(11 de febrero, 2016).- El derecho a la libertad de expresión en nuestro país “enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años, así como graves y diversos obstáculos, como los asesinatos de periodistas y actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, además de la impunidad muy alta en esos casos”, sostuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación General número 24 ‘Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México’.
La recomendación, expuesta en el Comunicado de Prensa CGCP/039/16, está expresamente dirigida a la Procuradora General de la República, a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores de los Estados, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Comisionado Nacional de Seguridad, Presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Procuradores y Fiscales Generales de Justicia, Secretarios de Seguridad Pública de las Entidades Federativas, Presidentes Municipales y Jefes Delegacionales.
Las cifras de la Comisión revelan el flagelante aumento en las cifras de agresión contra periodistas; se tienen registrados 109 homicidios desde el año 2000 hasta el 31 de enero de 2016; 20 han desaparecido desde el año 2005; han ocurrido 48 atentados a medios de comunicación desde 2006 y desde el 1 de enero de 2010 se han recibido 515 quejas por agravios a periodistas en este Organismo Nacional.
Veracruz, encabeza los estados con mayor incidencia de homicidios a periodistas con 14.6%; le sigue Tamaulipas, con 11.9%; Guerrero, Chihuahua y Oaxaca con 11% cada uno, “por lo que seis de cada diez homicidios de comunicadores ocurre en estas cinco entidades”, revelan.
En cuanto a desapariciones, también Veracruz (junto con Michoacán) encabezan la incidencia de esta funesta práctica con un 20% de los casos cada uno, mientras que Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León tienen un 10% cada uno, “por lo que siete de cada diez desapariciones de comunicadores ocurren en estas cinco entidades”.
En palabras de la Comisión, “las conductas que tienen por objeto inhibir la libertad de expresión no solamente se cometen mediante agresiones físicas contra periodistas o medios de comunicación, sino también a través de medios tecnológicos afectando sus servidores, redes sociales o páginas electrónicas, con objeto de obstruir la información (de los cuales Revolución TRESPUNTOCERO ha sido víctima más de una vez), “la libertad de expresión aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios informativos, por lo que los atentados contra este derecho y que son cometidos contra periodistas, así como los ataques cibernéticos contra las páginas electrónicas o redes sociales de los medios de comunicación deben ser investigados y sancionados”.
Y es que no sólo se trata de las agresiones a las que los periodistas de todo el país se ven lamentablemente expuestos, sino la impunidad imperante en las autoridades de los tres órdenes de gobierno quienes “están obligadas a generar para que haya libre expresión e investigación periodística sin consecuencias”. Este “arraigo de impunidad” del Estado alcanza un 90% en las agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación, convirtiendo a México en “un país peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”.
