Ivonne Acuña Murillo / @ivonneam
(10 de septiembre, 2013).- Desde hace más de una década AMLO ha dado voz a las personas que ven en el actual modelo económico y político las razones que explican problemas como la pobreza de más de 50 millones de personas, el empobrecimiento de la clase media, la inseguridad, el quebranto del poder adquisitivo del salario, la precarización de las condiciones de trabajo, la pérdida de derechos laborales, la falta de oportunidades de estudio y trabajo para cerca de 7 millones de jóvenes, el deterioro ambiental, la explotación de los recursos naturales por un pequeño grupo de empresarios rapaces –mexicanos y extranjeros–, etcétera.
El carisma y el valor moral que la gente reconoce en él le han permitido movilizar durante años a cientos de miles de seguidores, una gran parte de los cuales está dispuesta a seguir las estrategias que dan vida a un movimiento social opositor que frena, en menor o mayor medida, los intereses de las élites. La defensa del petróleo es actualmente la bandera que enarbola este líder social, a la que se suman la defensa de la voluntad popular expresada en las urnas, la lucha por salvaguardar otros recursos naturales y elevar el nivel de vida de las grandes mayorías.
El domingo 8 de septiembre AMLO convocó a la población a una asamblea pública para acordar los pasos a seguir en la defensa del petróleo. Además de acordar una nueva reunión el 22 del mismo mes y el desarrollo de asambleas locales en distintos puntos del país, el líder anticipó que la propuesta de reforma fiscal que Enrique Peña Nieto (EPN) presentaría unas horas más tarde incluiría el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas.
Para sorpresa de la mayoría, ocurrió justo lo contrario, EPN anunció su intención de llevar adelante una reforma fiscal que permita una mejor distribución del ingreso, que cancele impuestos como el IETU (Impuesto Empresarial de Tasa Única) y el IDE (Impuesto a los Depósitos en Efectivo).
La sorpresa se debió a que, de acuerdo con información previa, el PRI se preparaba para proponer el pago de IVA en alimentos y medicinas. ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué este cambio de rumbo? ¿Por qué el Ejecutivo Federal decidió hacer su anuncio después de la asamblea de Andrés Manuel? ¿De dónde saldrán los recursos para aumentar la recaudación fiscal sin “afectar” al sector más grande y vulnerable del país?
Se puede especular y afirmar que el Gobierno Federal hizo una buena lectura de la inconformidad recogida por la opinión pública en torno al aumento en los impuestos, descontento evidenciado por aquellas personas dispuestas a seguir a López Obrador y por otros sectores cuyas demandas son afines a las expresadas por Morena (Movimiento Regeneración Nacional) en este renglón.
De acuerdo con esta lógica, la presión ejercida por este líder social y sus seguidores logró frenar la intentona por gravar el consumo de las grandes mayorías, a pesar de lo cual no alcanzó para proteger a la parte de la clase media que el gobierno asimila, tramposamente, a los sectores de mayores ingresos, para cobrarles IVA en rubros como las colegiaturas, sin tener en cuenta que muchas personas deciden inscribir a sus hijos e hijas en escuelas privadas dado el fracaso de la educación pública, de cuya responsabilidad no puede eximirse el mismo Estado.
Pretender recaudar impuestos recargando en la clase media el costo de la reforma, a partir de una serie de gravámenes, cuestiona de raíz el dicho presidencial sobre “una reforma justa, altamente progresiva”, sobre todo cuando nuevamente no toca de manera profunda los privilegios de los más ricos.
Por otro lado, la lectura en torno al costo político que supondría una reforma fiscal cada vez más inequitativa se suma al momento en que se decidió hacer el anuncio. Dada la repetida denuncia de AMLO en relación con las intenciones de extender el cobro de IVA, era de esperarse que hiciera alguna referencia al respecto en el mitin del domingo, como en efecto ocurrió. Anunciar horas después de la asamblea de López Obrador la tan llevada reforma, permitió al Ejecutivo Federal asestar un golpe tanto a AMLO como a todos aquellos que estimaban inminente el cobro de impuestos en alimentos y medicinas, intentando quitar al líder una de sus banderas de lucha.
Sin embargo, lo más importante aquí, en términos del interés de la mayoría, es que dicha reforma no fue propuesta en los términos en que originalmente estaba planteada, por lo menos a decir del propio gobierno. Aunque falta mucho por andar, pues debe recorrer el camino de las dos Cámaras y la aprobación de los legisladores y resistir al cabildeo de los poderosos grupos que podrían ver afectados sus intereses de llevarse a cabo en los términos en los que fue presentada.
Más aún, suponiendo que ya esté “planchada” y sea aprobada como está, o con modificaciones acordadas “en lo oscurito” gracias a los buenos oficios del Pacto por México, hay que verla operando, pues el derecho de “picaporte” que tienen los grandes empresarios de este país puede obrar maravillas y dejarlos fuera de los efectos de tal reforma.
Cabe anotar que si la reforma no es aprobada en los términos en los que la propone Peña Nieto y hay regresiones, a éste le queda el recurso de achacar al Congreso el fracaso parcial de “su” reforma, sobre todo después del impacto mediático causado con su anuncio.
Pero, sea cual sea el destino de la reforma hacendaria, en un presente histórico tan complejo, caracterizado por la debilidad de la Presidencia de la República y los múltiples frentes que tiene abiertos (la partición del poder político en varios centros, la pérdida de control sobre partes del territorio nacional, la lucha o contención del narco, la delincuencia organizada, las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, la resistencia de la CNTE a la reforma educativa, la movilización en contra de la reforma energética y muchos otros), la oposición representada por AMLO no puede minimizarse.
El freno que sus posturas, denuncias, acciones y propuestas impone a la acción del gobierno de Peña Nieto, resalta el importantísimo papel de la oposición en cualquier país que se diga medianamente democrático para limitar los excesos del grupo gobernante, resistir las reformas “estructurales” que se pretende imponer en todo el mundo en beneficio de unos cuantos y poner en la agenda los temas relacionados con los grupos menos favorecidos.
