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ATP podría explotar recursos mexicanos sin ser juzgado por autoridades nacionales

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Banner: Alejandra Alanís

(25 de marzo, 2015).- El Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP), en el cual participa México, tiene previsto ceder derechos sobre recursos nacionales a empresas privadas, por encima de las leyes internas de los países firmantes. En un documento que Wikileaks le proporcionó al diario La Jornada, se revela que el acuerdo dictaminará mecanismos y normas supranacionales para resolución de conflictos, con las cuales se dejará vulnerables a los Estados.

En la última versión del ATP se señala que los participantes de éste, han acordado otorgar a las empresas extranjeras “mayores poderes para demandar directamente a los gobiernos firmantes en tribunales extrajudiciales (investor-state dispute settlement, ISDS) conformados de manera discrecional y sin mecanismos de control, los cuales se encargarán de resolver disputas entre inversionistas y Estados por políticas nacionales”. Las compañías extranjeras “podrán exigir compensaciones, pagadas por los contribuyentes, ante acciones gubernamentales financieras, de salud, ambientales, de uso de suelo y otras”, en caso de que no se respeten los beneficios que le otorga el ATP, indica un análisis de Public Citizen, citado por el diario mexicano.

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En caso de que se aprueben los ISDS para el ATP, éste podría exigir pagos gubernamentales ilimitados para inversionistas extranjeros basados en las ganancias estimadas que establezca el tribunal supranacional. De forma adicional, este organismo estaría facultado para participar/resolver en conflictos legales entre gobiernos y consorcios, que implicarían concesiones de tierras nacionales o para proyectos de construcción.

Además en el documento se contempla la posibilidad de que empresarios foráneos impugnen las decisiones de los gobiernos nacionales para reducir el valor de la “expropiación indirecta” o que se cambie “el nivel de escrutinio regulatorio que un inversionista podría haber tenido con un gobierno previo” con base en el artículo II-6, sobre el “estándard mínimo de trato”.
No obstante, en una de las versiones más recientes del ATP –de acuerdo con el documento obtenido por La Jornada–, se permitirá que “todas las transferencias relacionadas con una inversión se realicen libremente y sin demora, adentro y afuera de su territorio”. De forma inadmisible, los tribunales supranacionales “no cumplirían con los estándares de transparencia, consistencia y debido proceso comunes a los sistemas legales de los países firmantes ni ofrecerían resultados justos, independientes y balanceados” a las disputas que en ellos se presenten, señala Public Citizen.

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Dado que México hace parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico, los consorcios foráneos quedarían blindado de todo impedimento jurídico; en tanto que en nuestro país, las reformas estructurales proporcionarán el paso libre para que inversionistas extranjeros exploten los recursos naturales, como: agua, minerales, hidrocarburos y biodiversidad.

 

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Por lo tanto, las concesiones energéticas, acuíferas y mineras, que se otorguen a multinacionales con casa matriz en Estados Unidos, se volverían irreversibles, pues éstas estarían bajo el amparo de un tribunal supranacional así como de leyes nacionales.

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