(05 de Noviembre, 2015).- Organizaciones de la sociedad civil buscarán frenar el “papel preponderante” del Ejecutivo federal en la selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues consideran que afecta los contrapesos y la separación de poderes.
A través de una carta dirigida al Senado de la República, los representantes de organizaciones en derechos humanos y juristas advirtieron que la “selección de ministros se realiza sin la suficiente y necesaria transparencia y sin la crucial participación de la sociedad, lo cual resulta profundamente negativo para la independencia del máximo tribunal”.
Los inconformes piden una audiencia con el Senado sobre la elección de ministros de la SCJN, que renovará dos cargos el próximo 30 de noviembre.
Este espacio, que proponen sea el viernes 6 de noviembre dada la premura del tiempo, serviría para debatir los criterios de elección y considerar la posibilidad de incorporar mejores prácticas y estándares internacionales en este proceso, desde la conformación de la terna de los candidatos hasta el nombramiento de los ministros, siempre con el ánimo de proteger y fortalecer la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
En el documento se señala que el órgano judicial debe ser independiente e imparcial, pues es fundamental para la vida democrática del país.
“El Senado de la República tiene la oportunidad de equilibrar este proceso promoviendo debates públicos, respetuosos y fundamentados en criterios objetivos con actores que conocen el sistema judicial en México y que tienen mucho que aportar a las carencias señaladas en reiteradas ocasiones” refieren los organismos.
Artículo 19, la Comisión Mesoamericana de Juristas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, México Evalúa, la Red Todos los Derechos para Todos y el Grupo de Información en Reproducción Elegida son las organizaciones que firmaron la carta.
De acuerdo con los demandantes, no se califica la trayectoria ética y democrática de los candidatos y el conocimiento sobre derecho internacional.
