En un operativo estratégico tras años de alertas sobre minería ilegal en la región, la Fiscalía General de la República (FGR) logró el aseguramiento de una mina ilícita de mercurio en la comunidad de La Plazuela, ubicada en el municipio de Peñamiller.
A pesar del despliegue de las fuerzas federales, las autoridades confirmaron que no hubo personas detenidas durante la intervención.
La acción policial, ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) y coordinada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se derivó de una denuncia anónima. Según el reporte, un grupo de civiles armados no solo realizaba la extracción ilegal del mineral, sino que mantenía bajo amenaza e intimidación a los habitantes de la zona.
Al llegar al sitio, los elementos de seguridad y peritos localizaron indicios claros de actividad industrial como equipos tipo malacate para la extracción; material con características de sustancias explosivas y costales con material pétreo y recipientes con mercurio líquido.
La Profepa confirmó previamente que el lugar carecía de cualquier autorización vigente para la explotación de recursos minerales, lo que dio pie a la apertura de la carpeta de investigación por sustracción ilícita de minerales.
Contexto: la “Fiebre del Mercurio” y el Crimen Organizado
Este aseguramiento ocurre un año después de que investigaciones internacionales pusieran el foco sobre el semidesierto queretano. En julio de 2025, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) de Estados Unidos reveló en su informe “Los traficantes no dejan piedra sin levantar” que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presuntamente controla gran parte de esta actividad.
Entre 2019 y 2025, se registró la extracción de 200 toneladas de mercurio, exportaciones ilícitas dirigidas a Perú, Bolivia y Colombia. Precios récord de hasta 330 dólares por kilogramo, impulsados por la demanda en la minería de oro.
El informe de la EIA incluso señaló nombres específicos, vinculando a la exfuncionaria municipal Alejandra Pulido Briseño y a su pareja, Juan José Zamorano, como presuntos operadores de la red de exportación ilegal.
Impacto Social y Ambiental
La minería ha sido, históricamente, el único sostén económico de Peñamiller y municipios aledaños como San Joaquín y Pinal de Amoles, donde la agricultura es prácticamente inexistente. Sin embargo, la falta de regulación y el auge del tráfico ilícito han dejado a la comunidad entre la espada y la pared.
Estudios previos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ya habían advertido desde finales de los años 90 sobre la presencia de mercurio en el agua y alimentos de la región, una problemática que, hasta este reciente operativo, no había recibido el seguimiento adecuado por parte de las autoridades federales.
Con este golpe, la FGR busca retomar el control de un territorio que la EIA recomendó clausurar definitivamente antes de finalizar 2025 para evitar que la minería de mercurio siga financiando estructuras criminales.
