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Binomio de las autoridades con el crimen organizado: la descomposición generalizada

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(22 de octubre, 2014).- Cada día se unen más y más voces que sentencian lo inconcebible de los acontecimientos que sacuden ya casi de manera permanente a nuestro país. Las tumbas colectivas, para llamarlas ya de una manera menos dolorosa, son la más clara muestra de los monstruos que ha creado el binomio o la complicidad de las autoridades con el crimen organizado, con los narcotraficantes, con los tratantes de blancas, con los polleros, con los que se dedican al robo de automóviles, con los secuestradores. Las críticas internacionales también se recrudecen ante lo insólito de estos hechos, de los ocurridos en Tamaulipas, en Chihuahua cuyas muertas siguen sin encontrar justicia, en el Estado de México en donde por un sexenio se evitó hablar de inseguridad para así tener “segura” la llegada a una posición superior.

Ya se ha informado de una serie de reuniones, pero son eso, reuniones que nada dejan en claro. El titular del Ejecutivo hace citas por la noche para reunirse con su gabinete de seguridad y los reportes de cadáveres que se encuentran en todo el territorio sigue su mismo ritmo, su cuota diaria, la desintegración de miles y miles de familias que quedan en el desamparo y muchas de ellas hundidas en la sospecha que crean las propias autoridades señalándolos como ligados a los grupos de mafiosos sin que hubiesen tenido nada que ver, salvo encontrarse en el lugar y momento equivocados. Las narraciones de testigos sobre la desaparición y hasta ejecución de normalistas y 6 personas más van en varios sentidos y no se sabe lo suficiente sobre lo que han declarado los más de 50 detenidos.

Como ocurre con mucha más frecuencia que lo saludable, estas detenciones hechas en los primeros días son equívocas o algo está pasando ya que no pueden dar ni siquiera con el lugar en donde se supone depositaron los cuerpos o los escondieron aún vivos. Uno de los jóvenes integrantes del grupo normalista ha señalado: “llegamos a la central de autobuses por Iguala en dos camiones y partieron de ahí como a las 8 y media de la noche del viernes 26 de septiembre en dos grupos: uno de tres vehículos que salió por el Norte y otro de dos camiones que se fue por el Sur. Ya en el centro de la ciudad empiezan las ráfagas de arma. No nos percatamos que fueran para nosotros porque no íbamos agrediendo a nadie, no íbamos robando ni nada”.

Es ahí en donde empieza todo a enredarse ya que las agresiones fueron realizadas por policías municipales y por otros hombres que iban armados pero que no portaban uniforme. En ese primer ataque hubo los seis muertos, tres de ellos alumnos de la normal de Ayotzinapa, uno más pertenecía a un equipo de futbol, además de un taxista y una ama de casa; el saldo de ese ataque fue, finalmente de esos 6 muertos, 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. No hubo, como pudo constatarse posteriormente cuando siguieron los ataques hiriendo y matando a algunos, llevándose a otros, un uso “excesivo de las fuerza” como aseguró el procurador estatal Iñaki Blanco, sino ataques directos, desaparición forzada y tortura. ¿Por qué no se han levantado debidamente los cargos? ¿Por qué no habla ninguno de los detenidos? ¿Cómo es que manipularon la fosa al momento de exhumar los cadáveres?

Fueron 28 los cuerpos encontrados en una primera búsqueda producto de la declaración de los detenidos quienes revelaron la existencia de fosas clandestinas en Iguala. Posteriormente se encontraron otros más y la autoridad federal se ha comprometido a su identificación a sabiendas de que carecen de un registro, de que no existen antecedentes para una operación de tal magnitud que tendría que reunir a los miles y miles de familiares de desaparecidos para saber si los restos encontrados pertenecen a sus parientes. Esta agresión a los jóvenes se asemeja, según revela José Manuel Vivanco, director de human RightsWarch para las Américas a los hechos acontecidos un dos de octubre en Tlatelolco.

