Ciudad de México, México – La capital mexicana se prepara para poner fin a la problemática de los “franeleros” y “viene-viene”, esos personajes que apartan lugares en la calle y exigen pagos por estacionar o cuidar autos. El Congreso de la Ciudad de México aprobó en comisiones una importante reforma a la Ley de Cultura Cívica que busca erradicar estos abusos, impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. La medida estrella: un arresto inconmutable de 24 a 36 horas para los infractores, sin la posibilidad de pagar una multa o hacer trabajo comunitario para librarse.
La larga batalla por el espacio público: Un tema de seguridad ciudadana
La problemática de los franeleros no es nueva en la Ciudad de México. Desde hace años, esta práctica ha generado quejas constantes por congestión vehicular, intimidación, extorsión y hasta robos o daños a la propiedad. La iniciativa aprobada busca recuperar la vía pública para el libre uso y disfrute de los ciudadanos, garantizando la movilidad y seguridad en las calles.
La reforma, que se espera sea votada en el pleno del Congreso en sesiones extraordinarias de agosto, incorpora un nuevo artículo 28 bis en la Ley de Cultura Cívica. Este artículo establece “infracciones especiales contra la seguridad ciudadana relacionadas con la ocupación de la vía y el espacio público”. Las conductas específicas que serán sancionadas incluyen:
- Apartar con cualquier objeto lugares de estacionamiento.
- Obstaculizar o impedir el uso de espacios públicos para estacionar.
- Exigir de cualquier manera un pago por vigilar, estacionar, cuidar, lavar o asear vehículos.
- Aprovecharse indebidamente del espacio público para obtener un beneficio.
La clave de esta reforma es el arresto inconmutable, lo que significa que la sanción no podrá ser sustituida por una multa o trabajo comunitario, buscando un efecto disuasorio más fuerte.
El diputado de Morena y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, ha defendido la reforma, señalando que permitirá abordar de mejor manera la apropiación indebida del espacio público y mejorar la seguridad. En sus palabras, “el espacio público es un derecho colectivo protegido por la Constitución”.
Sin embargo, la propuesta no fue aprobada por unanimidad. Mientras que Morena, el PVEM y el PAN (con reservas) votaron a favor, el PRI y Movimiento Ciudadano se abstuvieron. El PAN, a través del diputado Mario Enrique Sánchez Flores, expresó preocupaciones sobre el proceso legislativo y advirtió que la reforma podría ser usada para “reprimir la libertad de expresión y la protesta social”, aunque finalmente respaldó el dictamen.
La iniciativa aclara que no busca penalizar a las personas trabajadoras no asalariadas o en situación de calle, sino específicamente a quienes realizan las conductas que afectan los derechos de terceros al obstruir, estorbar o impedir el uso de la vía pública, coaccionar para obtener dinero o cobrar por el uso de un espacio público que no les pertenece.
Este avance legislativo es un paso importante para devolver el control del espacio público a los ciudadanos y reducir la incidencia de delitos asociados a estas prácticas, contribuyendo a una ciudad más ordenada y segura.
