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Atenco, siete años de impunidad. Parte II: ¿Por qué?

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Carlos Bauer / @CarlosBauer3_0

 

“Yo habría hecho lo mismo” – Felipe Calderón,
entonces candidato a la Presidencia de la República
“Aun cuando haya muerto una persona, aun cuando hayan muerto 500,
se debió haber construido el nuevo aeropuerto en Texcoco”
– Onésimo Cépeda, entonces obispo de Ecatepec

La entrada de tres mil policías a San Salvador Atenco el 4 de mayo de 2006 fue un parte aguas en la vida política y en la relación Estado-sociedad en la primera década del siglo XXI. Por una parte, demostró que los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) estaban tan dispuestos como los del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a echar mano de la fuerza cuando se afectaran los intereses y las ambiciones económicas de los grupos en el poder; dejando patente a la vez que PAN y PRI van de la mano cuando se trata de imponer el orden: para gobiernos que se declaran constituidos “de por y para empresarios”, el pueblo es una externalidad y el diálogo no es una opción.

Por otra, recordó a la ciudadanía embriagada en el discurso de “la sociedad civil” y la “transición a la democracia” –esos grandes fetiches de la década del noventa– que los medios de comunicación seguían siendo un instrumento de control de masas, no un contrapeso al poder, sino uno de sus tentáculos. Pasaron casi cuarenta años entre el “Hoy fue un día soleado…” con que abrió el noticiero estelar de Televisa la noche del 2 de octubre de 1968 mientras los estudiantes eran masacrados en Tlatelolco, y el “¡Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión! Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa, para acabar con estos hombres…¡Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergonzoso para nuestros hijos!… Aquí están las imágenes para el señor Enrique Peña Nieto. ¡Señor, hay que poner mano dura!” con que un locutor de TV Azteca exhortaba a acabar con los miembros del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Casi cuarenta años, pero parecía como si en esas décadas México hubiera permanecido congelado. Nada había cambiado, por más que un día sí y otro también clase política, empresarios y sus personeros en los medios insistieran que vivíamos en un México nuevo, de pluralidad y democracia, donde el autoritarismo y la simulación no tenían lugar.

La explicación –que no justificación ni validación– de la brutal jornada del 4 de mayo debe buscarse en dos momentos distintos. Uno se remonta casi cuatro años en el tiempo, hasta agosto de 2002. El otro ocurrió sólo un día antes del asalto a San Salvador Atenco. El primero fue el anuncio hecho el 1 de agosto de 2002 por el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en el sentido de que se cancelaba el decreto expropiatorio de tierras ejidales emitido nueve meses antes y, con ello, el proyecto de construir en esa zona el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El segundo fue el enfrentamiento entre comerciantes del mercado municipal de Texcoco y miembros del FPDT con elementos de la policía municipal, ocurrido por la mañana del miércoles 3 de mayo de 2006.

Al inicio de su sexenio, Vicente Fox anunció la construcción de un nuevo aeropuerto para desahogar el tráfico aéreo que ya amenazaba la viabilidad y la seguridad en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Junto con el anuncio, el primer presidente emanado de un partido opositor desde inicios del siglo XX emitió un decreto expropiatorio que declaraba de utilidad pública una serie de terrenos ejidales ubicados en los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán, todos en el Estado de México. Sin consulta previa con las poblaciones afectadas, el presidente decretaba que los campesinos debían vender sus tierras a cambio de unos centavos por metro cuadrado (aunque ante la resistencia el Gobierno Federal llegó a ofrecer hasta cincuenta pesos por metro).

Políticos locales y nacionales, así como grupos empresariales de todos los niveles se volvieron entusiastas inmediatos del proyecto: el aeropuerto era ciertamente una obra necesaria, pero además representaba un botín gigantesco para políticos metidos en el negocio inmobiliario y empresarios metidos en la política.  Sin embargo, os pobladores de Atenco se opusieron a que su tierra y sus medios de subsistencia les fueran arrebatados y lograron frenar el proyecto mediante una resistencia basada en el frente jurídico. Los campesinos argumentaron algo que nunca pudo ser asimilado por la mentalidad empresarial de los gobernantes locales y nacionales: si vendían sus tierras podían obtener una cantidad de dinero en el corto plazo, pero ese dinero se agotaría y si ya no tenían tierras de cultivo, ¿de qué vivirían sus hijos y los hijos de sus hijos? Finalmente, ante la perspectiva de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echara abajo el decreto expropiatorio, Vicente Fox decidió echar marcha atrás.

Algunos sectores lo acusaron de impericia política, otros de ser demasiado blando con los movimientos sociales. Los campesinos respiraron aliviados, pero no se confiaron: en octubre del mismo 2002 conformaron el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra para mantenerse organizados y articularse con otras luchas que seguían el mismo espíritu: la defensa de la tierra ante el avance de proyectos elaborados verticalmente y sin otra lógica que la generación de ganancias para los sectores oligárquicos.

Dicho Frente sería el protagonista del segundo acontecimiento que explica el asalto policíaco a San Salvador Atenco. La mañana del 3 de mayo de 2006, policías municipales impidieron a varios floristas instalarse en los alrededores del mercado municipal de Texcoco, pese a que un día antes se había acordado que los días 3, 10 y 15 de mayo los floristas podrían instalarse sin ser hostigados. Integrantes del FPDT se unieron a la gresca apoyando a los floristas, y aunque la policía reaccionó con violencia su inferioridad numérica permitió a los pobladores imponerse y capturar a algunos policías. En medio de la confusión, un policía disparó a quemarropa a Francisco Javier Cortés, un muchacho de 14 años que hacía un mandado cuando se encontró con elementos de la policía municipal. Tres testigos afirmaron que los policías, enardecidos por la derrota sufrida minutos antes, le dispararon a Francisco, así, sin más.

Entonces la policía estatal mandó un operativo para liberar a los elementos municipales y retomar el control de la cabecera municipal de Atenco. Pero el FPDT se atrincheró sobre la carretera Texcoco-Lechería que lleva a San Salvador Atenco y repelió los intentos de los policías estatales por desalojarlos, capturando a más policías en los enfrentamientos. En total, el FPDT llegó a tener retenida a una decena de policías municipales y estatales.

La reacción del gobernador del Estado de México fue la venganza: ordenó el asalto a la casa de Texcoco donde se encontraban Ignacio del Valle y otros dirigentes del FPDT. Al enterarse del arresto de sus compañeros, los miembros del FPDT atrincherados en San Salvador Atenco supieron que no les quedaba mucho tiempo y comenzaron a prepararse para resistir.

El operativo para acabar con ellos a cualquier costo estaba en marcha. La razón oficial para el asalto a Atenco fue la liberación de los policías retenidos y la recuperación de la carretera Texcoco-Lechería. Sin embargo, el hecho de que el operativo se llevara a cabo a menos de un mes de las elecciones presidenciales y en medio de un constante bombardeo mediático que satanizaba a los “macheteros” de Atenco y trataba de relacionarlos –sin pruebas, pero con feroz insistencia– con el candidato puntero, hizo que muchos observadores lo interpretaran como un acto que vengaba el despecho de Vicente Fox y el Grupo Atlacomulco que gobierna el Estado de México por los negocios perdidos y al mismo tiempo daba un empujón al candidato presidencial de la derecha, quien, sin ninguna consternación por las violaciones perpetradas por las fuerzas policíacas, se apresuró a declarar “yo habría hecho lo mismo”. Y cumplió.

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