El juez federal Frederic Block, de la corte de Nueva York, ha dado de plazo hasta el próximo 18 de agosto para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos responda a la solicitud de los abogados de Rafael Caro Quintero. La defensa del capo, conocido como el “Narco de Narcos”, exige que se relajen las estrictas condiciones de aislamiento en las que se encuentra, argumentando que violan sus derechos y dificultan su defensa.
Un reclamo por el trato a Caro Quintero
Desde que fue entregado a Estados Unidos en febrero de este año, Caro Quintero, de 71 años, ha estado recluido en un penal de máxima seguridad. Según sus abogados, encabezados por Mark DeMarco, las condiciones son extremas: el capo pasa 23 horas al día en una celda pequeña y sin ventanas, y los fines de semana está confinado las 24 horas. Sus comidas se le pasan por una ranura en la puerta, come solo, y la luz de su celda permanece encendida todo el tiempo.
La defensa asegura que el único contacto con su familia han sido “una o dos breves llamadas telefónicas” monitoreadas. Alegan que estas condiciones “vulneran el derecho al debido proceso, a la asistencia legal efectiva y a la libertad de expresión”. Por esta razón, han pedido al juez Block que reubiquen a Caro Quintero en una cárcel “más adecuada y menos restrictiva” o, en su defecto, que se modifiquen las “Medidas Administrativas Especiales” que se le han impuesto.
Un historial de extradiciones y crímenes
La entrega de Caro Quintero a Estados Unidos, junto con otros 28 narcotraficantes, ha sido la más grande en la última década. El capo es uno de los narcotraficantes más buscados, no solo por el tráfico de drogas, sino por haber ordenado el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985. Por este crimen, la Fiscalía estadounidense había considerado la pena de muerte, pero el 5 de agosto anunció que no buscará esta condena. Este mismo tratamiento se ha aplicado a otros capos como Ismael “El Mayo” Zambada y Vicente Carrillo Fuentes, quienes también forman parte de la ola de extradiciones.
A partir de la respuesta del Departamento de Justicia, el juez Block decidirá si ordena un cambio en las condiciones de encarcelamiento o si convoca a una audiencia especial para debatir el tema.
