(18 de diciembre, 2015).- Indígenas choles irrumpieron el ayuntamiento del municipio de Tila, Chiapas para exigir recuperar sus tierras utilizadas por el gobierno; los agraviados se identificaron como ejidatarios de Tila adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Los ejidatarios recordaron que desde más de 30 años emprendieron una lucha legal para exigir la devolución de 130 hectáreas, en parte de las cuales fue construida la cabecera municipal sin autorización de la asamblea ejidal.
Lamentablemente para la causa, las exigencias se tornaron violentas, al grado de prender fuego a inmuebles del ayuntamiento por lo que el día de ayer se emitió un comunicado para esclarecer las cosas.
En “un contexto de hostigamiento y profundas arbitrariedades” de las autoridades municipales, efectuaron “una marcha que culminó, sin que estuviera planeado, en la quema y destrucción de algunas instalaciones (ayuntamiento, registro civil, hacienda, DIF y comandancia).
“La asamblea general de ejidatarios (del pasado 8 de noviembre) acordó demoler el palacio municipal construido (hace 72 años) sin permiso de la asamblea general porque es el origen de todas las injusticias, discriminacion, hostigamiento y constante despojo de las 130 hectáreas de nuestra tierra ancestral para el fundo legal, buscando destruir nuestra colectividad”,
La historia de lo que ellos llaman agravio a sus derechos comienza desde el 25 de agosto de 1909 la cabecera municipal se encontraba en el vecino poblado de Petalcingo, de 101 hectáreas, pero por una epidemia y la presencia de combatientes de la Revolución de 1910 quedó abandonado.
Pero en 2008, agregaron, el Tribunal Agrario emitió una resolución en favor de los ejidatarios, pero como no fue ejecutada ellos acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no ha resuelto el caso, presuntamente porque ocasionaría un problema social, pues sería necesario reubicar prácticamente toda la cabecera municipal.
“El mal gobierno municipal lleva 72 años de violación de nuestro derecho; llevamos 30 años de lucha por la vía jurídica y seis años hemos esperado el resultado de la ejecución de los amparos 1302/2010 y 259/82.”
Uno de los motivos más fuertes ara recuperar dichas tierras es que sólo en 52 de las 130 hectáreas del fundo legal existen construcciones y el resto “es totalmente cultivable, como consta en el peritaje de cuantificación de daños y perjuicios”.
“Estamos al pendiente de la posible represión, ya que en semanas anteriores comenzó la operación del Ejército y la Marina ante el acuerdo del ejido”, advirtieron.
Con información de La Jornada
