El informe anual 2020 (Forma 20-F) que Petróleos Mexicanos (Pemex) rinde ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. De nueva cuenta reveló el daño patrimonial que causó la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.
Así lo publicó la revista Contralínea en su artículo Agro Nitrogenados, el barril sin fondo de Pemex. En el que se detalla que el daño patrimonial supera los cuatro mil 200 millones de pesos. Que incluyen el sobreprecio y el gasto que ha implicado tratar de echarla andar.
“De ahí la importancia del acuerdo entre la Fiscalía General de la República y el empresario Alonso Ancira. Quien vendió la planta a Pemex en 2014 y que se comprometió a devolver los 216 millones de dólares del sobreprecio. A cambio de evitar la cárcel”, publicó la revista.
Así, Pemex presentó el informe que da cuenta de que en 2014 adquirió esa planta de producción de fertilizantes nitrogenados, “que se encontraba fuera de operación (por más de 14 años), y que se ubica en Pajaritos, Veracruz”.
“Después de la adquisición, iniciamos un importante proyecto de rehabilitación que implicó la restauración de nuestro equipo rotativo. Estático y mecánico y la rehabilitación de una estación de compresión. La rehabilitación de este complejo se completó en el segundo trimestre de 2018. Pero si bien las pruebas se iniciaron en ese momento, la producción no pudo estabilizarse. Debido a la operación discontinua de nuestro complejo petroquímico Cosoleacaque”, se le en el informe de Pemex.
Además, el informe reconoce que “la escasez de gas natural para su uso como materia prima provocó un suministro insuficiente de amoniaco y dióxido de carbono. Por ello la planta de Pro-Agroindustria comenzó a producir urea de manera intermitente a partir de abril de 2020. El complejo dejó de operar en la segunda quincena de diciembre de 2020. Por interrupción en el suministro de materias primas. Y reanudamos operaciones en la planta de Urea I en abril de 2021”.
En total, la planta chatarra le costó a Pemex más de 485 millones de dólares. La adquisición costó 275 millones de dólares: 264 millones por los activos y 11 millones por los inmuebles. Pese a que el Indabin determinó que requería más inversión que el beneficio que daría.
“Adicionalmente a la compra, el 26 agosto de 2015 PMI Holdings, BV, una de las filiales que Pemex poseía en paraísos fiscales. Autorizó un incremento de 215 millones de dólares para la rehabilitación inmediata. Que finalmente tampoco sirvió. Así, el costo total fue de 485 millones de dólares”, indicó Contralínea.
