(28 de abril, 2015, Revolución TRESPUNTOCERO).- “En México los periodistas mueren dos veces, la primera vez, las balas los ultiman, la segunda cuando la sociedad civil y los colegas periodistas afirman terminantemente, ‘se murió porque andaban en malos pasos’, ‘se lo buscó, porque se metió con quien no debía’. Cuando un periodista es asesinado debería haber un luto nacional, porque su muerte es un atentado terrorista que al final de la línea es culpa del gobierno, en contra de quien dice la verdad”, explica el periodista Alfonso Z. Paz.
“Quien se atreve a contradecir al gobierno y autoridades en provincia, independientemente de las consecuencias, obtiene un logro, algunas veces dejamos que sean los periódicos nacionales quienes saquen las notas que se queden plasmadas en la memoria colectiva; posiblemente la apatía que invade, es porque en provincia el periodista en un ‘don nadie’, aunque te esfuerces en sacar notas que impacten y generen critica social, nunca vamos a lograr la misma recepción que uno de un medio nacional y en esta misma línea, cuando nos matan, somos parte de una pequeña nota roja, papel que mañana servirá para envolver verduras”, enfatiza Paz.
Y argumenta, “no es el periodismo una profesión mortal, es la ética periodística la letal. ¿Cuántos periodistas que engrandecen a Peña Nieto o a funcionarios públicos panistas y priistas han muerto? ¿Cuántos periodistas muertos lleva TV Azteca y Televisa? En este país muere quien está en contra del sistema, quien denuncia los nexos de narcotráfico de los altos mandos del poder”.
“Es realmente gratificante ver como la capital del país enaltece el nombre de una gran periodista, con sus muestras de apoyo y al mismo tiempo gran parte de la sociedad de provincia se une a la lucha en favor de ella y su equipo, pero somos personalistas, porque ningún periodista de provincia, del municipio ubicado en el último rincón de México captará un grado de atención y apoyo como ese, cuando lo censuren, ni siquiera muerto lo lograría”, puntualiza Paz.
En la página 21 del Informe Sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México 2002-2007 se incluye el nombre de José Barbosa Bejarano, corresponsal de la Revista Alarma en Ciudad Juárez, quien apareció muerto. Sobre el tema los periodistas de Chihuahua afirman que falleció en un accidente de tránsito, en donde fue atropellado. La Policía no tiene registros de ese caso. Sin embargo, los periodistas que llevan más de 25 años en el oficio aseguran, manteniendo el anonimato, que un día desapareció y poco tiempo después, su cuerpo apareció muerto en la vía, como su hubiera sido un accidente. “Su accidente sí fue intencional” afirman.
En 2006 se publicó una nota en donde se incluyó el caso, con titulo “en 23 años, 54 periodistas asesinados y dos desaparecidos”. La realidad de José Barbosa se posicionó entre 1.629 caracteres, único momento, en donde se hace la pequeña referencia: “Fue ultimado el 9 de marzo de 2000”, después de ese momento su historia quedó olvidada en los medios de comunicación.
Alfonso Z. Paz agrega, “difícil el arte de hacer periodismo en el interior de la República, luchas contra el medio, la sociedad y el narcotráfico, pero este último aún se pone en duda, porque al delincuente no podría importarle que lo califiquen como tal, pero todo cambia si de pronto el periodista conoce los nexos de esos grupos con políticos. En el norte, se dice que la mayoría de los reporteros de nota policiaca mueren ultimados por carteles éste último, sin embargo no es una verdad oculta que en el momento de su muerte todos investigaban a un funcionario, de los de abajo o los de muy arriba, todos tienen miras de avanzar y callan el desprestigio con balas, las clásicas soluciones priistas y panistas”.
La mañana del 13 de noviembre del 2008 “el mejor periodista en Ciudad Juárez del área de Seguridad Pública, José Armando Rodríguez Carreón, de 40 años, se convirtió en la nota principal”, afirma Martín Orquiz, periodista del Diario en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
Poco antes de ocho de la mañana el Choco, como era conocido el reportero del diario, se disponía a salir de su casa a bordo un vehículo Nissan propiedad de la empresa para la que laboraba. Lo acompañaba una de sus hijas, que en aquel momento tenía 8 años de edad.
