La reforma en materia de Bienestar aprobada en el Senado, con 91 votos a favor, uno en contra y una abstención, en la que se realizan adiciones al artículo 4 constitucional, elevando a rango constitucional los programas sociales implementados por el presidente López Obrador; “no parece la constitucionalización de derechos, sino más bien el blindaje constitucional de una serie de proyectos clientelares”, así lo indicó el senador Emilio Álvarez-Icaza Longoria.
De acuerdo con el senador no es suficiente transferir recursos financieros para garantizar desechos y lo que se necesitan son cambios estructurales y aseguró que con esta reforma los programas sociales se ejercerán sin reglas de operación.
“Las transferencias financieras no son suficientes para garantizar derechos (…) creo que esta reforma no es la que se necesita, se requieren cambios estructurales que garanticen el “brinco social”, es decir, “el derecho a no ser pobre”.
En 2019, tres de cada cuatro pesos, se ejercieron sin reglas de operación; la falla más alta en 20 años; los padrones no son auditables y no son transparentes, como no pasaba hace años”.
“Los operadores de estos programas, hay que decirlo, aunque nos duela; son en realidad la estructura electoral de Morena adoptada en servicio público”.
Dicha reforma garantiza servicios de salud gratuitos a quien carece de seguridad social y establece la entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad; pensión a las personas mayores de 68 años, y a los 64, años de edad, en caso de indígenas; y un sistema de becas a estudiantes de todos los niveles escolares de la educación pública.
“En 2019, tres de cada cuatro pesos, se ejercieron sin reglas de operación, la falla más alta en 20 años; los padrones no son auditables y no son transparentes, como no pasaba hace años”.
Los operadores de estos programas, hay que decirlo aunque nos duela; son en realidad la estructura electoral de Morena adoptada en servicio público”.
Indicó que en la legislación secundaria, en la sección de artículos transitorios del decreto, no se especifica sobre la regulación que debe expedir el Congreso para la aplicación legal de los nuevos preceptos.
“Eso es un gran riesgo, como se vio en el proceso de la Guardia Nacional, expresó
Álvarez-Icaza planteó que sea ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en vigor desde 1976, el cual abarca campos como la seguridad social, trabajo, salud, entre otros.
