El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha atraído la atención de los reflectores tanto nacionales como internacionales en los últimos días, pues ha logrado de forma meteórica sepultar sus aspiraciones a la presidencia de la República con una serie de acciones políticas que le costarán cualquier postulación a Palacio Nacional en un futuro cercano.
El mandatario jalisciense fue uno de los primeros gobernadores que implementó medidas punitivas contra las personas que salieran a las calles durante la actual contingencia sanitaria por el Covid-19, por lo que suprimió los derechos humanos con el argumento de presuntamente disminuir el número de contagios, una medida que vislumbró la perspectiva represiva de su administración.
Además de la supresión a los derechos humanos, el gobierno de Alfaro incrementará la deuda pública de Jalisco al pedir préstamos de siete mil 450 millones de pesos desde que arribó al gobierno de esa entidad el 6 de diciembre de 2018, siendo el más reciente el pasado 21 de mayo por seis mil millones de pesos, de los cuales tres mil millones de pesos serían destinados para atender la pandemia en el estado.
De esta manera, la deuda pública de Jalisco ascendería a 13 mil 650 millones de pesos, aunque Alfaro en su campaña a la gubernatura se comprometió a no endeudar más a la entidad, situación que ha sido reprobada por la oposición en el Congreso local.
Aunado a estas condiciones negativas, el pasado 4 de mayo Giovanni López, trabajador de la construcción, fue asesinado a golpes por elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, municipio gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y aunque no fue su responsabilidad directa, la supresión de los derechos humanos estaba concedida con el objetivo de hacer valer el aislamiento social.
Ante ello, la semana pasada hubo manifestaciones masivas para exigir justicia por el crimen, pero elementos de la policía estatal agredieron a algunos manifestantes, por lo que en un video posterior que difundió en sus redes sociales acusó que el gobierno federal había planeado enviar infiltrados de la Ciudad de México para desestabilizar a su administración.
Ese ataque mediático estuvo acompañado de un mensaje de reconocimiento de Enrique Krauze, quien comparó a Alfaro con el liberal Mariano Otero—personaje histórico envuelto en un contexto completamente distinto—pero dicha mención fue una consecuencia de un contrato de publicidad por más de un millón de pesos a la revista Letras Libres que dirige el historiador por parte de la administración estatal.
De forma rápida Alfaro se ha encargado de dilapidar su capital político como un gobernador de oposición y se ha convertido en un personaje relacionado con la represión y el endeudamiento que le costará muchos años a los jaliscienses pagar.
