(30 de enero, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Aunque las calles de Iguala han sido tomadas por la Policía Federal y la Gendarmería Nacional en el marco del operativo Tierra Caliente, integrantes del Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada de Iguala informaron que el próximo domingo 31 de enero continuarán la búsqueda de sus seres queridos sin el apoyo de ninguna instancia policial ni de procuración de justicia.
La medida que han calificado como “altamente peligrosa” ante la operación de cárteles del narcotráfico en la región, así como una ola de violencia que se ha desatado en los últimos días en la zona norte del estado, dijeron, la realizarán porque las autoridades federales que en un principio resguardaron sus búsquedas, hoy se han negado a acompañarlos a los lugares donde el grupo Guerreros Unidos asesinaba y enterraba a sus víctimas.
Xitlali Miranda Mayo, quien en días pasados denunció el acoso laboral que sufre por parte del director de la escuela “Bandera Nacional”, donde labora, informó que las búsquedas se suspendieron hace cinco semanas, pues en la zona han aparecido cadáveres de gente que ha sido ejecutada por la delincuencia organizada, pese a la presencia federal. Aunado a ello, la Gendarmería ha negado prestarles apoyo para hacerlo de forma segura.
“Durante nuestras búsqueda hemos hecho funciones que al gobierno le tocaría realizar, hemos encontrado a 43 personas asesinadas en 4 localidades del mismo municipio: La Laguna, Barranca del Tigre, El Maizal y Las Parotas. Por eso nos sorprende que las autoridades no quieran acompañarnos ni brindarnos ningún tipo de ayuda, el mismo gobierno del estado ha ignorado nuestras peticiones para proporcionarnos transporte o seguridad.
“Vaya, en más de una ocasión hemos tenido que irnos en los carros de los periodistas que nos acompañan, no tenemos dinero, ni transporte ni gasolina para continuar con nuestras labores. Sólo la Procuraduría General de la República nos ha acompañado entre semana, no así en las demás búsquedas”, denunció.
La negativa fue ratificada por Manelich Castilla Cravioto, jefe de división de la Gendarmería Nacional, quien, supuestamente, no cuenta con elementos disponibles pues su corporación está avocada a la búsqueda los 42 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos que continúan desaparecidos.
Esto, pese a que el martes pasado, el procurador de la república, Jesús Murillo Karam, prácticamente ha dado por concluidas las investigaciones al ser descubierta la “verdad histórica” de la “masacre”. Y también, pese a que en las últimas semanas, han sido ejecutadas casi una decena de personas en Taxco, Chilpancingo e Iguala.
En una visita que realizó Revolución TRESPUNTOCERO al lugar donde desaparecieron los 43 normalistas en diciembre pasado, se pudo constatar el peligro que las familias de desaparecidos padecen en estas búsquedas.
De hecho, en una incursión al municipio de Cocula, donde sólo acompañó al grupo el Comité, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) desarmados, funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como reporteros de varios medios locales y nacionales, estuvieron a punto de ser emboscados por un “grupo de personas armadas” que se encontraban en el lugar donde se abrirían nuevas fosas clandestinas a sólo dos kilómetros del basurero municipal donde supuestamente se encontraron los restos de los normalistas.
Miguel Ángel Jiménez, comisionado de la UPOEG en Iguala, señaló que estos lugares siguen siendo resguardados por delincuentes y halcones, porque ahí siguen llevando personas que ejecutan y mantienen secuestradas. Acciones que realizan pese a que el gobierno del estado y la federación, mantienen al estado en supuesta “vigilancia permanente” en prevención de nuevas desapariciones y violencia.
Cabe señalar que, dos meses después de iniciada la búsqueda de los 43 normalistas, se evidenció que los cerros de Iguala, Guerrero, eran utilizados desde antes por los criminales para enterrar a sus víctimas; en dichos lugares, la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, arribó para inspeccionar 71 fosas clandestinas, en 17 de las cuales los peritos encontraron y exhumaron 39 cuerpos.
Razón por la que, a mediados de noviembre del 2014, decenas de familiares conformaron el Comité de Víctimas de Desaparición Forzada y decidieron continuar con las búsquedas por sus propios medios; a dos meses y medio, llevan casi quinientas personas que se han unido para reclamar físicamente a sus allegados.
Por último, Miranda Mayo, señaló que del total de los 43 cuerpos que ha encontrado su organización, ninguno ha sido identificado por los peritos de la PGR. Por lo que intuye que muchos de éstos podrían provenir de otros estados de la república, donde el grupo Guerreros Unidos también ha mantenido operaciones: por ejemplo en el Estado de México, Morelos y Michoacán.
“Es necesario que personas que vivan en otros lugares pero tengan personas desaparecidas, vengan a hacerse las pruebas de ADN, de lo contrario, sería como hallar restos que sólo se cambiaron de lugar y quedarán ahí archivados o irán a otra fosa común; o sencillamente de la montaña de Iguala, al laboratorio de la Procuraduría”, finalizó.
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El próximo 2 y 3 de febrero el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, en su octavo periodo de sesiones a celebrarse en Ginebra, Suiza, examinará a México sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El Comité cuenta con informes rendidos tanto por el Estado como por diversas organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, sostendrá un diálogo público con el Estado mexicano, brindará un espacio para las organizaciones y víctimas para finalmente adoptar sus conclusiones y recomendaciones, mismas que se harán públicas el 13 de febrero.
México llega a este espacio señalado nacional e internacionalmente por usar la desaparición forzada desde la llamada “guerra sucia” –periodo en el que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) denunció 797 casos, 537 de los cuales ocurrieron en Guerrero–, y cuya impunidad persistente ha hecho posibles las más de 23,000 desapariciones –646 en el mismo estado, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)‒ contabilizadas oficialmente hasta el 2014.
