En medio de una creciente indignación por los abusos cometidos contra migrantes detenidos en Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó algo claro esta mañana: ningún mexicano debería estar encerrado, humillado y encadenado en esos centros de detención. Ni uno solo.
Desde su conferencia matutina, Sheinbaum reaccionó con firmeza ante las denuncias hechas públicas por Human Rights Watch (HRW), que documentó testimonios escalofriantes de personas retenidas en instalaciones migratorias de Florida, como el Centro Krome, el BTC y el FDC. ¿El común denominador? Maltrato, cadenas, condiciones inhumanas y una flagrante violación de los derechos fundamentales.
“Conocemos que hay algunos mexicanos en este centro de detención y estamos insistiendo en que sean deportados de inmediato”, declaró la mandataria con tono resuelto.
En respuesta a estos abusos, Sheinbaum aseguró que su gobierno ya activó todos los canales diplomáticos necesarios. No es una promesa: ya se enviaron notas diplomáticas, tanto desde la Embajada de México en Washington como desde los consulados, para exigir la pronta repatriación de los mexicanos detenidos.
“Lo que hemos solicitado es que se deporten de inmediato para poderlos repatriar”, reiteró.
Actualmente, se tiene conocimiento de 14 mexicanos detenidos en uno de estos centros, donde, según los informes de HRW, las condiciones de encierro violan no sólo los estándares internacionales, sino también las propias normas migratorias de EE.UU.
La presidenta no se anduvo por las ramas. Dijo que desde que surgieron reportes de que migrantes podrían ser enviados incluso a Guantánamo, el gobierno mexicano actuó de inmediato.
“Cuando salió que iban a enviar a migrantes detenidos a Guantánamo, se envió una nota diplomática”, recordó.
Y cuando se supo públicamente sobre las condiciones específicas del centro mencionado por una periodista en la mañanera, se mandó otra nota, puntual, con una exigencia directa: deportación inmediata.
La mandataria también explicó que el consulado mexicano en Estados Unidos está monitoreando posibles violaciones a los derechos humanos, y si se confirma que las hay, se activa un protocolo especial para brindar atención, protección y seguimiento a los connacionales afectados.
“Desde la Embajada de México en Estados Unidos y desde los consulados se está insistiendo en que sean integrados a México de la manera más pronta posible”, concluyó.
El hecho trasciende, ya que el derecho a migrar no debería convertirse en una sentencia de castigo. Porque nadie, sin importar su nacionalidad, debe ser tratado como delincuente por buscar un mejor futuro. Y porque tener un gobierno que levanta la voz por sus ciudadanos, aún fuera del país, importa. Mucho.
La situación en esos centros no es nueva, pero hoy hay una exigencia: ni un mexicano más en esos lugares donde el respeto a los derechos humanos brilla por su ausencia.
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