Los calificativos que ha recibo internacionalmente este hecho van desde un “crimen de lesa humanidad”, figura que a como de lugar pretenden los del gobierno federal y particularmente los del gabinete de Peña Nieto eliminar por las repercusiones que pueden traer incluso sobre su estancia al frente de la titularidad del Ejecutivo Federal. Para el diario norteamericano The Wall Street Journal, es “la masacre más grande durante el mandato del presidente Peña Nieto, lo cual podría poner en peligro sus esfuerzos de anunciar un descenso en asesinatos relacionados con las drogas en un país que se han enturbiado por la violencia entre bandas durante años”. El Financial Times señala, que esta masacre proyecta una sombra sobre el historial de derechos humanos del gobierno de Enrique Peña Nieto. En caso de confirmarse, serían los peores asesinatos que tendrían lugar desde que asumió el cargo en diciembre del 2012 con la misión de reformar a México.

En ningún momento se ha hablado de llamar a psicoanalistas, a psiquiatras, a especialistas en la conducta humana, para tratar de descifrar que es lo que pasa por la mente de todos estos grupos de asesinos a quienes en lugares en donde también se ha desarrollado temiblemente el mercado de las drogas y otros, los califican de verdaderamente sanguinarios. Porque en el caso de Iguala, policías y delincuentes actuaron bajo una misma orden, orquestados, al unísono, sin enfrentamientos entre unos y otros. El objetivo lo tenían muy claro y lo ejecutaron. El clima para ellos marcaba una total impunidad, pudieron e hicieron lo que o les ordenaron o quisieron y para ello es clara la protección tanto del alcalde perredista como probablemente del mismo gobernador y la manta que expusieron habla por sí sola al amenazar con acciones agresivas si continúan negándose a liberar a los policías municipales detenidos.

Habría que dejar primero muy en claro si el alcalde José Luis Abarca Velázquez seguía instrucciones del grupo delictivo “guerreros unidos” –así, con minúscula-, o si él es el comandante en jefe de esa organización. Y es que no puede borrarse de su historial sus ligas con los Beltrán Leyva. Su cuñado, de nombre Alberto Pineda Villa –hermano de su esposa quien también es buscada-, era lugarteniente de Arturo Beltrán, el que fue muerto en Cuernavaca. Incluso se sabe que tanto Alberto como Mario fueron asesinados en septiembre del 2009 ante la presunción de ser quienes entregaron a Arturo Beltrán. El tercer cuñado involucrado y que trabaja directamente en los “guerreros unidos” es Salomón, de quien ahora se sabe que se encontraba indignado porque estos estudiantes estropearon el informe de labores que rendía su hermana y de ahí que surgiera la venganza.

Como ha sucedido con muchos alcaldes perredistas, José Luis Abarca paso de ser un vendedor de sombreros en un mercado local a joyero, dueño de plazas comerciales, patrocinador de la campaña de Aguirre Rivero y multimillonario. En el centro se ubica el asesinato de tres activistas de la Unidad Popular de Iguala, entre ellos Arturo Hernández Cardona, líder de la agrupación. Estuvo presente en esa ejecución Nicolás Mendoza Villa, quien declaró que fue el alcalde en persona quien dio muerte a Hernández Carmona. Por temores con bases más que suficientes sus dichos no los dijo frente a la autoridad sino con un Notario Público.

Las precisiones no permiten argumentos en exceso ya que el desinterés del gobierno estatal y federal para detener a este sujeto, al alcalde mafioso, está más que presente y visto, lo cual lleva a una omisión que ya ha sido materia de demanda para los encargados de las investigaciones: los procuradores. La irresponsabilidad de Ángel Aguirre tampoco admite defensa ya que si no se mantenía enterado de que sucede en la entidad que gobierna es porque no está hecho para esa posición y si lo está y como en ese caso no actúa, todavía es mucho peor porque la complicidad se agrega como elemento adicional.

Ahora se sabe que maniobraron con su intentona de buscar a los estudiantes casa por casa para así facilitar la huida del alcalde, de su esposa y del jefe de la policía. De ahí que la autoridad local permanezca en entredicho al igual que la federal que no logra avanzar por la cadena de complicidades que, o no puede o no quiere romper. Hubo un guerrerense en la procuración de justicia cuyas palabras vuelven a surgir: “los demonios andan sueltos” y no solo en la tierra que lo vio nacer sino en todo el país.

Ahí está el mejor ejemplo de esto con la permanencia de los grupos: guerreros unidos, los rojos, la familia, los caballeros templarios, entre muchos otros que no merecen ni siquiera que pueda su nombre escribirse con la inicial mayúscula.

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