El Congreso de la Ciudad de México dio un paso firme contra el despojo de inmuebles. En comisiones, las y los diputados aprobaron un dictamen que endurece las sanciones por este delito con penas de hasta 11 años de prisión y multas que superan los 113 mil pesos, además de nuevas agravantes que amplían la protección a víctimas y propietarios.
El proyecto forma parte de un paquete de reformas propuesto por la Jefatura de Gobierno, que busca poner fin a una de las prácticas más extendidas y dañinas para el patrimonio ciudadano: el arrebato ilegal de viviendas, locales o terrenos mediante engaños, documentos falsos o uso de poder público.
Reforma integral con nueve agravantes
El dictamen aprobado incluye nueve agravantes al Código Penal, duplicando las sanciones en casos donde el despojo se cometa con documentación falsa o alterada, cuando involucre a un servidor público, o cuando se afecte a personas adultas mayores.
Además, se establece que quien mantenga la ocupación ilegal de un inmueble —aun después de ser requerido por la autoridad— será sancionado como si incurriera en un nuevo delito, mientras persista el daño a la víctima.
“El delito se actualizará durante todo el tiempo que se prolongue la ocupación o el impedimento del uso del bien, hasta que la víctima sea restituida en su derecho”, detalló la comisión dictaminadora.
Más responsabilidad para notarios y sanción a la “mala fe”
Las reformas también tocan al Código Civil y a la Ley del Notariado de la Ciudad de México, donde se incorporan los conceptos de “mala fe” y “negligencia profesional”.
En el caso civil, se considerará de mala fe a quien posea un inmueble con un título simulado o inválido, o cuando no inscriba un contrato en escritura pública para obtener un beneficio indebido o perjudicar a un tercero. Todo acto jurídico que busque encubrir un despojo mediante simulación contractual será declarado nulo.
Mientras tanto, la reforma al marco notarial establece que el notario será responsable de los actos asentados en una escritura pública si, por omisión, descuido o dolo, estos derivan en un despojo.
Certidumbre patrimonial y desarrollo urbano
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, explicó que el despojo “es la acción ilegal de arrebatar a una persona la posesión de un bien inmueble”, un delito que “lesiona la seguridad jurídica patrimonial y la estabilidad social”.
Destacó que la modificación al marco penal aporta certeza jurídica al mercado inmobiliario, fomenta la inversión y reduce la impunidad en un ámbito que por años ha sido terreno fértil para fraudes y conflictos vecinales.
“La posibilidad de ser víctima de un despojo desincentiva la inversión, afecta el crecimiento urbano ordenado y limita el desarrollo económico”, subrayó Martínez Urincho.
Aprobación unánime y paso al pleno
Aunque legisladores de distintas bancadas —incluida Morena— expresaron inconformidad por no haber incluido todas sus propuestas en el texto final, el dictamen fue aprobado por unanimidad en comisiones.
El documento ya fue turnado a la Mesa Directiva del Congreso local para su próxima discusión y votación en el Pleno, donde se prevé su aprobación definitiva en los próximos días.
Con estas reformas, la Ciudad de México busca cerrar el paso al despojo patrimonial y reforzar la confianza en la justicia, la propiedad privada y la función notarial.
