Durante su comparecencia ante el 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, denunciaron que el gobierno federal busca cerrar el caso de desaparición forzada.
Emiliano Navarrete, “estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan” explicó el padre de uno de los normalistas desaparecidos.
De esta forma la representación legal de las familias dio a conocer cuatro puntos que advierten de un posible cierre del caso, el primero de ellos el rechazo del gobierno de Enrique Peña Nieto al informe de la ONU, en el que se dio a conocer la tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial. De igual forma la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados proporcionados por la DEA, con el objetivo de exculpar a funcionarios estatales y federales, así como el fracaso e la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones y la negativa de cumplir el diagnóstico psicosocial.
En este contexto, el Ernesto Vargas, comisionado del a CIDH, expresó que entienden el dolor de las familias al no tener resultados sustanciales a 43 meses de la desaparición y solicitó al gobierno mexicano que informara detalladamente si realizaron avances significativos en el cronograma de trabajo.
Se mostró preocupado ante las descalificaciones contra el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH Jan Jařab y dijo que se debe prestar la mayor atención a lo señalado en el informe en la ONU.
Por su parte, Flávia Piovesan expresó sus dudas sobre la independencia que tienen las instituciones encargadas de investigar la tortura.
De esta manera, en representación del gobierno federal, el fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Higuera afirmó que el gobierno mexicano ha cumplido con las medidas cautelares dictadas por el organismo e insistió en que la búsqueda de los estudiantes nunca se ha detenido.
Detalló que desde que el gobierno federal atrajo el caso, se han realizado más de 800 acciones operativas búsqueda en diferentes zonas de Guerrero con el objetivo de localizar a los jóvenes. Además dio a conocer que a 31 personas como probables responsables de los hechos del asesinato y desaparición de los normalistas, 16 de ellos están en procesos en curso por delitos diversos.
