- La ofensiva estadounidense incluyó bombardeos en diversos sectores de Caracas y otras regiones venezolanas durante la madrugada, acciones que el gobierno de Caracas ha repudiado y que llevaron al traslado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, bajo custodia estadounidense, según anunciaron funcionarios de Washington.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) condenó de manera enfática la operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que resultó en la captura y traslado del presidente Nicolás Maduro a Nueva York, calificada por el bloque como un secuestro del mandatario y una violación de la soberanía nacional. El comunicado, difundido por la organización integrada por varios países de la región, acusa a Washington de ejecutar una acción hostil sin base legal, vulnerando normas del derecho internacional y el principio de no intervención.
La declaración de ALBA describe la ofensiva como parte de una “agresión política y militar” que atenta contra la autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe, así como contra la integridad territorial de Venezuela. Además, el bloque señala que la amenaza y la intervención estadounidense forman parte de un plan geopolítico para debilitar gobiernos que resisten presiones externas y enfatiza que tales medidas contradicen la Carta de las Naciones Unidas.
La ofensiva estadounidense incluyó bombardeos en diversos sectores de Caracas y otras regiones venezolanas durante la madrugada, acciones que el gobierno de Caracas ha repudiado y que llevaron al traslado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, bajo custodia estadounidense, según anunciaron funcionarios de Washington. Las autoridades estadounidenses justificaron la operación con alegatos de delitos graves, incluidos narcotráfico y conspiración, aunque la legalidad de la acción ha sido cuestionada por expertos y gobiernos extranjeros.
La reacción de ALBA se suma a una creciente ola de rechazo internacional. Países como Cuba, China y Brasil han fustigado la intervención, calificándola de violación del derecho internacional y de amenaza para la estabilidad regional. El gobierno venezolano, por su parte, declaró estado de emergencia y exigió garantías sobre la seguridad personal de Maduro y Flores, al tiempo que solicitó pronunciamientos de organismos multilaterales para rechazar lo que denomina una “agresión militar” contra un Estado soberano.
La crisis política y diplomática desatada por estos hechos ha intensificado la tensión entre Washington y gran parte de la comunidad internacional, que ahora enfrenta el desafío de gestionar las implicaciones jurídicas y geopolíticas del conflicto.
