unos días, la Cámara de Diputados incurrió en otro desacato al ignorar un lineamiento que señala que en el procedimiento para retirar el fuero -en este caso el de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez López, del Partido Acción Nacional (PAN)- una vez que la Sección Instructora, luego de realizar las diligencias necesarias para comprobar que la conducta o hecho delictivo se configura, entrega su dictamen al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, el pleno debe reunirse y resolver la imputación dentro de los tres días naturales siguientes.
Este plazo venció el sábado pasado, tomando en cuenta que el dictamen fue aprobado y entregado el 11 de mayo. Aunque el Congreso se encuentra en receso parlamentario, la Comisión Permanente es el órgano facultado para convocar a sesiones extraordinarias, pero del cierre del periodo ordinario –el 30 de abril- a la fecha, sólo se ha reunido en tres ocasiones, la primera de ellas, únicamente para instalarse formalmente.
Cabe recordar que Lucero Sánchez está sujeta al procedimiento para determinar si, como servidora pública que goza de inmunidad procesal, es responsable de la comisión de los delitos de falsificación de documentos oficiales y de tener vínculos con la delincuencia organizada, luego que fuera relacionada con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo a quien visitó en repetidas ocasiones mientras se encontraba preso en el penal de El Altiplano, ubicado en el estado de México.
Francisco Martínez Neri, coordinador del PRD en San Lázaro, explicó que al no estar reunida la Cámara de Diputados por el receso, se abre la necesidad de convocar a un período extraordinario para votar ese dictamen, pues el juicio de procedencia sólo compete a los diputados. Una vez votado y en su caso, aprobado el retiro del fuero, la diputada panista quedará bajo disposición de un juez.
La solicitud
El coordinador perredista, acompañado de los diputados Omar Ortega Álvarez –vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente- y Xavier Nava Palacios, vocero de la bancada, informó que presentarán hoy un punto de acuerdo para solicitar a la Permanente que la Cámara de Diputados tenga un periodo extraordinario para desahogar el dictamen de la Sección Instructora y votar el desafuero en contra de la diputada del PAN.
Los perredistas pretenden que sea este jueves 19 de mayo cuando inicie el extraordinario y concluya “una vez que se hayan resuelto los asuntos legislativos que establezca la convocatoria”.
El marco normativo señala que la Comisión Permanente no puede dispensar el trámite de ningún asunto, lo que implica que “a los argumentos legales no se pueden anteponer intereses o situaciones particulares, sean políticas o de partido”, subrayó Martínez Neri.
Omar Ortega acusó al gobierno federal, encabezado por Peña Nieto, de “querer limpiarse la cara, con un discurso de procuración de justicia, de estar apegado a derecho, de generar las mejores condiciones para darles certeza a todos los ciudadanos”, pero al mismo tiempo, entorpecer los procesos legislativos con argumentos poco válidos.
Xavier Nava acusó a César Camacho, coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de bloquear temas pendientes a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que preside el exdirigente nacional del tricolor y, en contubernio con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de asumirse como “dueños del Congreso”.
El potosino criticó la nula respuesta del PRI y sus aliados para aprobar las leyes anticorrupción.
La pelota, en la cancha de las Jucopo
La Primera Comisión de la Permanente reconoció que aunque la Sección Instructora aprobó el dictamen para desaforar a Sánchez López, será a través de la Junta de Coordinación Política de cada cámara que se acuerde el llamado a periodo extraordinario, aunque la de San Lázaro no puede reunirse si no es a solicitud de su presidente, César Camacho, a quien perredistas acusan de obstaculizar el tema.
El pleno de este órgano legislativo se limitó a aprobar un acuerdo para pedir a las juntas analizar la posibilidad de realizar una convocatoria, aunque argumentaron que hay temas de la agenda legislativa que no se encuentran dictaminados.
La Jucopo del Senado de la República se ha reunido para impulsar consensos en las Mesas Directivas de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Puntos Constitucionales, de Justicia y de Salud.
En el Congreso están pendientes de dictaminar temas como la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, así como la Miscelánea Penal.
Además, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; la relativa al Mando Único y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Sin embargo, el senador del PRI, Enrique Burgos García, apuntó que no hay condiciones para celebrar un periodo extraordinario, pues las comisiones dictaminadoras en la Cámara Alta aún no cuentan con dictámenes para ser presentados ante el Pleno. Edgar Romo García, diputado del tricolor, se manifestó por esperar los acuerdos que tomen en la Jucopo de cada recinto parlamentario.
