(12 de octubre, 2015).- “El Bronco”, comienza su gubernatura con decisiones altamente cuestionables por parte de defensores de derechos humanos. Y es que Rodríguez Calderón, nombró a dos funcionarios con un sucio pasado en Nuevo León. Ambos fueron formados en las Fuerzas Armadas, y ambos tienen un historial de violaciones a derechos humanos.
Los designados; Cuauhtémoc Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública y el contralmirante Augusto de la Cruz Morales como director de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Antúnez Pérez, fue encargado de la Séptima Zona Militar durante 2008-2011. Durante su gestión, la violencia en Nuevo León se recrudeció; soldados consumaron dos homicidios en pleno campus del Tecnológico de Monterrey, un matrimonio fue asesinado en el municipio de Anáhuac, y tiempo después, militares haciendo tareas de policías, asesinaron a un joven en Las Brisas. Todos, víctimas de impunidad castrense, que, además de asesinarlos, les acusó de ser ‘delincuentes y sicarios’.
Por su parte, De la Cruz fue Secretario de Seguridad Pública municipal de Monterrey entre 2012-2014,“durante una época difícil para Nuevo León, donde tampoco la policía sobresalió por su respeto a los derechos humanos”.
En una entrevista realizada por Proceso, “El Bronco” expresó desconocer si a quien él mismo nombró como secretario de Seguridad Pública ha sido llamado a comparecer ante las autoridades por el caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey.
“Él no tuvo responsabilidad, era jefe. El estado estaba en crisis y era un momento difícil, complicado. Sucedió una desgracia (…) es como si yo, Jaime Rodríguez, me hago responsable de lo que hace el tesorero. Pues no; cada quien es responsable de lo que hace. Fue una situación muy difícil, donde perecieron los jóvenes de manera complicada y sentida para la población de Nuevo León y para la sociedad estudiantil.”
Por otra parte, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, consultado por Proceso señala; “Primero, el general Antúnez le debe una disculpa pública a los familiares de los estudiantes del Tec, porque el personal bajo su mando los acusó de ser delincuentes y sicarios, y todavía la imputación sigue vigente. Y es fecha que no se le ha dado cumplimiento a una recomendación (sobre ese caso) que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Además, advierte que es “preocupante que bajo el mandato del general hubo ejecuciones extrajudiciales muy graves y ahora regresa a tomar las riendas de Seguridad Pública de Nuevo León. Esto evidencia que habrá mano dura en seguridad y que los ciudadanos, cualquiera que sea su condición social, pueden ver de nuevo escenarios como los de los estudiantes muertos en el Tec de Monterrey, el de Anáhuac y otros casos que se han conocido en la región noreste de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas”.
Para el activista, la decisión de Rodríguez Calderón es impuesta por los altos mandos de la Sedena, lo cual de ser cierto, quebraría, por completo la idea de “El Bronco” como gobernador “independiente”.
Además la organización ‘Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León’ (Fundenl) pide que Antúnez Pérez aporte la información sobre los crímenes cometidos, sólo así podría tener congruencia el anuncio del nuevo gobernador de Nuevo León.
Según estas organizaciones en busca de los derechos humanos, en Nuevo León se han reportado al rededor de 10 mil desapariciones desde 2009, pero miles se quedan sin ser denunciadas por temor.
La organización Cadhac, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, también se une a la exigencia de destitución de estos funcionarios. A través de un comunicado refrenda su oposición sustentada en lo dictaminado por organizaciones Internacionales de derechos humanos:
“Apenas ayer, en el marco de su visita a México, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, hizo hincapié en que las fuerzas armadas deben dejar las funciones de seguridad pública. Tres de las cuatro recomendaciones que lanzó establecen la importancia de fortalecer el estado de derecho, enfatizando en una de ellas el que las fuerzas armadas no deben ser parte de la estrategia de seguridad(…) Además, el Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, todas éstas de Naciones Unidas, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a derechos humanos, y han exhortado al Estado a retirar a los militares de las funciones de seguridad pública”, sentencian.