Justo cuando salía, un individuo caminó hacia él blandiendo una pistola calibre 9 mm como si su cometido era vaciarle toda la carga, las balas penetraron a través de los cristales del automóvil y se impactaron en el cuerpo de Armando.
El Choco, estaba haciéndose cargo en ese momento de redactar las historias de los poco más de mil homicidios que habían ocurrido desde enero del 2008 hasta el momento de su asesinato, que representaban una inédita escalada de violencia en la frontera. Además de otros muchos asuntos de narcotráfico, corrupción e infiltración de organizaciones criminales en los gobiernos priistas y en las policías.
El día de su muerte, se disponía a dar seguimiento a su historia que había aparecido como principal en El Diario: el ataque mortal en contra de dos comandantes de la Policía Estatal. La última versión del caso, arroja que el presunto culpable del asesinato del periodista, murió. Sobre el caso una representante de la Red de Periodistas de Juárez sentencia, “una vez más vemos que el Estado mexicano está enviando el criminal mensaje de que, en este país, cegar una vida y silenciar así la libertad de prensa y de expresión, no tiene absolutamente ninguna consecuencia”.
Como cada año, desde la última década, el más reciente informe de Periodistas sin fronteras, concluye que “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas; las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado –incluso de las autoridades corruptas– son cosa de todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de información”.
Y asegura que “la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, no cambió en nada la situación de la libertad de información en el país. Ciertos medios de comunicación frecuentemente son blanco de ataques armados y de amenazas, en especial en el norte del país. ¿Quiénes están detrás de estas intimidaciones? Los cárteles de la droga, pero las intimidaciones también provienen de las autoridades federales y estatales”.
La “campaña de odio anónimo”, surgió en 2013, en San Luis Potosí, cuando periodistas del diario Pulso fueron víctimas de éste ataque, el cual se desarrolló en redes sociales, y se le atribuyó al Gobierno del Estado, tras la publicación de textos ‘incómodos’ para el gobierno. El documento emitido por Periodistas sin fronteras afirma que, “a dichas intimidaciones, se suma el hecho de que en ese mismo año el gobierno federal habría establecido un acuerdo con algunos gobiernos estatales para que no se divulgara información sobre hechos de violencia, con el objetivo de reducir el sentimiento de inseguridad general”.
José Bladimir Antuna García, era reportero de la sección policiaca en el periódico El Tiempo de Durango, fue secuestrado el lunes 2 de noviembre de 2009, cerca a las 10 de la mañana, junto a un parque. Diez horas más tarde se encontró su cuerpo sin vida, abandonado en ese mismo sitio.
Javier Treviño Rangel, periodista perteneciente al Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, narra, “hasta hoy, las autoridades encargadas de las investigaciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango y de la Procuraduría General de la República (PGR), no han dado con los responsables. En el país donde el 98% de los crímenes queda impune, el caso de Bladimir Antuna sigue ‘en trámite’”.
Antes de morir, Antuna García investigaba la corrupción policiaca y al crimen organizado. “Periodista de un estado donde decir la verdad es cada vez más peligroso, confesó a sus colegas que no tenía miedo a la muerte, pero no quería ser torturado. En abril de 2009, sobrevivió a un atentado en su domicilio. Desde entonces aprendió a vivir con los avisos intimidatorios que recibía en su teléfono celular o en las instalaciones del periódico”, recuerda Treviño Rangel.
Y agrega “Antuna García no dejó de evidenciar a la policía, incluso el día de su muerte demostró por última vez que la verdad oficial parece o es mentira, debido a la opacidad oficial en la investigación; el periodista fue estrangulado, sin indicios notables de heridas de bala y murió de asfixia por estrangulación, después de recibir varios impactos de bala en el cráneo y en el abdomen”.
La organización Articulo 19 da a conocer en su informe “Estado de Violencia”, que en 2014, 326 agresiones contra periodistas, una cada 26.7 horas, durante los dos años de Gobierno de Enrique Peña Nieto, suman a la lista 10 los periodistas asesinados, hasta el año pasado.
48% de las agresiones contra periodistas las cometió algún funcionario público. Mientras que la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas tiene un rezago en 83% de los casos denunciados.
“A solo dos años de haber iniciado, el Gobierno se encuentra sumergido en una profunda crisis de legitimidad y de credibilidad por la falta de justicia y continuas violaciones a los derechos humanos”, señaló Darío Ramírez, director de la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19.
