La ministra María Estela Ríos González propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalar la reforma al artículo que regula los desalojos en la Ciudad de México, en la que se eliminó la obligación de reubicar a personas vulnerables desalojadas para evitar que terminen en situación de calle.
La discusión del proyecto está programada para el lunes 19 de enero, por lo que organizaciones de la sociedad civil exigieron aplazar la discusión del asunto y convocar a audiencias públicas para debatir antes el tema.
“El proyecto de la ministra Estela Ríos que la SCJN está a punto de votar, podría consolidar un escenario aún más grave, en que se declararía constitucional una fragrante regresión a la protección que las personas desalojadas y potencialmente desalojados ya habían ganado y permitiría que se sigan llevando a cabo desalojos sin garantía de derechos humanos”, advirtió el Frente por la Vivienda Joven.
A través de un comunicado, la organización explicó que anteriormente el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la CDMX establecía que quienes fueran objeto de un desalojo debían ser notificados con anticipación, se debía evitar el uso de la fuerza y que, en caso de ser personas vulnerables, se les dieran opciones de reubicación.
Reforma en 2019
Sin embargo, en el año 2019, durante la administración de Claudia Sheinbaum en la CDMX, el Congreso capitalino reformó dicho artículo y la nueva redacción no prevé ninguna de esas obligaciones para las autoridades.
“En años recientes, los lanzamientos o desalojos han aumentado por la gran especulación inmobiliaria, en que se busca demoler viviendas para construir grandes edificios y centros comerciales, migrar viviendas de rentas fijas a rentas turísticas, aumento abusivo de cuotas de renta, desalojos por deudas de créditos hipotecarios, etc.”, aseguró el Frente.
De acuerdo con el colectivo, en el 2019, colectivos vecinales, movimientos sociales y redes por la vivienda propusieron al Congreso capitalino una redacción que incluía estándares internacionales en la materia.
Además de que establecía un catálogo de derechos para que las personas desalojadas pudieran ser oídas y vencidas en juicio y, en caso de perder, ser reubicadas, así como la elaboración de estadísticas que permitan elaborar una política de vivienda.
“Ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto”, expresó.
