“Aquí todos los días es Día de Muertos” es un especial de REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO que repasa lugares donde anidan las muertes violentas, asesinatos y desapariciones con la complicidad u omisión del Estado. En esta ocasión toca el turno a Hidalgo y sus feminicidios que los políticos locales no quieren ver.
(31 de octubre, 2013).- Antonio lo planeó durante un mes: a la pareja le cobraría en cuotas los 42 mil pesos que habían acordado por la bebé y él podría, en ese tiempo, contratar a dos aliados y decidir cómo deshacerse de la mamá. Nada grave.
La fecha para ejecutar su plan se definió en los días de la feria de Tulancingo. Mucha gente, autoridades ocupadas, euforia colectiva. ¿Quién le prestaría demasiada atención a una mujer inlocalizable y a una bebé desaparecida?
La escena fue perfecta: Antonio dejó solas a su esposa y a su hija recién nacida mientras fue a comprar pan. Cuando regresó, la segunda ciudad más grande del estado de Hidalgo parecía haberse tragado a las dos mujeres de su familia. Denunció ante las autoridades, fingió preocupación y cuando recibió la llamada de la policía del Estado de México cometió el error que lo llevaría a la cárcel.
La policía aún no le daba parte oficial de la defunción de su esposa, pero Antonio paró en una funeraria cuando iba rumbo al Estado de México. Contrató el servicio más barato y continuó su trayecto para recibir la información que ya sabía: Miriam fue asesinada y su cuerpo estaba tirado en la carretera Pirámides-México. Era agosto de 2013.
La vida de Miriam costó 7 mil pesos –poco más de 500 dólares. Y la de su hija, que incluía el pago por el asesinato de su mamá, menos que un carro de lujo.
Antonio tenía razón en pensar que las autoridades no prestarían demasiada atención a su caso. El estado de Hidalgo ha denegado cuatro peticiones, en lo que va del año, para decretar alerta de género: se han encontrado 17 cadáveres de mujeres en 10 meses; es decir, casi dos por mes. Para las autoridades no son suficientes.
“Existe una especie de resistencia por parte de los estados a decretar la alerta de género, porque eso significa un atentado a las fuerzas políticas y económicas de este lucrativo negocio que envuelve la trata, explotación sexual de mujeres y su muerte”, dice Alicia Mesa, directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM).
“Hacerlo significa, también, comprometerse en la documentación, tener cifras fidedignas, comparar, investigar; y no hay voluntad política para hacerlo”.
Sin una alerta de género ante los feminicidios, ¿quién detendrá otro asesinato?
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La oscuridad de las cifras se vive en Hidalgo, donde el Día de Muertos podría ser cualquier fecha del año. Las organizaciones civiles hablan hasta de 500 víctimas de 1985 a la fecha, más de las que periodistas independientes contabilizaron en Ciudad Juárez de los años 80 hasta 2006.
La falta de interés ante este fenómeno provoca que las propias autoridades, ante su carencia, desvíen móviles y tipos de asesinatos que impiden la medición real del crimen; también crea un ambiente de impunidad que propicia el actuar de los criminales.
“Es el genocidio contra mujeres. Sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra las mujeres y niñas”, decía Marcela Lagarde, académica y legisladora mexicana, sobre el feminicidio; ella inició desde 2003 una batalla para que en el caso de “las muertas de Juárez” –como se conoce el asesinato sistemático de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua– se le reconociera como crímenes de odio.
La batalla legal de Lagarde, que buscaba resultados prácticos en los procesos judiciales y perspectiva en la investigación, rindió frutos 10 años después en Hidalgo. Hasta marzo de 2013, con las reformas al Código de Procedimientos Penales, se instituyó el delito de feminicidio, presionado por el hallazgo de siete cadáveres de mujeres en Tula de Allende.
El segundo feminicidio oficial se registró precisamente en Tulancingo, donde Miriam y su hija fueron raptadas: Mayola fue asesinada a machetazos por su compañero; las tres siguieron el patrón de la violencia feminicida del país: en la intimidad del hogar –el 66.7 por ciento– y en una sociedad que dice alabar a sus madres.
La primera agresión contra estas mujeres no fue la misoginia. Son vecinas de un municipio en el que 50 por ciento de su población económicamente activa está desempleada, y el 52 por ciento no tiene seguridad social, de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2011.
Su primera violación fue la desigualdad.
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La tosquedad del razonamiento: violar a una niña y arrancarle los ojos para que no pueda denunciar. Si no puede ver, no puede dar un retrato hablado. Las posibilidades, de acuerdo con el culpable, un joven de 17 años, se reducen. Ella tenía ocho cuando un adolescente le arrancó ambos ojos con un alambre de púas. Ninguno de sus nombres se reveló, pero el lugar quedó grabado: Tulancingo, Hidalgo.
La entidad tiene una particularidad a nivel nacional: no ha vivido la alternancia política. Nunca. Por su palacio de gobierno sólo han pasado políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, en las últimas elecciones, afianzaron su mandato.
Mientras su política se mantiene invariable, las redes de trata de personas con fines de explotación sexual que tienen como destino final Tlaxcala y Puebla –estados vecinos–, anidan en Tulancingo como ciudad de paso; de ahí la alarma sentida por la población civil.
Basta recorrer sus carreteras para encontrar tierra fértil para el feminicidio: vastas extensiones de campos verdes y ocres, tierras ociosas del gobierno, que se han vuelto tiraderos de cuerpos; y una pujante industria del sexoservicio dedicada a la atención de traileros que, para no dormir al volante, compran cocaína y mujeres a grupos criminales relacionados con “Los Zetas”.
En octubre de 2013, los vecinos de Cuautepec de Hinojosa cerraron la carretera Cuautla-Tulancingo exigiendo la resolución de tres crímenes contra mujeres; entre ellas una joven de 15 años secuestrada a la salida de su preparatoria. Fue encontrada en La Tarjea, rodeada de agua y sin vida.
La guadaña de la muerte se esconde aquí porque las fronteras estatales de Hidalgo son compartidas con protagonistas nacionales en feminicidio: Estado de México, donde sucede el 20 por ciento de todos los feminicidios del país, y Veracruz, que se encuentra dentro de los seis estados que concentran el 61 por ciento de estos crímenes de acuerdo con el Estudio nacional sobre todas las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres.
Tulancingo, Hidalgo, busca afanosamente un lugar entre las tristemente célebres comunidades por donde la muerte pasa diario.
