No ameritó la difusión que obtienen notas con cifras susceptibles de manipulación sesgada en contra de la 4T o comentarios del presidente sacados de contexto o recortados para provocar percepciones de rechazo. No le dedicaron días como tema de debate en mesas de análisis de los medios. Hubo algunas burlas en redes sociales, pero tampoco con la insistencia y la intensidad acostumbradas cuando se trata de algún asunto cuya retención en la memoria de las personas se desea fervientemente.
Y, sin embargo, se trata de un acto de importancia primordial para la vida pública. De una evidencia contundente más de la transformación política, económica, social y cultural que está en proceso desde las elecciones de 2018 que permitieron a Andrés Manuel López Obrador convertirse en presidente de México.
El miércoles 4 de agosto, el gobierno de México presentó una demanda civil contra 11 empresas de armas estadounidenses ante un tribunal federal de Massachusetts.
Es la primera vez que un gobierno nacional demanda a los fabricantes de armas en Estados Unidos.
Los acusa de negligencia por facilitar el tráfico ilícito y detonar así la violencia en México. Su pretensión consiste en que reparen el daño y garanticen que no se repetirá.
Estas empresas demandadas, en caso de que el gobierno mexicano resulte victorioso en el litigio, deberán compensar los daños causados por un monto que se determinará en el juicio, cesar de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daños en México, así como establecer y aplicar estándares razonables para supervisar y vigilar a sus distribuidores, además de hacerse cargo de estudios, programas, campañas en medios y otros mecanismos dirigidos a prevenir el tráfico ilícito de armas.
Como puede verse, se trata de una demanda muy completa que exige medidas concretas y justificables a las empresas cuyos productos, hasta ahora, sólo les han brindado pingües ganancias sin responsabilidad alguna por las consecuencias mortales de los mismos a la sociedad, no sólo de su país sino de otras naciones como México.
Es un acto inédito por múltiples razones.
La vía escogida es la civil, donde uno de los objetivos consiste en la reparación mediante una compensación monetaria por los daños causados al no tener el cuidado que se esperaría tomara cualquier fabricante de otro producto. Es decir, la vía está dirigida a uno de los flancos que más les duele, que más lastima a las empresas: el dinero.
Hay precedentes que justifican esta acción. Una demanda presentada contra Remington (fabricante de armas) por las familias de los niños asesinados en el tiroteo de la escuela Sandy Hook en 2012 está permitiendo negociar un acuerdo de 33 millones ofrecidos por la compañía, lo que abre así un nuevo canal jurídico para que las víctimas de la violencia armada responsabilicen a los fabricantes.
La histórica demanda del gobierno mexicano constituye una sana y necesaria “insolencia” que apela a la reciprocidad en un asunto tan delicado donde México siempre ha estado sometido a los dictados de su vecino del norte. Ahora, en cambio, se está adoptando una actitud proactiva. Estados Unidos, principal consumidor de drogas en el mundo, lleva décadas presionando y exigiendo a México (y al mundo entero a partir de la imposición de su guerra contra las drogas) acciones contra el narcotráfico, incluso aunque fueran lesivas para la seguridad y el bienestar de nuestro país. En esta ocasión se está emprendiendo un movimiento claro para que, por parte de Estados Unidos, se tomen medidas serias y contundentes sobre el tema de las armas que se envían a nuestro territorio. No se está reemplazando el diálogo político con el gobierno estadounidense en torno al problema que se desató con la guerra contra las drogas, sino que se está reforzando al responsabilizar judicialmente a las empresas que obtienen ganancias descomunales sin aplicar el menor control sobre sus clientes ni sobre las armas cada vez más letales que producen y que no tienen dispositivos de seguridad ni capacidad de rastreo.
Aunque México cuenta con leyes estrictas sobre venta y uso privado de armas, no sirven de mucho cuando no existe un control por parte de los Estados Unidos, ya que los grupos del crimen organizado utilizan armas estadounidenses que ilegalmente ingresan a territorio mexicano. Basta conocer un dato para confirmar esto: 70% de las armas de fuego que fueron rastreadas entre 2014 y 2018 son de origen norteamericano.
