(19 de enero, 2015).- El fraude a cientos de miles de ahorradores a raíz de la desaparición de Ficrea, revela triangulación ilegal de fondos y lavado “hormiga” de dinero el año pasado, en la que son responsables las autoridades financieras que sabiendo de las irregularidades permitieron a entidades financieras receptoras de dinero federal invertir en una empresa con crecimiento atípico, señala una investigación de la revista Proceso.
Documentos advierten de que el gobierno federal centró sus indagaciones en algunos “ahorradores plus”, quienes demandan el pago del 100 por cuento de sus ahorros, sin embargo ha ignorado a decenas de inmobiliarias ahorradoras, en incluso “perdonó” a la mayoría de los accionistas de Ficrea, especialmente en el socio mayoritario, Rafael Antonio Olvera Amezcua.
De hecho el gobierno federal señala que debe rescatar a algunas empresas del consorcio de Olvera Amezcua, dado que al menos dos de ellas ahorraron en dicha sociedad financiera popular (sofipo): Baus and Jackman Leasing S. A. de C. V. y Leadman Trade S. A. de C. V.
Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, constituyó su primera empresa el 21 de diciembre de 2000: Leadman Trade, de acuerdo con información de El Universal. Al menos 100 empresas se multiplicaron en ese año y Ficrea surgió en 2008, el 8 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino Ficrea porque detectó una triangulación de recursos entre ésta y Leadman Trade.
Hasta ese mes, Ficrea contaba con una cartera de crédito por 6 mil 284 millones de pesos, de estos 5 mil 900 millones se trasladaron a tres empresas de Olvera: Leadman Trade, Baus and Jackman Leasing y Monka Comercial.
A Olvera se le denunció ante la PGR por lavado de dinero y fraude de más de 2 mil 700 millones de pesos en agravio de 6 mil 670 ahorradores.
Sin embargo de acuerdo con información de Proceso, no son 6 mil 670 ahorradores, sino 4 mil 432 que son los que cuentan con “un solo instrumento de inversión registrado”.
En este sentido, Edward Martín Regalado, abogado de los ahorradores defraudados, reprobó que en el Congreso de la Unión, el Congreso Permanente, la CNBV, Condusef y la Secretaría de Hacienda señalaron que para ellos la autoridad actúo de forma responsable y oportunamente ante tal situación de fraude.
Señaló que se debe de conformar una comisión que lleve el caso, pero advirtió que “ya sabemos que cuando se crean comisiones al final se exoneran y termina en una propuesta legislativa sin llamar a cuentas a las autoridades responsables”.
Las preguntas de los abogados de los defraudados no fueron respondidas, además de que les confesaron que no hay fondos suficientes para devolver a los ahorradores sus depósitos.
“Que quede claro cuál fue el actuar de la autoridad porque tenemos elementos que nos llevan a dudar si actuaron como debía. Me parece que la autoridad no quiere dar la información completa para que los afectados no se den cuenta que puede pasar lo de Publi XIII”, quienes solo recibieron el 10 por ciento de sus ahorros.
Aun cuando la PGR tenga identificado al principal socio de Ficrea, Rafael Olvera “el tema no se limita a esto porque cuando sea aprehendido seguramente estará preparado para defenderse con sus abogados y sabemos la historia. Mientras tanto qué pasará con los ahorradores y qué pasa si termina absuelto”.
