Valentina Pérez Botero / @vpbotero3_0
(29 de mayo, 2013) Hospital de Perinatología: no apta. Hospital de la Mujer: improcedente. Hospital General: no es derechohabiente; Ana fue rechazada en tres hospitales públicos después de que en el primero de ellos le dijeron que su embarazo de 18.5 semanas tendría que interrumpirse.
A las nueve de la noche, Ana llevaba a cuestas la noticia -Luis ya no tendría un hermanito-, y la orden de un médico: debía parir un bebé muerto. El rechazo en los tres hospitales y la urgencia con la que debía expulsar la bomba de tiempo que llevaba adentro los llevaron -a ella y a su esposo- a un hospital privado en el Estado de México -a más de dos horas de su casa- que les cobró 6 mil pesos por la intervención -casi el doble de lo que gana ella y su marido en un mes-.
Antes de que la hospitalizaran, Ana llamó a su patrón: necesitaba dinero. Después de trabajar 10 años como cuidadora de un edificio, no tenía Seguro Social. La carencia de un aval que la protegiera fue la causa del peregrinar por los hospitales y de que ahora tenga una deuda por 11 mil pesos –entre honorarios médicos, transporte, hospitalización, dieta especial y medicinas- que aún no sabe cómo pagar.
Todo empezó dos días antes. Ana había subido a colgar la ropa, como lo hace cada lunes y jueves, cuando sintió que un líquido incoloro que salía de su vagina le escurrió por las piernas. De carácter impasivo, Ana pensó que la solución sería caminar: un pequeño paseo pondría los nervios y el líquido en su lugar; cuando regresó a casa tenía el pantalón empapado.
Luis lo dijo: “mi mamá no está bien”; Juan, su esposo, la llevó al consultorio médico más cerca y asequible -uno de esos improvisados cubículos dentro de las farmacias de genéricos donde la consulta cuesta 30 pesos- para que la revisaran. El médico le recomendó reposo. Ese fue el segundo personal de salud que Ana visitó desde que se enteró que estaba embarazada. Tenía cuatro meses de embarazo.
La tarde siguiente, la premonición inició como una punzada. El dolor en el bajo vientre hizo que Ana y la amiga que la acompañaba se fueran a Perinatología. Después de los estudios, un recuento de lo sucedido, la doctora le dijo que el bebé ya no podía continuar la gestación. El agua que Ana trató de contener en vano era líquido amniótico. Su pérdida -provocada por la ruptura de las membranas- impidió que el embrión tuviera todo lo necesario para seguir desarrollándose.
Juan camufla su silencio al asentir con la cabeza. Ana habla y él afirma. Cuando iban a ingresar a Ana a la sala de parto, Juan se negó a firmar el pagaré porque significaría tener una deuda con el médico. Juan pidió prestado entre familia y amigos para conseguir lo que el patrón se negó a desembolsar -periódicamente, en forma de un seguro normal, o a manera urgente, como lo necesitaba Ana ahora- y al final estuvieron los tres en la sala de parto: el doctor, Ana y Juan.
“Él vio todo, cómo me limpiaron por dentro, ¿verdad vida?” dice Ana mientras Juan afirma con la cabeza. Ella decidió no ver porque sentir le bastó: estaba todavía vivo, “se movía”. A su bebé lo metieron en un riñón de metal y su tristeza no llega a razones. ¿Por qué no tuvo un cuidado prenatal, un seguimiento y asesoría sobre el embarazo?
La salud materno-infantil es uno de los ocho objetivos del milenio. En México, de acuerdo con cifras publicadas por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), el 86 por ciento de las embarazadas obtienen las cuatro revisiones médicas mínimas establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Ana es parte del 14 por ciento restante.