Se acusa a los fabricantes de facilitar activamente el flujo de armas hacia los carteles del narcotráfico y fomentar la venta ilegal, mediante acciones y prácticas comerciales deliberadas con consecuencias previsibles como las estrategias de mercadotecnia perversas enfocadas directamente a clientes mexicanos: armas con sobrenombres y temas en español o el escalofriante ejemplo del arma que asesinó a la periodista Miroslava Breach Velasco y que tenía grabado el rostro de Zapata y la cita que se le atribuye: “Es mejor vivir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.
Recordemos lo que Alex Lebaron pidió en Twitter en 2019 al entonces presidente Trump, después de la matanza de tres mujeres y seis niños de su familia con armas de procedencia estadounidense: “¿Quiere ayudar? Concéntrese en reducir el consumo de drogas en Estados Unidos. ¿Desea ayudar un poco más? Evite que los vacíos legales de la AFT (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y la ley de armas inyecten sistemáticamente armas de asalto de alto poder en México”:
Aunque no fue en Estados Unidos, ya hay un antecedente internacional donde una fábrica de armas fue condenada por la venta ilegal de sus productos a nuestro país. Un tribunal en Alemania condenó en 2019 a la empresa armamentista Heckler & Koch a una multa de US$4,2 millones y a dos de sus empleados a penas de libertad condicional, en el marco de un proceso por envío ilegal de cerca de 5000 rifles de asalto G36 y otras armas más pequeñas a México.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado un paso todavía mayor y más significativo con esta demanda sin precedentes. Aunque hay expertos legales que señalan que se trata sólo de una forma de llamar la atención del gobierno de Estados Unidos para llegar a un acuerdo, también afirman que podría brindar apoyo político al fortalecimiento del control de armas en ese país y reducir la enorme inmunidad que su ley federal otorga a las compañías de armamento. Venden su mercancía a cualquier distribuidor con licencia a pesar de las señales de advertencia que indican que está conspirando con compradores falsos y otras personas para traficar hacia México. Los contrabandistas suelen reclutar a estadounidenses sin antecedentes penales para que compren varias armas a la vez en diferentes tiendas y crucen la frontera con ellas.
En la demanda del gobierno mexicano se manifiesta que las leyes estadounidenses sobre armas inciden directamente en la sangre derramada en nuestro país. En 2004 se eliminó la prohibición existente sobre armas de asalto de estilo militar en Estados Unidos y, con ello, los fabricantes aumentaron la producción de estos artefactos que tanto aprecian los cárteles de la droga. A partir de esa fecha, los asesinatos en México se incrementaron exponencialmente.
Steve Shadowen, el abogado que representa al gobierno mexicano ante los tribunales de Estados Unidos, ha explicado que esta demanda no se trata de un acto simbólico, sino de una acción muy seria con antecedentes judiciales que la favorecen.
El Estado mexicano debe demostrar que tiene derecho a demandar a los fabricantes de armas por ser afectado directo de sus ventas. Y hay muchas formas de probar esto. A partir del comienzo de este siglo XXI, aproximadamente 30 ciudades y condados de Estados Unidos demandaron a estas empresas alegando el perjuicio causado por el sector armamentista que había incrementado la violencia y las hospitalizaciones, además de haber causado un daño económico. Estas ciudades y condados empezaron a ganar las demandas.
No sólo México tiene la responsabilidad y el interés de frenar el ingreso ilegal de armas y el uso que se hace de ellas. También Estados Unidos es actor principal si realmente desea reducir el tráfico de estupefacientes, tal cual lo ha declarado desde el principio en su discurso como la razón de la guerra contra las drogas que impuso al mundo entero. Las armas son utilizadas para pelear contra la policía y el ejército mexicanos con el objeto de traficar sus drogas. Para reducir el comercio ilegal de estupefacientes debe disminuir también el tráfico de armas, situación que ninguno de los dos países ha podido lograr porque no poseen la información sobre las ventas para rastrearlas. Son las compañías de armamento quienes tienen acceso a esta información de las ventas en tiempo real. Lo que se desea con esta demanda es forzarlas a hacer su parte y tomar medidas razonables para reducir las consecuencias letales de sus productos, para disminuir la violencia exacerbada que la falta de control y el tráfico ilegal han provocado en México.
