La mañana de este miércoles en la ciudad de Tijuana, Baja California se llevó a cabo un operativo conjunto entre diversas instancias gubernamentales con el fin de verificar el cumplimiento de los protocolos y reglamentos indicado a los establecimiento ante la pandemia de COVID-19
Durante la inspección fue clausurada la funeraria “San Gabriel” tras presentar diversas irregularidades principalmente en la determinacion de los costos para cremación.
El operativo fue realizado por personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), de la Secretaría de Salud, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de Protección Civil y de la dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento.
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De acuerdo con la Profeco en el establecimiento, ubicado en la colonia Los Álamos, al noreste de la ciudad, incrementó sus precios y estableció un rango de costos entre 25 mil y 35 mil pesos por la realización de servicios de cremación de restos humanos y además en el lugar se localizaron documentos no registrados de manera oficial.
Otras de las inconsistencias de la funeraria fueron las faltas al Programa Interno de Protección Civil, entre las que se encuentran la ausencia de capacitación del personal para el uso de extintores así como un protocolo de evacuación ante emergencias.
“Hemos recibido denuncias de muchas familias que les han elevado los precios hasta más de 50 mil pesos, asustándolos que, por motivo de la pandemia, se les tienen que incrementar los precios, medrando así con el dolor de los familiares que tienen la urgencia de cremar los cuerpos con COVID-19”, comento el delegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe.
Además agregó que se busca que la medida aplicada a la funeraria sirva de ejemplo a los demás comercios “para que entren en razón, porque es indignante que, pese a la situación económica y la tragedia de cientos de familias ante la pandemia del coronavirus, actúen de manera lucrativa”.
