Por unanimidad de 106 votos a favor, el Senado de la República aprobó este miércoles el dictamen que reforma el inciso “A” de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión.
Esta reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que unifique la tipificación del delito, sus agravantes, sanciones y mecanismos de atención a víctimas; con ello, el combate dejará de recaer exclusivamente en los gobiernos estatales y será coordinado en el ámbito federal.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, fue el encargado de presentar el dictamen y destacó que la incidencia de extorsión se incrementó en los últimos años al pasar de un promedio de 18.89 casos diarios en 2018 a 29.77 en enero de 2025 y se ejerce con alto grado de impunidad porque la gente teme a las represalias y desconfianza a las fiscalías y policías.
Remiten el proyecto a legislaturas estatales
La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldernrath, presidenta de la comisión de Seguridad Pública, señaló que la extorsión no es un delito menor ni aislado, sino un flagelo para hogares, negocios, instituciones y comunidades completas.
“Se ha convertido en uno de los principales actos que utiliza el crimen organizado y la delincuencia para lograr el financiamiento de sus actividades ilícitas. Es una amenaza cotidiana en contra de la paz pública, el patrimonio y la integridad de millones de mexicanas y de mexicanos”.
El dictamen apuesta por que, al homologar criterios en todo México, se reduzca la incertidumbre legal y se fortalezca el Estado de derecho. Asimismo, promueve la progresividad en derechos humanos y garantiza una mayor certeza jurídica en la persecución del delito.
Tras su aprobación, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, remitió el proyecto a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su consideración.
La senadora destacó, en un mensaje que compartió en redes sociales, que la reforma permitirá perseguir de oficio este delito, homologar penalidades y agravantes en todo el país y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados.
