San Luis de la Paz, Gto. El pasado lunes 21 de octubre Ana Karen se sumó a la lista de mujeres que, además de ser víctimas de la violencia sexual, son víctimas de la incompetencia del personal del Ministerio Público del estado de Guanajuato.
Ana Karen es oriunda de una comunidad localizada en el municipio de San Luis de la Paz, en el norte de Guanajuato, tiene 17 años y es trabajadora en una fábrica de calzado.
La menor de edad, relata que el sábado pasado salió de casa para estar presente en una fiesta de quince años en ‘El Monte’, antro ubicado en la localidad de San Luis de la Paz. Unas horas más tarde Ana Karen se dirigió, en compañía de una amiga, a un segundo centro nocturno, ‘Mr. Cactus’ en el que, a pesar de ser menor de edad, ingirió bebidas alcohólicas.
Mareada, abandonó el lugar junto con su amiga y otros dos hombres que desconocía. Posteriormente uno de ellos, quien respondía al nombre de Armando, la hizo bajar del vehículo y entrar a una casa.
El hombre la condujo al segundo piso del inmueble. Luego llegó otro individuo que, de acuerdo con Karen, respondía al nombre de Carlos.
“Violencia sexual: cualquier acto de contenido sexual que amenaza, degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima, o ambas, que atenta contra su libertad, dignidad, seguridad sexual o integridad física, que implica el abuso de poder y la supremacía sobre la víctima(…)”
(Artículo 5, Ley de acceso
de las mujeres a una vida
libre de violencia para
el Estado de Guanajuato)
Karen relata que, a pesar de su oposición, en ese momento comenzaron a abusar sexualmente de ella: “Yo estaba manoteando, en todo momento manoteaba y me dijeron que no les pegara, que no los empujara, porque ellos también me podían golpear.”
Unas horas más tarde, la joven fue trasladada por Carlos y Armando a una segunda casa, en donde continuaron los abusos.
“Me dijeron que ya no hiciera nada, que no me defendiera. Después de que me agarraron bien feo y me agarraron del pelo, yo la verdad ya no hice nada. Ya del miedo dejé que me hicieran lo que quisieran.”
A la mañana siguiente Karen fue conducida por sus victimarios a la central camionera de San Luis de la Paz.
El día lunes, Ana Karen se presentó a trabajar. Al sentir molestias físicas decidió acudir con la enfermera de la fábrica en la que trabaja, quien la envió a la clínica del IMSS. Una vez ahí, la joven informó a cerca de la violación que había sufrido. Fue la trabajadora social quien la llevó a la agencia del Ministerio Público para que interpusiera una denuncia.
“La atención que la Procuraduría brinde deberá otorgarse bajo criterios de calidez, trato digno, sensibilidad y respeto a los derechos humanos.”
(Artículo 6, Acuerdo 4/2012
Lineamientos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Guanajuato para la atención integral y
Acceso a la justicia a las mujeres víctimas del delito.)
Una vez en la agencia del Ministerio Público, en compañía de su madre, Ana Karen rindió su declaración y se levantó formalmente la denuncia, con número 22194/2013. No obstante, de acuerdo con la joven, la encargada de la Unidad de Investigación de Delitos Graves, María Victoria Sánchez González, desestimó sus acusaciones.
“Me quisieron decir como que yo no puse resistencia, que no contaba como violación”, apunta la mujer ludovicense.
Agencia del Ministerio Público en San Luis de la Paz
De acuerdo con la madre de Ana Karen, en estos momentos existe ya una carpeta de averiguación abierta y aunque dijeron que el caso iba a ser investigado también le informaron que existía la posibilidad de que no ocurriera nada, debido a que su hija se había ido “por su propia voluntad”.
Sin embargo, Ana Karen sostiene con firmeza que ella no consintió los hechos ocurridos la madrugada del domingo 20 de octubre: “Traigo moretones, eso quiere decir que usaron la violencia conmigo”.
“Las víctimas tendrán los siguientes derechos: I.Ser tratadas con respeto a su integridad, dignidad, libertad y al ejercicio pleno de sus derechos; II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades(…)”
(Artículo 29, Ley de acceso
de las mujeres a una vida
libre de violencia para
el Estado de Guanajuato)
La joven ludovicense recibió tratamiento médico para evitar que contrajera una enfermedad de transmisión sexual, no obstante aún no se le ha brindado apoyo psicológico.
Y aunque Ana Karen afirma que su denuncia fue motivada porque no quiere que nadie más vuelva a pasar una experiencia como la suya, también se halla temerosa de que sus abusadores vuelvan a buscarla para abusar de ella nuevamente. Situación que, luego de casi una semana, no ha sido atendida por las autoridades.
“Corresponde al Estado y los municipios garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (…)”
(Artículo 16, Ley de acceso
de las mujeres a una vida
libre de violencia para
el Estado de Guanajuato)
Los casos que se han reportado recientemente en la entidad han ayudado a destapar la cloaca de los múltiples delitos contra las mujeres que tienen lugar en el estado de Guanajuato.
Del mismo modo, han develado la poca garantía que tienen las mujeres de disfrutar del derecho a una vida libre de violencia; así como la incompetencia e insensibilidad de quienes, de acuerdo con los propios lineamientos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, deberían otorgar a las víctimas de delito un “trato digno” .
Previamente trascendió el caso de María de la Luz Salcedo Palacios, mejor conocida como Lucero, quien tuvo que afrontar las omisiones y la carencia de protocolos de perspectiva de género de ministerios públicos, peritos ministeriales y de la jueza Paulina Iraís Medina Manzano.
Del mismo modo, la ineptitud de los ministerios públicos de la entidad fue palpable luego de que se diera a conocer el feminicidio de Laura Patricia Vázquez.
En esta ocasión María Victoria Sánchez González, encargada de la Unidad de investigación de delitos graves en el Ministerio Público de San Luis de la Paz, será quien deberá responder por su incapacidad operativa y por intentar convertir en culpable a una víctima más de la violencia sexual.
