Santiago Creel y Ricardo Anaya son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señalados por participar en una red de empresas factureras.
De acuerdo con la información de Contralínea la mayoría de dichas empresas están en Zapopan y la FGR halló un total de 36.
Dicha investigación encontró seis despachos de abogados que triangulan millones de pesos por medio de representantes legales para realizar presuntos actos ilícitos y así poder financiar al PAN.
