Ilustración: Pe Aguilar
*
(02 de abril, 2015).- Por más que el gobierno mexicano trate de negar acusaciones y problemas reales, en torno a la tortura generalizada que ocurre en el país, las instituciones no están dispuestas a ceder por lo que cerca de 30 organizaciones civiles, que se encargan de proteger los derechos humanos en el país, enviaron una misiva a Enrique Peña Nieto instándolo a que haga caso a las observaciones, realizadas por el relator Juan Méndez, con el que se rompieron relaciones por considerar “exagerada” su postura, en torno al tema de la tortura y otros tratos inhumanos y crueles.
Además las organizaciones consideraron como un “retroceso de la política exterior mexicana en materia de derechos humanos” el no reconocer, por parte del gobierno, las indicaciones y recomendaciones del relator ya que eso sólo fortalece ““la falta de reconocimiento de la situación real del país y de los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos”.
Por su parte Juan Méndez relator de la ONU calificado, por parte de Juan Manuel Gómez Robledo (Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)), como “no profesional y poco ético”, expresó en entrevista para el diario Reforma que: “Los ataques personales son una distracción de la esencia, que es erradicar el grave problema de la tortura en México, que yo califique (la tortura) como generalizada me parece que no es injusto ni arbitrario decirlo, y francamente no me han dado ninguna razón para cambiar de idea sobre eso”, indicó.
Además de señalar que, el hecho de que se rechace la evidencia, que señala a la tortura como una práctica generalizada en México, sólo es un obstáculo para poder enfrentar al crimen sistemático.
Y señaló: “Todas las recomendaciones y las medidas que ya están en curso pueden ser muy útiles, pero si no se empieza por reconocer que hay un problema de fondo muy grave, que es la generalización y la habitualidad de la tortura, se empieza con un punto de partida muy limitado”.
“Puede terminar en parches que puedan ser útiles para algunas víctimas pero que realmente no van a resolver el tema de fondo”, apuntó Méndez.
Por su parte las instituciones que enviaron la carta a Peña señalaron que: “es inaceptable que la SRE rechace que la tortura sea generalizada en México sin sustentar sus afirmaciones”, y expresaron su preocupación de que se hayan roto las relaciones con el relator.
“Esto no sólo va en contra de los métodos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que México es parte, los cuales están orientados al seguimiento de las recomendaciones y su cumplimiento… sino que evidencian la intolerancia y el desconocimiento ante graves violaciones que se vienen cometiendo en todo nuestro país”, indicaron en la misiva.
A su vez Méndez, al hablar de las declaraciones de la SRE indicó que, en cuanto al proceso de su viaje y el trato recibido no tiene queja pero “en ocasión de la presentación ante el Consejo se empieza a hablar de violaciones al código de conducta. Que se personalizara en mí y que se dijera que fui irresponsable y falto de ética me pareció una escalada retórica que me perjudicó personalmente, porque es mi reputación y mi integridad profesional la que se pone en entredicho. Lo encontré completamente distinto y mucho más grave que todo el diálogo que habíamos tenido hasta entonces”.
Y en torno al calificativo, tan discutido, de la “tortura generalizada” en el país señaló lo siguiente:
“Nunca afirmé que la tortura fuera parte de un ataque generalizado contra la población civil y mucho menos que fuera con conocimiento. Tendrá que ser la tarea de otros determinar si la Corte Penal Internacional (CPI) tiene o no competencias en este caso”.
“No tengo elementos para decir que la tortura es un crimen de lesa humanidad en México, lo que digo es que es generalizada. Que haya una sinonimia entre la forma en que se usa el término en uno y otro ámbito no quiere decir que automáticamente esto va a abrir las puertas a la competencia de la CPI”, explicó el relator.
Pero también existe la duda de si un gobierno puede pedir a un relator, designado por una instancia internacional, que se retracte de sus observaciones, y respecto a eso comentó:
“No hay nada de malo en pedirme que cambie mi posición si me dan elementos de juicio para cambiarla. Que me digan que no es generalizada porque pueden ir a la CPI, no es suficiente elemento para mí”.
“Que me digan que no puedo decir que es generalizada porque está basada en pocos casos tampoco es correcto; si me pueden demostrar que es equivocado que hay una práctica muy similar de tortura cuando actúan distintos cuerpos en distintos lugares del país, con características muy similares y que para cualquiera de esos cuerpos no hay una investigación seria posterior, yo cambio mi apreciación. Nunca me han demostrado eso”.
* * *
