(27 de octubre, 2014).- Este lunes dos parejas del Movimiento Ciudadano por la Justicia Cinco de Junio, conformado a raíz de la tragedia de la Guardería ABC, presentarán una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del 153 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se lleva a cabo en Whashington D.C, Estados Unidos.
Patricia Duarte y José Francisco García, padres de Andrés Alonso, y Malú García y Manuel Rodríguez, papás de Emmanuel, son las parejas que encabezan esta petición, para que la CIDH atraiga el caso bajo los argumentos de falta de acceso a la verdad y a la justicia, lo que comprende a su vez la solicitud de reparación del daño, bajo en entendido de la garantía de no repetición.
La CIDH aceptó revisar el caso, toda vez que las madres y padres de los 49 infantes –que perdieron la vida durante el incendio de la guardería subrogada ABC–, desde ese fatídico 5 de junio de 2009, han agotado todo recurso legal para el deslinde de responsabilidades en el caso.
En la reunión estarán presentes el relator para México James Cavarallo; el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y la comisionada para laRelatoría sobre los Derechos de la Niñez, Rosa María Ortiz.
En este mismo periodo de sesiones de la CIDH, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, junto con otros organismos, presentará tres audiencias el día jueves sobre Detención de Migrantes; Guerra Sucia, desaparición forzada y ejecuciones en los años 70 y 80, y Libertad de Expresión y protesta social en México.
Básicamente se trata de que “el Estado mexicano tendrá –ante un organismo internacional– que hablar de sus políticas sobre derechos humanos”, dado que en estos dos años de administración el gobierno federal ha mantenido un discurso ante organismos internacionales, de avance en defensa de derechos.
Sin embargo, con base en “nuestro diagnóstico como centro de derechos humanos de la sociedad civil no podemos estar de acuerdo con esta narrativa del Estado”, señaló Mario Patrón director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Asimismo el día miércoles este centro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón sostendrán una reunión de trabajo para dar seguimiento a la solicitud “de medidas cautelares frente a la ejecución de los normalistas y la desaparición de 43 de ellos”, otorgadas por la CIDH, así como para que el Estado mexicano responda sobre la búsqueda con vida de los 43 normalistas y acerca de sus líneas de investigación, precisó Mario Patrón.
En el caso de la audiencia sobre Libertad de Expresión y Protesta Social, Simón Hernández, abogado del Centro Agustín ProDh, señaló que desde 2007, a nivel local y federal se han implementado leyes restrictivas para la libertad de expresión, así como figuras legales para la criminalización de la protesta.
“Reformas, como la ley general de Telecomunicación, que permite la geolocalización, la retención de datos, la suspensión de señales o figuras penales como el terrorismo, son ejemplos de figuras normativas que son utilizadas de forma desnaturalizada en contra de manifestantes”, ejemplificó.
Asimismo se abordará la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “con el uso discrecional de sus facultades”, diferenciadas dependiendo de las entidades federativas donde interviene.
“Tampoco hay una actuación debida, una investigación, una sanción y el establecimiento de medidas de no repetición sino por el contrario hemos visto que han estado avalando este tipo de iniciativas. Como lo que sucedió en Puebla que en la misma semana que ellos hacen públicos su aval a la ley se da el operativo Chalchihuapa, entonces ahí también hay una responsabilidad por acción directa de la CNDH”, abundó.
Ante la ola de legislaciones en diferentes entidades de la República mexicana como Quintana Roo, Puebla, Veracruz o el Distrito Federal, que criminalizan de la protesta social y restringen la libertad de expresión, “mucha gente se pregunta qué significa para mí interponer un amparo y a qué me enfrento yo contra el Estado. Hay un miedo en la población en general para presentar amparos, y ante este contexto tan caótico en el que está el país” se ha perdido la credibilidad en las instituciones, abundó Analley Álvarez, del Centro Agustín ProDh.
Dado que en este trabajo de documentación y presentación de pruebas sobre violaciones a derechos humanos en México, uno de los principales frenos a los que se enfrentan es precisamente el desconocimiento de los derechos por parte de la sociedad civil.
