(04 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Representantes de más de 60 organizaciones aglutinadas en la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentaron ante los titulares de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, seis propuestas para modificar las prioridades del paquete presupuestal del año entrante y colocar a la desigualdad y a la pobreza, como el centro de la preocupación y de las decisiones nacionales.
Entre los señalamientos resalta la solicitud de reducir los privilegios (recursos) a los actores políticos; por ejemplo, a los partidos y a los mandos superiores de todas las entidades públicas y de gobierno, “para enviar un claro mensaje de solidaridad y de cohesión social”, así como destinar estas partidas presupuestales a programas de verdadero impacto social como la cobertura en la salud y el mejoramiento en la infraestructura de las escuelas.
La propuesta incluye erradicar pagos extraordinarios de cualquier índole a mandos superiores como: aguinaldos de más de 40 días, bonos extraordinarios, compensaciones por desempeño, fondos de gestión y otros pagos diferentes al salario y las prestaciones de ley.
Respecto a los partidos políticos, Acción Ciudadana propone que el financiamiento debe hacerse sin tomar como base el salario mínimo, sino el número total de votos válidos en la elección anterior lo que además -según su análisis- “genera incentivos a los partidos en su conjunto para convencer a los electores de ejercer su derecho y reducir el abstencionismo”, modificando así, “la tendencia incremental de los recursos”.
Las organizaciones critican que la iniciativa presupuestal enviada por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no ubique a la pobreza y a la desigualdad como su prioridad y como ejes rectores del ejercicio fiscal del año entrante, aún con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que demuestran que la pobreza creció en los últimos años y que de manera paralela, también disminuyó el ingreso de los mexicanos.
Preguntas incómodas…
Con el ánimo de “invitar a la reflexión”, en una parte del texto, las organizaciones formulan los siguientes cuestionamientos a los diputados:
1. ¿Están de acuerdo en trascender los esquemas clientelistas y el uso parcial, en ocasiones electoral, de los programas sociales?
2. ¿Están de acuerdo en contribuir a la mejora del ingreso de los trabajadores más pobres, no en el futuro incierto, sino desde ahora?
3. ¿Están de acuerdo en priorizar la inversión productiva, la infraestructura materia, social, en las zonas con mayor rezago, en lugar de pagar deuda adelantada?
4. ¿Están de acuerdo en reducir los privilegios de los actores políticos y como una señal de cohesión y solidaridad, destinar los recursos a programas con impacto social?
5. ¿Están de acuerdo en que la cobertura universal de salud sea una política real para erradicar esa carencia en los próximos 3 años?
6. ¿Están de acuerdo en concluir el ciclo de reformas frente a la corrupción y por la rendición de cuentas, indispensable para lograr resultados en cualquier acción de política pública?
Transparencia y combate a la corrupción
Con el objetivo de “trascender los enfoques clientelistas y el uso electoral de los programas sociales”, las organizaciones plantean la necesidad de generar información transparente sobre el destino de los recursos asignados a programas sociales, a través de un padrón único y nacional de beneficiarios y la aplicación de los recursos en un formato de datos abiertos.
Además, exigen a la Cámara de Diputados aprobar en lo inmediato la desindexación del salario mínimo y vigilar que hagan lo propio los Congresos locales, para que en diciembre, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, “no tenga excusas para iniciar el proceso de recuperación salarial y establezca que el salario mínimo para 2016 sea superior a la línea de pobreza fijada por el Coneval”.
También proponen garantizar el derecho universal de acceso a la salud, concluir las reformas en materia de corrupción, así como revisar la propuesta de la SHCP que mandata que las ganancias cambiarias del Banco de México se destinen, en su totalidad, al pago anticipado de deuda y por el contrario, se promueva la inversión productiva en las zonas de mayor rezago social.
Aunque en el documento que entregaron al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva y al de la Junta de Coordinación Política, César Camacho –quienes se comprometieron a hacerlo llegar al total de los grupos parlamentarios y a la Comisión Presupuesto- las organizaciones reconocen que estas medidas no resuelven ipso facto todos los problemas, subraya que sí pueden constituir un punto de inflexión en la manera en que se distribuyen y aplican los recursos en nuestro país.
Por el diálogo
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza informó que “la Mesa Directiva y el presidente de la Junta de Coordinación Política aprobaron establecer los canales de diálogo para revisar las propuestas una a una, sobre todo, las que tienen que ver con redacciones específicas que se puedan incluir en el presupuesto”.
Gómez resaltó que una de las virtudes de sus planteamientos, es que son propuestas de enfoque, de objetivos y casi no mueven recursos, más que los destinados a los privilegios de los políticos hacia la educación y salud; sin embargo, es consciente de que los políticos no harán los cambios que sugieren “por gusto, lo van a hacer porque la ciudadanía se los exige”.
“El eje que une todo es una combinación de entender que (en materia de) pobreza y desigualdad, tiene que haber medidas de política económica y por eso el tema de los salarios mínimos; medidas de política social, inversión en salud y educación y sobre todo, medidas que garanticen la rendición de cuentas y transparencia, para que los recursos lleguen a la población a la que están destinados”, subrayó el coordinador.
