(21 de marzo, 2016.Revolución TRESPUNTOCERO).- El Sistema Penitenciario Nacional enfrenta una grave crisis derivada de la falta de una adecuada política nacional que atienda los grandes rubros que constitucionalmente debe observar y cumplir, informó el reciente Pronunciamiento sobre Supervisión Penitenciaria emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH).
La comisión señala que no busca ‘condiciones de privilegio’ para las personas que se encuentran en reclusión penitenciaria, sino que cesen las condiciones que representan situaciones de violación a derechos humanos. En dicho pronunciamiento, se señala que el promedio por Estado de las calificaciones ha descendido y las deficiencias señaladas continúan presentándose. O sea, al analizar los resultados de las calificaciones de los últimos cuatro diagnósticos, se observa que 22 (69%) Estados han bajado su calificación de 2013 a 2014, de éstos 14 (44%) entidades han descendido su calificación por dos periodos continuos o más, de las cuales 9 (28%) han disminuido su calificación por 3 o 4 años seguidos. De las 10 Entidades Federativas que no bajaron su promedio, sólo una mantuvo la misma calificación entre 2013 y 2014, las restantes 9 (28%) subieron su calificación en el mismo periodo; de éstas, 4 (12.5%) entidades lo hicieron por dos años consecutivos.
La CNDH insiste en la necesidad por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad; el derecho a la vida, a la protección de la salud, a la igualdad, a la integridad y seguridad personal, el acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y al principio la legalidad. En ese sentido señala, por ejemplo, los requerimientos básicos sobre la integridad física, psicológica y moral del interno como: el número de internos en relación con la capacidad instalada del centro, su distribución, los servicios para mantener la salud, la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, la prevención y atención de incidentes violentos, así como de la tortura y/o maltrato entre otros.
En tanto, entre los aspectos que garantizan una estancia digna, se encuentran; la existencia y capacidad de las instalaciones necesarias para el funcionamiento del establecimiento, así como las condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a los internos; del área médica, de la cocina y comedores, de las instalaciones para la comunicación con el exterior, de los talleres y áreas deportivas y, por último, sobre la alimentación. Condiciones de gobernabilidad como son; el respeto del debido proceso en la imposición de las sanciones disciplinarias, la ausencia de actividades ilícitas y de extorsión y sobornos, entre otras.
También, debe procurarse la reinserción social del interno y, por último atender a los grupos de personas internas en situación de vulnerabilidad: mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, internos con VIH/SIDA, personas pertenecientes a la diversidad sexual y personas con adicciones.
Ante el panorama, la Comisión acusa que “aun y cuando este Organismo Nacional ha manifestado en sus informes y recomendaciones dirigidas a las autoridades penitenciarias la necesidad de abatir la sobrepoblación(…) se continúa presentando en las prisiones del país como resultado de varias causas, entre las que destacan: El uso desmesurado de la pena privativa de libertad; rezago judicial de los expedientes de gran parte de la población en reclusión, casi el 50 % son procesados; la fijación de penas largas, a veces sin la posibilidad de medidas cautelares o el otorgamiento de libertades anticipadas; y la falta de utilización de penas alternativas o sustitutivos de la pena privativa de libertad”.
Sin ir más lejos, en febrero pasado la CNDH advirtió sobre el registro de 28 centros penitenciarios con “riesgo crítico” por sobrepoblación de reos que superan en un 40 por ciento su capacidad. Señaló que las cárceles que enfrentan las condiciones más críticas son los ubicadas el Estado de México: en Cuautitlán, con un 75 % de sobrepoblación, Chalco con 74 % ambas situadas en el Estado de México y el penal de Tlalnepantla, con un sobrecupo de 66 por ciento de reos. De acuerdo con el reporte entregado al Senado en 2015, otros 20 penales estatales, entre los que se situó Topo Chico, en Nuevo León, tenían un “riesgo alto”, por exceder la población hasta en un 20 por ciento.
