En los últimos seis meses, autoridades mexicanas han detenido el ingreso ilegal de más de 50 millones de litros de diésel, una cifra que prende las alertas en las aduanas del país. Así lo informó Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), durante su participación en el 85 Congreso Nacional de Agentes Aduanales.
El combustible, que pretendía entrar al país sin pagar impuestos, fue asegurado principalmente en los puertos de Tampico, así como en las aduanas de Laredo y Matamoros, en Tamaulipas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. El tráfico se realizaba tanto por tren como por barco, de acuerdo con Marín.
“La verdad no tengo la cuenta (en millones de pesos), pero es que cada día salen más. Podemos decir que más de 50 millones de litros hemos decomisado de diésel”, explicó el funcionario.
Marín regresó a la ANAM el pasado 14 de febrero y, desde entonces, se ha enfocado en combatir el llamado “huachicol fiscal”, una práctica de contrabando que, según dijo, estaba muy extendida.
“Hemos estado dando seguimiento a todos los pedimentos aduanales que han estado entrando. Primero, empezaron cambiando las fracciones arancelarias, en lugar de decir diésel, decían aditivo para aceite de combustible”, relató.
“Alertamos todas esas fracciones, el capítulo 27, pero luego le empezaron a cambiar por otros productos. Ahora es un producto químico y le andan (cambiando). Entonces, hemos estado persiguiendo eso”.
Una de las herramientas clave para estos aseguramientos ha sido la infraestructura de videovigilancia con la que cuentan las aduanas mexicanas. Marín detalló que el Centro Electrónico de Procesamiento de Datos Aduanero opera con más de 14 mil cámaras instaladas en puntos estratégicos.
“A través de ellas, hemos estado vigilando todo lo que pasa por las aduanas, y ahí encontramos que pasaban los ferrocarriles”, dijo.
“El último decomiso que hicimos fue porque pasaron 129 carrotanques en un tren. Y habían declarado nada más el 10 por ciento del combustible”.
Este tipo de operaciones son parte de la estrategia nacional para frenar el contrabando y garantizar que los productos que ingresan al país cumplan con la ley. En este caso, la vigilancia tecnológica y el rastreo documental han sido clave para detectar lo que no se ve a simple vista.
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