Con esta demanda, el gobierno mexicano, en consonancia con la transformación que pretende con respecto a los regímenes neoliberales pripanistas, está emitiendo por primera vez un mensaje importantísimo: el interés colectivo debe primar sobre el interés individual. La vida de las personas es un bien jurídico, ético y social superior a las ganancias de unos cuantos, en este caso, de las empresas armamentistas.
El centro de fabricación de armas en Estados Unidos se localiza en el noreste del país, en Connecticut y en Massachusetts. Y es por eso ahí donde el gobierno mexicano ha presentado su demanda.
La lucha contra la violencia ya no sólo es retórica como en las épocas pripanistas neoliberales. Se está traduciendo en una acción real, tajante y totalmente legal y legítima. Tanto es así que, incluso detractores mediáticos férreos del gobierno de la 4T han tenido que reconocerlo, como Raymundo Riva Palacio o Salvador García Soto. Era imposible que evadieran un asunto de tal envergadura. Y no había manera de estar en contra de la medida gubernamental si pretenden seguir utilizando el tema de la violencia para sus propios fines de denostación contra el gobierno de AMLO. ¿Quién podría creerles que les importa el dolor y la sangre de los mexicanos si se atrevieran a oponerse a una acción dirigida a frenar las masacres perpetradas con las armas ilegales que ingresan a México? Estos articulistas a regañadientes se vieron en la necesidad de reconocer el gran mérito de esta demanda. Sin embargo, dichas columnas en particular no fueron posicionadas machaconamente en las principales tendencias de las redes sociales, como sucede siempre que versan sobre adivinanzas, rumores o chismes en contra de la gestión del presidente.
Este curso legal adoptado por el gobierno mexicano contradice todas esas insinuaciones de mala fe y sin sustento alguno, que se propagaron después de las elecciones intermedias de junio a fin de tratar de explicar la derrota sufrida por la oposición: el supuesto de que el contubernio de los cárteles del narcotráfico con el gobierno de la 4T fue lo que permitió obtener la victoria en diversas gubernaturas.
Es obvio que los fabricantes de armas van a luchar encarnizadamente con todos sus recursos contra esta demanda, dadas las enormes ganancias que obtienen vendiendo sus armas sin control alguno. Alegarán que no es cierto que el armamento es traficado ilegalmente. No obstante, esta argumentación choca con la realidad debido a que en las matanzas perpetradas en territorio mexicano esas armas son protagonistas. Y las pruebas forenses así ya lo han demostrado.
En este caso, son los sujetos políticos -los gobiernos de México y Estados Unidos- los que han tenido que emprender esfuerzos para solucionar el elevado consumo de drogas y la violencia desatada por la prohibición de este consumo. Y es lo procedente y lógico. Pero quienes han resultado más que ganadores (además del crimen organizado) han sido las compañías armamentistas sin sufrir un solo rasguño ni asumir responsabilidad alguna. Con esta demanda, por fin se le está exigiendo rendir cuentas a un actor económico, empresarial, cuyos actos, sin ningún control, sólo le redundan beneficios, mientras que las consecuencias desastrosas de estos actos y de sus productos las sufre la colectividad, la sociedad, sin resarcimiento. Es lo que se ha considerado normal y hasta deseable en este mundo neoliberal. Pero parece que la tolerancia de las víctimas se está acabando.
Por el bien de todos, mexicanos y estadounidenses, sería muy deseable que prospere esta demanda. Pero el mensaje político emitido a este sector económico ya es muy claro. Y representa un avance.
La retórica y práctica bélica comenzada en el sexenio del panista Calderón, quien dócil e, incluso, gustosamente, se plegó a la llamada guerra contra las drogas cuyos estragos de sangre, dolor y miseria seguimos padeciendo, ha dado un giro de 180 grados con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
No sólo dio por terminada dicha guerra en el discurso: “Ya no hay guerra contra el narcotráfico, oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz y vamos a conseguirla”.
Ahora esta demanda se erige como un arma más para lograr esa paz que tanto anhelamos.
