(18 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El clérigo, Juan Carlos Zesati, miembro de la Diócesis de Celaya, en Guanajuato, denunció que al menos 40 mil personas que habitan en la zona norte y noroeste de dicha entidad ubicada en el Bajío, consumen agua envenenada con arsénico y cloruro y, aunque las autoridades estatales saben de la problemática, se reúsan a hacerla pública porque “la gente se va a espantar”.
“Están tomando agua no apta para consumo humano; en pocas palabras, la gente está bebiendo veneno y, ¿quién está bebiendo veneno? los más amolados, los más marginados, que son nuestros campesinos”, sostuvo el párroco.
El sacerdote -que además colabora en la Pastoral Campesina- explicó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha certificado la presencia de sustancias peligrosas en la cuenca del Río Laja, ubicado en la zona semidesértica del Bajío, que además, basa su consumo en el líquido que puede extraer del subsuelo a través de pozos.
“Hay gente que está enfermando, que está muriendo porque el arsénico es mortal que se visibiliza a través de varias características físicas como los dientes manchados. No es que uno se tome un vaso de agua y ya se envenene; es un proceso, aunque no muy largo”, sostuvo.
Tras un análisis independiente que Zesati, en coordinación con varias comunidades, mandó a hacer, los resultados arrojaron que en casi todos los pozos había presencia de cloruro y arsénico; en uno de ellos, hasta ocho veces por arriba de lo permitido por la norma oficial para el consumo.
Entre los municipios afectados se encuentran: San Felipe, Dolores, San Miguel Allende, San José Iturbide, Doctor Mora, San Luis de la Paz y San Diego de la Unión.
El sacerdote señaló que una de las causas de la contaminación, es la sobreexplotación de los pozos, porque se ha desarrollado una agricultura enfocada a la exportación, lo que implica grandes inversiones, pues “le van chupando a la cuenca para exportar lechuga, brócoli y demás, pero las comunidades rurales, los campesinos que no tienen sistema de riego para sus milpas, quienes siembran maíz y frijol para sobrevivir, la poquita agua que sacan del pozo para tomar, es la que tiene arsénico y cloruro”.
Zesati denunció que persisten en la zona actos de corrupción en los que se ven involucrados servidores públicos, pues es a través de “mordidas” que aprueban la apertura de nuevos pozos para que los empresarios puedan hacer más productivos sus plantíos o invernaderos.
El clérigo exigió a los legisladores que cuando elaboren y aprueben una ley, no consideren a la población como “carne de cañón, un daño colateral para el progreso del país, para el desarrollo macroeconómico y que ellos tengan que perder para que gane el país. Estamos en una emergencia social, de salud y ecológica. Hay daños irreparables que no vamos a poder recuperar. No consideren al agua como una mercancía, es un bien de todos, de vida o muerte”, advirtió.
Reformas, como garantes de derechos
En su intervención, en el marco de la presentación de conclusiones del II Coloquio Nacional “Agua Subterránea en México”, María del Carmen Carmona Lara, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que el saneamiento es fundamental para la salud humana y para garantizar el derecho al medio ambiente sano.
Sin embargo, de acuerdo al Informe sobre el programa conjunto de monitoreo y progreso en materia de saneamiento 2015, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2.4 mil millones de personas en el mundo, aún carecen de acceso a instalaciones de saneamiento y alrededor de mil millones de personas en el planeta defecan al aire libre, lo que no garantiza su derecho a la salud pública.
El informe del año pasado de la misma organización alerta que en países como Argentina, Bangladesh, Chile, China, India, México, Tailandia y Estados Unidos, se encontró que sus aguas subterráneas están contaminadas por arsénico. Irónicamente, la clave para la prevenir este tipo de problemática, como lo señaló el sacerdote, es reducir el consumo de agua, dijo la académica.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 19% de los acuíferos que existen en México están sobre explotados; es decir, 126 de 653, debido a que el agua que se extrae de ellos, supera los niveles de recarga, desgraciadamente, el gobierno mexicano no ha hecho un estudio que arroje datos sobre cuánto le cuesta la sobreexplotación, aunque se identifica a 260 regiones hidrológico-administrativas, fuertemente contaminadas.
La académica propone que haya un manejo integral de las aguas mexicanas, pues de acuerdo al artículo 27 Constitucional, las aguas son un bien nacional, por lo que la nueva Ley de aguas nacionales, debería especificar que el agua es un asunto de seguridad nacional, “lo que nos permitiría incorporar el concepto de reservas de agua para la protección de los acuíferos, en el caso de las aguas subterráneas”, explicó.
Sugirió que para que el Legislativo apruebe una iniciativa en la materia, debe asegurarse de que se garantice la regulación de las aguas subterráneas, que se prevenga el control de la contaminación ambiental, se acredite y certifique la calidad de las aguas para los diferentes usos y sobre todo, que se garantice el derecho humano al agua potable.
