Este lunes, el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego, reafirmó el compromiso de la administración capitalina para consolidar las 21 Casas de Gobierno; un proyecto busca romper con la vieja estructura burocrática centralizada y garantizar que el pueblo de las 16 alcaldías tenga voz y mando en la gestión pública.
Durante la conferencia de prensa encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, Pliego informó que se trabaja arduamente en coordinación con las secretarías de Administración y Finanzas y de Obras para que la infraestructura física de estos espacios esté lista a la brevedad.
Aunque solo una sede ha sido inaugurada formalmente, el secretario aclaró que las 20 direcciones ejecutivas restantes ya se encuentran en funciones, operando en territorio y atendiendo las demandas ciudadanas, lo que demuestra que el servicio público no se detiene por paredes o edificios.
Defensa de los cuadros: servidores públicos con ética y compromiso
Ante los señalamientos mediáticos que intentaron cuestionar los perfiles de quienes encabezan estas Casas de Gobierno, Tomás Pliego salió en defensa de los compañeros y compañeras designados.
Pliego subrayó que se trata de cuadros con probada experiencia en la lucha social y el servicio público, muchos de ellos con trayectoria como exconcejales y legisladores comprometidos con la Cuarta Transformación.
“Son compañeras y compañeros con experiencia, que han sido servidores públicos, que no tienen mancha en su expediente, que tienen una trayectoria limpia y que están haciéndose cargo de esta responsabilidad”, sentenció Pliego.
Así, el funcionario desestimó cualquier intento de desprestigio contra quienes han dedicado su vida a la causa popular.
El secretario aseguró que se mantendrá una política de puertas abiertas y comunicación constante para informar sobre las próximas aperturas. Con la puesta en marcha de estas 21 sedes, el Gobierno de la Ciudad de México no solo cumple una promesa de campaña, sino que profundiza la democracia participativa, devolviéndole al ciudadano el derecho a ser atendido en su propia comunidad por servidores públicos honestos y cercanos a la realidad del pueblo.
