El Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) implementó, continuará sus trabajos durante 2018.
Lo anterior fue uno de los compromisos que el Gobierno mexicano asumió ante representantes de la CIDH y padres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. A inicio de semana, la comisionada Esmeralda Arosemena, relatora para México, junto con el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, tuvieron diversas reuniones con las partes involucradas, en la cuarta y última visita oficial del mecanismo.
“El Estado se compromete a respaldar el seguimiento de la CIDH a las medidas cautelares de referencia durante todo el año de 2018, mediante una contribución financiera en valor integral en diciembre de 2017”, indica el primero de cuatro puntos de acuerdo, en referencia a las medidas MC-409-14 que la comisión emitió por la desaparición de los estudiantes.
El segundo punto indica que “en la primera sesión de la CIDH de 2018, que se realizará en febrero, las partes programarán las visitas a México del Mecanismo Especial de Seguimiento.
El Estado mexicano también se comprometió a recibir una visita oficial adicional del mecanismo en febrero próximo para evaluar resultados en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas”.
En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) deberá continuar con los trabajos dentro del caso y sostener más encuentros con los familiares de las víctimas, aunque en esta ocasión no presentaron ningún tipo de avance en la investigación.
Los integrantes de la CIDH se reunieron el lunes, por separado, con los padres de los normalistas, con el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y con funcionarios de la PGR, la Secretaría de Gobernación y la Cancillería.
Este último encuentro, donde participaron Roberto Campa, de la Segob; Miguel Ruiz Cabañas, de la Cancillería, y Alberto Elías Beltrán, como encargado de despacho de la PGR- se retomó el martes y posteriormente se reunieron los funcionarios federales, los miembros de la CIDH, los familiares de las víctimas y sus representantes.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que “los padres y las madres de los desaparecidos demandaron que continuará el mecanismo, pues para ellos sólo la presión internacional ha ayudado a que el caso avance”.
El abogado precisó que “a pesar de que el acuerdo con el que se dio origen al instrumento –luego de la salida del GIEI de México– no establece una temporalidad, era importante escuchar del Estado mexicano la voluntad de no entorpecer sus labores durante el próximo año”.
Aunque se determinó que el Mecanismo continúe sus labores en el caso, “los padres se mostraron frustrados por terminar una reunión más sin resultados concretos sobre el paradero de sus hijos”, señaló el abogado.
